Guiño opositor para no complicar más al Gobierno

Por: Rubén Rabanal

Hay momentos en que la piedad de la oposición frente a los problemas del oficialismo debe traer, más que esperanza de paz política, preocupación sobre la gravedad de los temas en cuestión. Es, sin duda, el caso de algunas decisiones que tomaron ayer el radicalismo y la Coalición Cívica y que permanecieron ocultas tras el fragor de la negociación entre oficialismo y oposición para armar el diálogo que lanzó el Gobierno como artilugio de último momento.

Si bien las urgencias de corto plazo del Gobierno en el Congreso son menos dramáticas que lo esbozado hasta ahora, es cierto que entre agosto y diciembre el resultado de la agenda de leyes a tratar puede marcar el sentido futuro del mandato de Cristina de Kirchner.

Ayer el radicalismo y la Coalición Cívica dejaron en claro que no entorpecerán la votación, en agosto, de la renovación de todo el paquete de facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, que vencen el 24 de ese mes y que conforman muchas de las funciones básicas que ejerce el Gobierno. ¿Significa esto que los dos partidos que consiguieron la mayor cantidad de diputados en la última elección cedieron ante la presión del Gobierno para retener esas normas que, entre otros temas, le permitirán continuar fijando el nivel de las retenciones a las exportaciones de granos? Todo lo contrario: lo hacen porque consideran que la debilidad política del kirchnerismo no deja lugar hoy a revoluciones de ese tipo en el Congreso.

En realidad, más allá del error del oficialismo de «olvidar» en medio de su crisis política el vencimiento que se venía, la caducidad de esas normas produce efectos para adelante. Pero, la prórroga votada en 2006 ratificó que «las normas dictadas por el Poder Ejecutivo nacional en ejercicio de sus facultades propias de reglamentación derivadas de lo dispuesto en el artículo 99 inciso 2 de la Constitución nacional, no se encuentran alcanzadas por las disposiciones de la presente ley». Es decir, de no renovarse la delegación de poderes se limitaría al Ejecutivo hacia adelante, pero no en las retenciones, que hoy se encuentran vigentes. Para modificarlas, haría falta que el Congreso votara otra ley, como la que la oposición pretende sin éxito desde hace meses, con la que podría avanzar recién después del 10 de diciembre cuando la oposición sea mayoría en Diputados.

Desde el kirchnerismo, obviamente, la aceptación opositora a sesionar en agosto para debatir el tema se explicó de otra forma. Ayer, Agustín Rossi hizo su primera visita a Aníbal Fernández como jefe de Gabinete, junto a Eduardo Fellner. Acordaron los primeros pasos a dar en el Congreso en agosto y dentro del esquema estuvo la renovación de la delegación legislativa.

Tras el encuentro, el oficialismo proclamó que eso no sería un problema: «tenemos el número», confiaban en el bloque kirchnerista para votar la renovación.

Lo afirmaron cuando desde la Coalición Cívica ya se había dado la señal que no soplaría el viento triunfalista del Acuerdo Cívico y Social sobre la Casa Rosada en ese tema.

El encargado de explicarlo fue Adrián Pérez, mano derecha de Elisa Carrió en el Congreso: cuando se debata la delegación de facultades legislativas que vencen el 24 de agosto, la Coalición Cívica propondrá ratificar por 6 meses esas normas con excepción del Código Aduanero, dijo. Es decir, apartar de esa votación el poder del Gobierno para fijar retenciones. Para el kirchnerismo con eso bastó: aunque la oposición proponga modificaciones, con ayuda para formar el quórum, al Gobierno le alcanzará para sacarse el peso de encima. Aunque hubo ayer otra capitulación velada en el kirchnerismo: en Diputados se reconoció que, en octubre, junto al Presupuesto 2010 se debatirán las retenciones, tal como pide la oposición. Casi un trueque perfecto para no complicar la gobernabilidad.

Esos poderes que deben debatirse en agosto van desde la facultad para recaudar los impuestos hasta fijar aranceles aduaneros y cobrarlos, entre otros cientos. Recopilar, actualizar y derogar muchas de esas normas, genéricamente conocidas como delegación legislativa fue una tarea que Raúl Alfonsín consiguió incluir en la Constitución de 1994 y que nunca se terminó. De allí que ante la caducidad que introdujo la reforma, el paquete de leyes se vaya prorrogando desde entonces. Imposible pensar que el Congreso se erija en ente recaudador, pero el terror a caer en una crisis de ese tipo en medio de la actual situación hasta llegó a activar una piedad opositora no vista hasta ahora.

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