Guerra entre jueces y políticos en Mendoza

Guerra entre jueces y políticos en Mendoza
Como en las gestiones radicales, cuando el Poder Ejecutivo y el Judicial vivieron en constante batallar, el gobierno de Jaque parece ir por el mismo lado.
El gran problema institucional de la Argentina consiste en la tendencia -ya de hecho estructural- a la acumulación del poder político cada vez en menos manos, habiendo llegado al máximo en estos años donde la centralización de las decisiones ya ni siquiera la ejerce el partido gobernante, sino sólo el matrimonio presidencial.

Se trata de la traslación al poder nacional del caudillismo de las provincias pequeñas, cosa que anticipó Menem y que Kirchner perfeccionó hasta la sofisticación. Tanto lo perfeccionó que si no se lo desmonta explícitamente, los futuros presidentes -aunque se encuentren en los antípodas de los K- tenderán naturalmente a usarlo para sí, en vez de cambiarlo.

¿Caudillos sí o no? Mendoza sigue resistiendo a través de sus instituciones y a través de sus mejores representantes políticos y culturales ese hegemonismo nacional, aunque es difícil que funcione ese estilo en un país que adoptó uno opuesto.

Por eso, de vez en vez la tentación caudillesca se "infiltra" en la provincia. Lo hizo en las elecciones presidenciales de 2003 cuando el modelo puntano de los Rodríguez Saá se impuso en el voto popular, y lo sigue haciendo ahora cuando se alaban los logros del sanjuanino Gioja frente al quietismo local.

Incluso algunos políticos teorizan (por ahora sin divulgarlo mucho) la idea de que esta provincia no se mueve más y mejor porque le falta un caudillo, falencia de la que hasta ahora la mejor Mendoza siempre se autopreció.

Las cosas hay que interpretarlas en su justo medio: es cierto que las instituciones mendocinas deben ser actualizadas y por ahora demostramos escasa capacidad en hallar los consensos necesarios a fin de hacerlo, por lo cual las mismas se van quedando atrás. Pero también es cierto que la forma de renovarlas es fortaleciendo su institucionalidad y no los personalismos. Tarea difícil porque debemos luchar a la vez contra las tendencias nacionales y contra nuestras propias fallas internas.

El mal local. Así como a nivel nacional el poder se concentra y acumula en la cabeza del Ejecutivo, en Mendoza en vez de centralizarse se disgrega, lo cual es un defecto tan malo como el primero, porque conduce a un resultado similar: al conflicto de poderes, que mientras a nivel nacional se produce por no respetar su división, en Mendoza acontece por no construir los consensos que hagan marchar a los tres poderes para el mismo lado. Lo que allá peca por exceso, acá peca por defecto.

Jaque imita a Cobos. Tal introito es para introducirnos al actual debate entre el Ejecutivo y el Judicial tanto en la cuestión seguridad como en la de la reforma de la Justicia, donde cada poder ataca los defectos del otro, sin mirarse a su propio ombligo y sin intentar demasiadas conciliaciones entre ambos.

El justicialismo mendocino, que desde su asunción intentó borrar con el codo todo lo que el gobierno de Julio Cobos escribió con la mano, buscó cerrar el conflicto entre poderes motivado por la pretensión de algunos jueces en querer cobrar sueldos indexados cuando en el país no se indexaba ningún salario.

Si bien ese conflicto fue definido mediante un plebiscito lapidario donde la población se expidió contra la excesiva e injusta pretensión de los jueces, lo cierto es que apelar al recurso del voto dejó claras heridas entre ambos poderes que sólo se podrían superar mediante actitudes de acercamiento político.

Que eso es lo que precisamente buscó Celso Jaque en sus inicios. Pero luego, la escalada de la inseguridad llevó al Ejecutivo a volver al conflicto con el Poder Judicial, para así achacarle a éste gran parte de las responsabilidades en la irresolución de la grave cuestión, ya sea porque el procurador no hacía las cosas bien o porque los jueces interpretaban las leyes mal...

