Los días pasan y, lejos de calmarse, el aluvión de planteos administrativos y judiciales en contra del fiscal de Instrucción Penal de la II Nominación, Carlos Albaca, se profundiza. Esta vez, el radicalismo denunció que la comisión de Juicio Político actuó de manera funcional a los intereses del investigador, que durante siete años tuvo a su cargo las pesquisas por el homicidio de la joven Paulina Lebbos.

Puntualmente, la Unión Cívica Radical (UCR) denunció que el archivo -en diciembre- de su pedido de juicio político en contra de Albaca puede implicar una maniobra tendiente a garantizar la impunidad del funcionario. Por esa razón, legisladores de ese partido requirieron a la comisión que preside el alperovichista Sisto Terán que subsane su error y reabra el expediente.

Basaron su planteo en el principio jurídico conocido como nos bis in idem, que prohíbe la persecución penal a un individuo por un mismo hecho y por la misma causa. El viernes, los legisladores Federico Romano Norri, Roberto Sánchez, Ariel García y Fernando Valdez, acompañados por el diputado José Cano, presentaron un escrito en Mesa de Entradas de la Cámara, en el que advirtieron que la apertura de nuevos procesos destituyentes en contra de Albaca, “por los mismos hechos en que se fundamentan actuaciones ya existentes, y erróneamente archivadas, brindan al denunciado fundamentos litigiosos con entidad suficiente para la promoción de acciones judiciales”. “Advertimos con suma preocupación la coordinación de voluntades y actuaciones institucionales que opacan las funciones de la comisión de Juicio Político, en tanto, solamente podemos colegir la intencionalidad de archivar, frustrar o nulidificar los diversos procesos de remoción articulados en contra de un funcionario, cuya permanencia en el cargo constituye una deshonra a la magistratura, una afrenta a la administración de justicia y una burla desvergonzada a la sociedad tucumana”, reza la presentación.

Según los radicales, la comisión de Juicio Político debió solicitar informes a la Anses sobre el trámite jubilatorio de Albaca antes de rechazar su planteo. También, el comité debería haber reconsiderado su decisión una vez que la Corte Suprema de Justicia ratificó que este no estaba en condiciones de jubilarse. “Advertimos que los procedimientos abiertos actualmente constituyen un yerro administrativo inédito y sin precedentes, en tanto se ha dispuesto la apertura de un nuevo proceso de enjuiciamiento que mantiene identidad de objeto, sujeto; constituyendo un presupuesto de persecución múltiple o duplicidad de persecución, que no puede ser desconocido por lo menos por el presidente de esta comisión (Terán) y que condena a la nulidad absoluta e insanable a todo eventual proceso de destitución del fiscal Albaca”, consignaron en la presentación.

Los referentes radicales hicieron alusión de esa manera al nuevo pedido de juicio político presentado por el PRO.

En sede penal

Ayer, en tanto, en los tribunales penales ingresó una denuncia en contra del fiscal Albaca y del ministro fiscal de la Corte, Luis Augusto De Mitri.

El abogado Oscar López pidió a la Corte Suprema de Justicia que abra una investigación penal por presunto “ejercicio subversivo de sus competencias, para garantizar delictivamente impunidad de los funcionarios, sometiendo a gran parte de la Justicia penal al Poder Ejecutivo”.

El peronista disidente pide en su escrito que se audite la labor del fiscal en la causa Lebbos, pero también su actuación en otras. Menciona, por ejemplo, una denuncia por “estafa y defraudación consumada contra el Ministerio de Educación de la provincia”, en la que aparece la ex subtesorera de la Dirección de Administración Claudia Viviana Manzur y otros funcionarios. López precisó que en esa área se habrían librado cientos de cheques por unos $ 4 millones de manera irregular, pero dos causas iniciadas ya fueron archivadas por el fiscal Albaca.

También, López se refiere al archivo de una causa por presunto “genocidio infantil, abandono de persona e incumplimiento a los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público” con las actas de nacimento de bebés en el Ministerio de Salud. Finalmente, el abogado requirió la reapertura de las causa penales por él mencionadas en su denuncia. aunque en manos de otros fiscales de instrucción.

El inicio.- Paulina Lebbos fue hallada muerta en marzo de 2006, junto a la vera de una ruta de Tapia, tras haber permanecido desaparecida durante varios días.

Cambio de fiscal.- Carlos Albaca fue el segundo fiscal del caso (el primero, Alejandro Noguera, se apartó de la pesquisa luego de que lo fotografiaran ingresando a la casa del gobernador, José Alperovich). Albaca entregó los expedientes el año pasado, en medio de críticas por su labor, ya que no pudo determinar las circunstancias en que falleció Paulina ni a los responsables.

El sumario.- Por orden de la Corte Suprema de Justicia, la fiscala de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira actuó como instructora del sumario administrativo contra Albaca. “El fiscal Carlos Albaca incurrió en mal desempeño y produjo un menoscabo intolerable para la administración de justicia”, concluyó la fiscala. Albaca, en su descargo, puso en duda que Paulina haya sido asesinada. “No puede ponerse en duda la tarea que realicé; en mi actuación observé siempre las obligaciones propias de mi función (...); no incurrí en morosidad alguna en el trámite del expediente (...) y si no se aclararon las circunstancias en que Paulina Lebbos perdió la vida fue por razones ajenas a mi persona”, expresó en su defensa Albaca. Luego, el ministro fiscal Luis De Mitri efectuó un dictamen para la Corte Suprema. “El fiscal nunca tuvo el debido control del proceso, ya que, como director de este, disponía de todos los elementos para hacerlo y no procedió en consecuencia (...) Albaca no efectuó un mínimo análisis del caso“, dijo. El proceso, contuvo un polémico descargo del fiscal, derivó en la acordada N° 412/2014.

La corte.- Por el voto mayoritario de los vocales Antonio Gandur, Antonio Estofán y René Goane se resolvió pedir a un juez de Instrucción que investigue al fiscal por presunto mal desempeño y enviar copias del sumario administrativo a la comisión de Juicio Político de la Cámara, donde se tramita un proceso de remoción por un planteo del PRO; entre otras diligencias.