En pie de guerra contra los impuestos

En pie de guerra contra los impuestos
El proyecto que mañana será tratado en el Senado establece, entre otros puntos, que el Inmobiliario Rural pasará de 20 a 26 pesos por hectárea por año. "Las cifras no muestran para nada un impuestazo", señaló el ministro de Economía, Alejandro Arlía.
La mesa agropecuaria bonaerense –un émulo provincial de la Mesa de Enlace– volverá hoy a la protesta con una marcha y tractorazo hacia La Plata, en repudio de la reforma tributaria impulsada por el gobernador Daniel Scioli. La iniciativa, que será tratada mañana en el Senado bonaerense, contempla un cambio en el Impuesto al Inmobiliario Rural y la creación de un nuevo tributo para las terminales portuarias, además de un Impuesto a la Herencia, entre otras iniciativas. "La reforma impositiva busca ordenar y corregir inequidades y estoy dispuesto a asumir los costos personales que tenga que asumir", desafió Scioli a los detractores rurales, que llamaron a la protesta con el argumento de que el incremento impositivo representa "una retención encubierta". Sin embargo, el ministro de Economía bonaerense, Alejandro Arlía, afirmó a Página/12 que el 25 por ciento del total de hectáreas de la provincia –que son las que fueron afectadas por la sequía– quedarán exentas de la nueva alícuota para el Inmobiliario Rural. "Los que más pagarán serán los productores de las zonas ricas, como Pergamino, Salto y Rojas, es decir el núcleo sojero de la provincia", señaló Arlía a este diario.

En la provincia de Buenos Aires hay 26 millones de hectáreas productivas. La recaudación por el Impuesto al Inmobiliario Rural es en la actualidad de 536 millones de pesos. Cada hectárea está pagando, en promedio, 20 pesos por año. La revaluación que se quiere aplicar fue aprobada por la gestión de Felipe Solá, ex gobernador de la provincia, que decidió no llevarla adelante para ahorrarse el conflicto político con el sector. De aprobarse el nuevo régimen impositivo, la provincia recaudaría por este tributo 6 pesos más por hectárea por año. Esto se traduce en un incremento de 150 millones de pesos anuales.

"Las cifras no muestran para nada un impuestazo. No aceptamos esa definición. Lo que estamos proponiendo es un equilibrio entre los que pueden pagar y aquellos que no", aseveró Arlía en diálogo con Página/12.

Ayer se reunió la mesa agropecuaria bonaerense, integrada por las mismas entidades que conforman la Mesa de Enlace. El encuentro fue en una de las sedes de la Sociedad Rural. La reunión sirvió para definir la marcha y el tractorazo de hoy hacia la plaza ubicada frente al Senado bonaerense y una posterior movilización hacia la Casa de Gobierno. Toda esta movida fue organizada por la Federación Agraria, que hoy tendrá a Eduardo Bu-zzi a la cabeza de la protesta. "De permitir el avance del paquete impositivo de Scioli, sería la estocada mortal para miles y miles de productores", señaló Guillermo Giannasi, director de la Federación Agraria.

Lo que omiten los ruralistas es que de las 26 millones de hectáreas productivas de la provincia, siete millones quedarán exentas del pago del Impuesto al Inmobiliario rural. Actualmente, los productores que tienen explotaciones valuadas en 10.000 dólares por hectárea pagan tan sólo 4,16 pesos por mes, por hectárea. Es decir, 50 pesos al año. "La provincia de Buenos Aires concentra el 40 por ciento de la pobreza del país. ¿A quién le vamos a cobrar si no es a los que más tienen?", graficó Arlía a este diario.

El otro punto de conflicto tiene que ver con el impuesto a los puertos. El proyecto de ley contempla un cargo de 6 pesos por tonelada de exportación y 18 pesos por tonelada de importación. Este nuevo tributo será para invertir en infraestructura portuaria. Según Scioli, hay 20 puertos de los cuales 13 son privados, que también reciben inversiones en infraestructura por parte de la administración provincial.

Uno de los motivos de Scioli para impulsar esta reforma tributaria tiene que ver con el fuerte déficit provincial, que en el primer semestre fue de 2708 millones de pesos y hacia fin de año podría llegar a los 5500 millones. Es decir, tiene una fuerte necesidad de recaudación. "Son retenciones encubiertas", indicó Pedro Apaolaza, titular de Carbap, para justificar la protesta. Las entidades rurales tienen una fuerte necesidad de oponerse a cualquier política que afecte su statu quo.

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