Un grupo de personas, en la mayoría de los casos, familiares de ex presos políticos o víctimas del terrorismo de Estado, pedirá este lunes la urgente convocatoria a una audiencia para que sean admitidos como querellantes de la causa.

El escrito presentado por los damnificados, patrocinados por los abogados locales Fabio Mudry y Leandro Corti, recuerda que el 28 de diciembre pasado (fecha en la que el juez Nicolás Falkenberg procesó a Rossini por administración fraudulenta en 62 casos. Ver nota relacionada) solicitaron ingresar al expediente en condición de querellantes y, en el marco del artículo 96 de la ley 12.734, peticionaron que el “tribunal convoque a las partes a una audiencia dentro del plazo de cinco días, y decidirá de inmediato”.

Los afectados por la presunta estafa de Mario Rossini, titular de la Sociedad de Bolsa “Bolsafé Valores” entienden que es necesaria su constitución como querellantes para ser parte de la tramitación del recurso de apelación que el abogado del empresario, el abogado Néstor Oroño, presentó tras conocerse el auto de procesamiento. “Privarnos de tal facultad, implicaría vedar a la querella de la tutela judicial efectiva, que no es subsanable con la intervención del acusador público”, señalaron.

“El imputado, en el decurso del proceso, no prestó la más mínima colaboración a los fines de establecer el destino de los fondos por él transferidos, por lo que la actitud asumida, ha sido de total desprecio por los damnificados, que hasta el día de hoy, siguen sin saber donde se encuentran los títulos valores”, argumentaron los abogados Mudry y Corti, basados en el procesamiento del juez Falkenberg que da por probado (al menos en esta etapa del proceso) que Rossini sabía de las maniobras de desvió de los títulos a otras firmas sin autorización de los titulares y con una deliberada intención de obtener un beneficio.

Para los abogados, “tampoco se puede descartar el real peligro de fuga de Rossini, ya que, una maniobra de esta naturaleza, por su cuantía millonaria, muy probablemente esté unida a la previa planificación del disfrute de los beneficios fuera del lugar de producción de los perjuicios, lo que por otro lado resulta válido suponer ante la previsión del art. 329 II inc. .) y 2.) del C.P.P.S.F., esto es, la magnitud de la pena en expectativa y la importancia del daño a resarcir”.