Hablo, luego me atengo a las consecuencias

La orden del gobernador fue detener. De esa forma decrecería la inseguridad. Pero el aluvión de presos colapsó la cárcel y saturó las comisarías. Ahora, las fugas se reiteran. Por Juan Manuel Montero - Editor de Policiales.

“Nada puede ir bien en un sistema político en el que las palabras contradicen los hechos”.

Napoleón Bonaparte

N o pasó mucho tiempo desde que el gobernador José Alperovich dijo una frase (de las tantas que dice) que marcó la política de seguridad que él pretendía. “Quiero tolerancia cero; porque si a los delincuentes que tenemos detectados los tenemos cuatro años en la cárcel, mejoraremos en un 70% la seguridad”, afirmó en abril de 2007. El primer mandatario incluso aseguró en ese momento que la Policía tenía identificados a 400 delincuentes que debían ser encarcelados para que la situación en materia delictiva cambiara. Así como ya le pasó otras veces, Alperovich quedó preso de sus propias palabras. Hoy, efectivamente, hay más presos que cuando él dijo esa frase. El problema es que no hay dónde alojarlos: la cárcel está saturada, por lo que los detenidos permanecen durante meses en las comisarías... y se fugan.

Increíble, pero cierto. Tanto la Policía como la Dirección de Institutos Penales dependen de un mismo jefe, el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, pero la colaboración entre ambas dependencias es nula. El caso de Sergio Tripoloni, acusado de haber matado a un hombre durante un incidente gremial en Vialidad Provincial en setiembre del año pasado, que escapó el miércoles de la comisaría de Tafí Viejo, es paradigmático. Desde agosto, cuando el acusado fue arrestado tras haber estado un año prófugo, hubo 15 comunicaciones entre la Policía y las autoridades del penal para pedir que el imputado sea directamente alojado en la cárcel, ya que se había dictado prisión preventiva en su contra. Las 15 veces, la respuesta fue la misma: no hay cupo.

Tripoloni no es un imputado común. Se lo acusa de homicidio. Además, según la Policía tiene antecedentes por robos agravados. Un hombre como este, que se burló de la Justicia durante casi un año, hasta que lo capturaron, volvió a reírse de las instituciones saltando una tapia. No golpeó a nadie, no fue a buscarlo un grupo comando, no rompió el candado de la celda, no limó los barrotes. Nada de eso. Pidió permiso para ir al baño y, escalando un asador, huyó.

En Tucumán cambiar leyes se ha vuelto moneda corriente. La reforma del Código Procesal Penal les otorgó a los policías más facultades para detener, y a la Justicia más amplitud para dictar prisiones preventivas para delitos que antes eran excarcelables, pero todo tiene su consecuencia.

Hasta ayer había 221 personas detenidas en comisarías, 180 de ellas por causas penales (el resto son contraventores). En las cárceles (Villa Urquiza, Banda del Río Salí y Concepción) hay lugar para condenados (que tienen su propio pabellón), pero no para procesados. Y los números son elocuentes. Se dictan hasta 25 prisiones preventivas por cada condena. Para colmo, el estado edilicio de gran parte de las comisarías es deplorable. Así se entiende cómo los presos son capaces de arrancar barrotes, hacer agujeros en las paredes e incluso forzar candados con un palo de escoba.

En Villa Urquiza hay sectores que no pueden ser traspasados. Está el destinado a menores de entre 18 a 21 años, el de los ex miembros de la fuerza de seguridad o abogados, el de los acusados de abusos sexuales, el de los enfermos de sida y los de mala conducta. No se los puede juntar. Entonces, los espacios disponibles son cada vez menos. El pabellón de máxima seguridad (que puede albergar a 200 hombres) es únicamente para presos considerados peligrosos.

En lo que va del año se registraron 19 fugas de comisarías. Ya a esta altura parece algo normal. No se escuchó al ministro de Seguridad Ciudadana dar demasiadas explicaciones al respecto.

¿Se manejan soluciones? Sí: la tan demorada construcción de una alcaidía procesal, donde los detenidos permanecerían hasta que se dicte prisión preventiva o hasta que la Justicia decida liberarlos. Pero, por ahora (y frente a la crisis mundial, peor aún) es sólo un proyecto. Mientras tanto, todo seguirá como hasta ahora. La Policía, con órdenes estrictas de detener y detener; la Justicia, requiriendo más prisiones preventivas que dictando condenas, y los contraventores -muchas veces presos por desórdenes mínimos-, alojados en las comisarías junto a violadores, asaltantes o asesinos. Y con el agravante de que cualquiera, además, puede huir saltando una tapia, burlándose de aquella máxima que indicaba que cuantos más presos hubiera, mayor sería la seguridad. El Gobierno no está pudiendo garantizar esto ni adentro de las comisarías.

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