El PJ quiere reformar al PJ. Así, entonces, la pelea entre poderes retornó y ahora parece alcanzar un nuevo pico mediante el envío del Ejecutivo a la Legislatura de tres proyectos de ley que buscan controlar el funcionamiento de la justicia, promoviendo concursos periódicos o postulando castigos a los jueces o juzgados que no cumplan adecuadamente su función.

Algunas de esas propuestas son razonables pero acá es cuando se vuelve necesario la construcción del consenso. Es que en ambos poderes existen dos sectores claramente divididos en sus objetivos: halcones y palomas. De quien triunfe dependerá si la reforma conduce a la mejora institucional o a la guerra entre poderes.

Halcones y palomas políticas. Los halcones del Ejecutivo son los que quieren proseguir con nuevos métodos el enfrentamiento con el Poder Judicial que le dio rédito político a los gobiernos radicales. O sea, el lanzar esta reforma judicial en pleno tiempo pre-electoral es para los halcones jaquistas un aporte a la campaña oficialista en la suposición de que castigar el mal desempeño judicial será bien visto por los votantes, además de hallar un chivo expiatorio frente a la crisis en seguridad.

Las palomas del Ejecutivo, en cambio, creen en los valores intrínsecos de la reforma, particularmente en los concursos periódicos que serían un buen aporte, ya que el jury con que hoy se acusa y condena a los malos jueces sólo se aplica en casos excepcionales, mientras que los concursos más que emprenderla contra los malos jueces lo haría contra los mediocres, que quizá proliferen en mayor cuantía que los primeros.

Halcones y palomas jurídicas. Por el lado del Poder Judicial se mueven fuerzas parecidas: los halcones son los que con una actitud bien corporativa creen que estas reformas son lisa y llanamente una intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial y pretenden rechazarlas en bloque. Indicando así que nunca aceptarán ninguna reforma -buena o mala- salvo las que ellos decidan por sí mismos.

Sin embargo, no son pocos los jueces que no piensan igual, aunque difícilmente se mostrarán públicamente, antes de las elecciones de junio. Es que las "palomas" judiciales están indignadas con Jaque por la oportunidad de enviar la reforma ya que creen -todos- que lo hace ahora para sumar votos enfrentando otra vez a la población con el Poder Judicial, como -por buenas o malas razones- hicieron los gobiernos radicales.

No obstante, si el tema se debate luego de los comicios, las palomas judiciales aceptarían los exámenes por desempeño mediante la evaluación sobre la base de un conjunto de casos resueltos o tratados por el juez cada cinco años. Aunque no avalarían los exámenes de competencia porque -dicen- ni siquiera funcionan bien en los actuales exámenes de ingreso a la carrera judicial, donde un joven recién recibido puede resultar mejor parado que un juez experimentado.

También acordarían limitar el incremento jubilatorio a la edad de 60 o 65 años, pero no aceptarían el castigo de suspender la feria judicial a los tribunales que funcionen mal porque sería trasladar el castigo de los jueces a los empleados.

¿Y el Legislativo donde está? En fin, las posibilidades del debate están abiertas si nuestra clase política es lo suficientemente inteligente en construir los puntos de encuentro entre las palomas de ambos poderes, neutralizando los ataques de los halcones.

Y para eso es clave el papel del tercer poder: el Legislativo, en el cual, frente a la crisis de los liderazgos políticos, se expresan -mal o bien- las pluralidades partidarias, quienes esta vez (en vez de repetir el remanido rol de oficialistas y opositores) podrían hacer valer su papel de Poder independiente y conminar al Ejecutivo y al Judicial a que encuentren las coincidencias en lo referente a la reforma. Desmontando así -además- una probable guerra institucional que se puede trasladar a todos los frentes.

Es que sólo haciendo funcionar a pleno la división de poderes, Mendoza podrá demostrarle al país que es mejor que el conflicto sea superado vía el consenso y no vía la concentración hegemónica del poder.

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