El guardián de las reservas

Por: Martin Redrado.

Como cualquier funcionario, en un Estado de Derecho el presidente del Banco Central no puede hacer lo que quiere, sino lo que debe, dado que un exhaustivo cuerpo normativo delimita sus facultades y sus deberes.

Además, si bien no es elegido por el voto popular, recibe un mandato de la ciudadanía a través de sus representantes, los miembros del Congreso, al que debe ajustar sus decisiones. En consecuencia, por las atribuciones que le reserva la carta orgánica, no está expuesto al dilema de "obedecer" o "rebelarse" ante instrucciones del Ejecutivo. Simplemente, no las puede recibir.

Uno de los deberes esenciales del Banco Central es proteger las reservas internacionales, que no son un ahorro convencional, sino que sirven como garantía de estabilidad monetaria, cambiaria y financiera. El presidente de la institución debe ser el "guardián de las reservas".

Este mandato cobra importancia crítica en un país con la historia de inestabilidad que caracterizó a la Argentina en los 40 años previos a 2003, donde la sucesión de procesos de inflación y devaluación culminó repetidamente en crisis financieras que atentaron contra el crecimiento y los ahorros de los argentinos.

Así, la política de acumulación y custodia de las reservas que siguió la institución en los últimos años, a pesar de iniciativas políticas que pretendían distraerlas hacia fines de corto plazo, fue lo que permitió absorber los efectos de la mayor crisis internacional de los últimos 80 años y preservar nuestros ahorros y el poder adquisitivo de los salarios, sin abruptos movimientos cambiarios ni el cierre de ningún banco, a diferencia de lo ocurrido en otros países.

Ese mandato no es pétreo: puede ser cambiado si la comunidad, a través de sus legisladores, decidiera asignar las reservas a otros fines -el pago de la deuda pública o el combate de la deuda social-. Por eso, desde el momento en que ingresó en el Banco el decreto sobre el Fondo del Bicentenario, se siguieron los procedimientos vigentes para su tratamiento. En los informes de los cuerpos profesionales de la entidad se señala que la intervención y aval de ese decreto por parte del Congreso es condición insoslayable para su puesta en marcha, posición resaltada por la Justicia en primera y segunda instancia. Valorar la necesidad de intervención del Congreso en el tratamiento del Fondo del Bicentenario no es la desobediencia de un cuerpo de tecnócratas a la autoridad presidencial, sino una muestra de respeto a la división de poderes.

En estos días también hemos destacado que la independencia de criterio del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo responde a simples principios básicos de sana administración pública, a saber:

* "Control por oposición" del financiamiento del gasto: la emisión de moneda no puede estar en manos de quien ejecuta el gasto (el Ejecutivo), para que nadie caiga en la "ilusión" de pensar que tiene "la máquina de la felicidad" y puede crear riqueza mediante la impresión de dinero.

* "Coherencia temporal": como los efectos nocivos de la emisión monetaria "descontrolada" aparecen entre 4 y 8 trimestres más tarde, el gobernante -tal vez, con fines electorales- podría tentarse de aumentar el gasto y financiarlo con emisión en una magnitud superior a la prudencial, legando a su sucesor problemas inflacionarios.

Esto no es confundir autonomía con autismo. Me habrán escuchado hablar sobre la necesidad de la coordinación de la política monetaria, financiera y cambiaria con el resto de los brazos de la política macroeconómica, como condición necesaria para la estabilidad. Pero tampoco debe confundirse coordinación con subordinación. La política fiscal no puede recorrer un sendero autónomo y requerir que el resto de las variables -tipo de cambio o inflación- se adapten pasivamente a las necesidades de financiamiento.

Sería de mi parte una irresponsabilidad aceptar presiones que dejen el camino libre a quienes quieren manejar las reservas de todos los argentinos sin seguir los pasos que marca la ley para la remoción de los directores del BCRA. Sería delegar mis deberes en quienes exhiben una actitud temible, que proponen medidas que podrían dejar al país expuesto ante los "fondos buitre".

Por todo esto, mantengo mi decisión de seguir desempeñando mis deberes de funcionario hasta que el Congreso disponga lo contrario, para ser leal al interés general, a la misión que me impone la ley y a mis convicciones.

Comentá la nota