Ya se había objetado la amplia regulación del ente de contralor

Planteos por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El reciente pronunciamiento de la Corte provincial es el segundo en el que se marca la amplitud de la regulación que la Constitución reformada en 2006 dispensó al Tribunal de Cuentas.
En tres causas, el alto tribunal acaba de declarar nulo e inconstitucional el tramo del artículo 80 de la Carta Magna, que establecía que la Corte iba a tener competencia exclusiva y originaria para revisar judicialmente los actos administrativos en los cuales hubiera tenido intervención el Tribunal de Cuentas (Ver "La aclaratoria...").

El argumento de los magistrados fue que la Ley 7.469, que habilitó la reforma, no había habilitado a la Convención Constituyente a que cambiara el estratégico ámbito de competencia de la Corte. Los cinco vocales también agregaron que si se dejaba en pie lo fijado por la última parte del artículo 80 se corría el riesgo de generar un "infundado desequilibrio" -a favor del Tribunal de Cuentas y en desmedro de otros órganos-, en la medida en que se hubiera abierto "la competencia universal de la Corte para todos los actos administrativos" en los que haya intervenido el ente de control. Por eso, respecto de estos últimos, se dispuso que entenderá la Cámara en lo Contencioso Administrativo y, eventualmente, la Corte, pero por vía de apelación: no en forma originaria.

Otro llamado de atención

En la causa promovida por el Colegio de Abogados contra disposiciones de la Constitución de 2006, los vocales de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, ya habían advertido sobre el "notable contraste entre la plenitud -y el grado de protección, incluso- con que se organizó la integración", entre otros, del Tribunal de Cuentas, frente "a la absoluta vaciedad en que se dejó al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM)" en la Carta Magna.

La referencia de los camaristas se debió a que la Constitución ha dedicado un íntegro capítulo al Tribunal de Cuentas, mientras que los convencionales no fijaron qué estamentos iban a integrar el CAM ni en qué proporción, elementos clave que dejaban librados a la determinación discrecional del Poder Ejecutivo. No obstante, después de la sentencia que bloqueó la posibilidad de que el gobernador gozará de tan amplia atribución en materia de selección de jueces, la Legislatura conformó por ley el CAM.

Novillo y Giovanniello argumentaron que "la vaciedad" con la que había sido incorporado el CAM a la Constitución llamaba la atención porque, por el contrario, "la reforma constitucional fue sumamente detallista en la organización del Tribunal de Cuentas".

"Apenas remitió a una ley la regulación del trámite secundario que deberá seguir la observación que emane de contadores fiscales delegados", alertaron los camaristas en el pronunciamiento del 5 de febrero de 2008.

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