En medio de la polémica que se generó por el convenio firmado por el Estado nacional y Correo Argentino S.A., la empresa perteneciente al Grupo Macri pidió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que rechace el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquín, a quien acusó de querer "confundir a la opinión pública politizando" el tema; y también apuntó contra el ex presidente Néstor Kirchner al señalar que dispuso "la peor estatización realizada por el Estado nacional".

En el escrito, de diez páginas, al que tuvo acceso Clarín, el presidente de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, defiende la propuesta realizada por la empresa y señala un "llamativo y espurio manejo de las cifras" hecho por la fiscal.

Asegura que la compañía "sobrecumplió sus obligaciones de inversión", refiere un desembolso de 400 millones de dólares en ese concepto, y lo contrasta con el accionar del Estado nacional, que "jamás cumplió con las prerrogativas otorgadas" y "quebró las bases económicas en las que se asentaba el negocio".

En esa línea, advierte que las causas que ocasionaron la cesación de pagos "no obedecían a razones imputables a la empresa", sino que "el único causante de su impotencia patrimonial fue el propio Estado nacional y sus sucesivos incumplimientos a las obligaciones y compromisos a su cargo".

En la presentación, además, asegura que sufrió "embates jurídicos y sobre todo políticos de la anterior administración" y recuerda que, "cuando asumió la Presidencia Néstor Kirchner, sin que su administración haya resuelto los planteos interpuestos por Correo Argentino S.A." en función del presunto incumplimiento del Estado, "decidió por decreto rescindir el contrato de concesión y apropiarse de todos los bienes y activos" de la empresa, "sin pagar un solo centavo".

"Fue una verdadera confiscación que se encuentra totalmente proscripta en el derecho argentino", remarca el escrito. Y señala que "fue la peor estatización realizada por el Estado nacional (ya que) despoja a la concesionaria de todos sus activos y le deja todos los pasivos, sin reconocer importe alguno en concepto de pago por los bienes apropiados y las inversiones realizadas".

En ese sentido, la empresa de los Macri resalta que la administración anterior ejerció una particular persecución sobre la compañía ya que adoptó "otros procedimientos, por ejemplo con YPF, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas".

Asimismo, advierte que el Estado nacional "se convirtió así en el principal beneficiado de la prolongación de la situación concursal" ya que siguió usufructuando "en forma gratuita" todos los activos. "La sistemática, irracional y caprichosa negativa de la administración anterior, avalada luego por la fiscalía de Cámara, impidieron esa solución equitativa y obligaron a una propuesta de pago en efectivo, en una demostración más del poder amedrentador que se intentaba imponer a la empresa", apunta.

En cuanto al monto, Correo Argentino S.A. acusa a la fiscal de una maniobra de dilación "inventando valores exorbitantes" y señala que "parece un capítulo más de un relato perverso, cuyo único objetivo es asfixiar" a la empresa. "El Estado verificó la suma de $296.205.376,49 de deuda a septiembre de 2002. La oferta de pago alcanza un valor total de aproximadamente 600 millones de pesos. No hay forma legal ni jurídica alguna que permita llevar la deuda verificada por el Estado ni a 4 mil millones, ni a 70 mil millones", argumenta. Y concluye que la fiscal Boquín "realiza mal el cálculo, de manera tendenciosa, para arribar a forzadas conclusiones". " Los adjetivos contra la estimación de Boquín se repitieron: Indica que hubo una "arbitraria, antojadiza y absurda manipulación de cifras".

Pero los cuestionamientos no sólo fueron desde el punto de vista técnico. "La Fiscalía persigue un solo objetivo: confundir a la opinión pública politizando innecesariamente una materia netamente judicial", insiste.

En ese sentido, afirma que "todo el resto del libelo de la Fiscalia está teñido de suspicacias y acusaciones que nacen de este calculo falaz inexplicable. Y por ello debe ser tenido por no presentado".

De todos modos, al hacer un análisis de las cifras de la deuda que reclama el Estado, la empresa se apoya en un condimento político: ironiza respecto a que, durante la gestión K, "se ha sostenido que no había inflación desde el propio Estado nacional". Por eso, reivindica el interés del 7% acordado con los acreedores, y dice que constituye "una compensación justa y razonable" porque "pretende brindar a la acreencia del Estado Nacional una estabilidad razonable".

Al mismo tiempo, el Correo Argentino S.A redobla la apuesta y promete que "cuando el Estado pague o reconozca la compensación por la totalidad de los bienes que se apoderó en el momento que operara el quite de la concesión, le pagará al Estado el 100%" de la deuda. La demanda que presentó el Grupo poco después del polémico acuerdo, es por unos 2.000 millones de pesos.

Por otro lado, el escrito también defiende el accionar del Gobierno. Remarca que "la Fiscalía acepta que Juan Mocoroa es director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones" y "que su designación es valida". Y repasa que en febrero de 2015, cuando el doctor Alejandro Migdalek, "como apoderado del Estado nacional -y del Ministerio de Planificación de Julio de Vido- rechazó de plano la mejora de propuesta" que hizo el Correo, "tampoco compareció muñido con alguno de todos los extremos que hoy la fiscal le pretende exigir al representante del Ministerio de Comunicaciones".

También, en sintonía con el Gobierno, asegura que en el convenio "no hay alteración al orden público, ni se viola la ley de ética pública cuando se pretende pagar una deuda que no debió haber existido nunca".

"La propuesta no es un acuerdo abusivo, espurio, antojadizo ni oscuro", enfatiza.

Por último, pide que "se resuelva favorablemente" la apelación o, su defecto, "se llame a audiencia pública, invitando a la sindicatura general y controlante, al Estado Nacional, a la Procuración del Tesoro, a la Oficina Anticorrupción y a la fiscalía" para "encontrar de buena fe y en conjunto una salida razonable".

En tanto, el Gobierno cerró filas: desde el ala política se unieron a la estrategia del jefe de Gabinete Marcos Peña. “Los ex funcionarios kirchneristas son los que deben dar explicaciones”, dice el viceministro del Interior Sebastián García de Luca. El número 2 de Rogelio Frigerio cuestionó a la gestión K porque "no hizo nada en los últimos 12 años" e instó "a terminar con los relatos". "Vamos a ir a una discusión a fondo sobre cuáles fueron las condiciones, cómo se manejaron las quiebras y los concursos. La transparencia es total", completó.