Desde el propio Frente Progresista consideran que el operativo político que se cargó esta semana al defensor provincial Gabriel Ganón fue un "acto de injusticia" e "ilegal". Los cuatro diputados que no se plegaron a la maniobra lo plantearon en el debate en la Legislatura para no convalidar el atropello y la burla "a las garantías más esenciales" que consagran la Constitución y las leyes, como el derecho de defensa. El radical Fabián Palo Oliver advirtió sobre los "vicios de origen" del proceso y por lo tanto, "cualquier sanción que se impusiera" -como la que se votó‑ es nula. Su par del ARI Ariel Bermúdez dijo que Ganón no tuvo una "acusación clara y precisa" -porque su acusador Lisandro Enrico no la presentó‑ y sin ese requisito "no hay proceso sancionatorio".

La "suspensión" hasta el final del mandato es un invento. "No existe, es una remoción encubierta", denunció. Mientras que los socialistas Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani coincidieron que no había "razones fundadas" para castigar a Ganón.

Por si esto fuera poco, una disidencia al dictamen de mayoría que presentó la diputada Alicia Gutiérrez -y firmaron sus colegas Gabriel Real y Verónica Benas‑ tumbó la última denuncia contra Ganón, a quien se le reprochó una supuesta "actuación indebida e ilegítima en causas penales" porque patrocinó querellas por violaciones a derechos humanos y desaparición de personas, como Natalia Acosta, que la Corte Suprema de Santa Fe rechazó. "No hay mandato expreso legal que prohíba" a Ganón "asesorar a víctimas y acompañarlas en su reclamo judicial en defensa de los derechos humanos", sostuvo la legisladora. Precisamente, cuando el caso Acosta pasó al fuero federal, lo primero que hizo la defensora general de la Nación Stella Maris Martínez fue patrocinar una querella para impulsar la investigación.

Trece legisladores rechazaron la suspensión de Ganón: diez votaron en contra y tres se abstuvieron. Ocho de ellos son del PJ (seis diputados y dos senadores), más Carlos Del Frade y los cuatro oficialistas: Palo Oliver, Bermúdez, Augsburger y Giustiniani, que impugnaron el proceso al defensor provincial tanto como los opositores y advirtieron sobre sus consecuencias.

Palo Oliver fue el más hostigado en el recinto por Enrico y por el vicegobernador Carlos Fascendini, quien le petardeó su discurso. "¿No me van a dejar hablar?", se enojó el radical. La chicana era por una moción de orden de Enrico para que primero se vote y luego se hable. Y así ocurrió. Fascendini ya había clausurado las barras para que militantes de derechos humanos no pudieran seguir el debate desde el sector del público, aunque a otros directamente se le prohibió el ingreso a la Legislatura.

El diputado de la UCR rechazó la suspensión a Ganón "desde la responsabilidad y el sentido común porque dentro de algunos años cuando llegue una sentencia que condene a Santa Fe por la equivocada decisión de esta Legislatura quiero que se recuerde que hubo legisladores que advertimos y no fuimos escuchados", dijo.

Expresó que a Ganón no le reprocharon "actos cuestionables". Al contrario, sus detractores consideran que "no es un buen ejemplo" y "hay que disciplinarlo" en un "mensaje claro de advertencia a los demás funcionarios del Poder Judicial".

"El proceso ha burlado las garantías más esenciales" que tiene Ganón y que "nosotros, como legisladores exigimos a los magistrados que respeten" como el "derecho de defensa". "Al doctor Ganón no se le presentó el formal instrumento de acusación, se le exigió una defensa respecto a simples denuncias que no cumplían las exigencias que la propia ley establece". "En estos términos no se puede avanzar con el procedimiento" porque "cualquier sanción que se imponga" -como la que se votó‑ era "un acto de injusticia" y por lo tanto, nulo, dijo Palo Oliver.

En la misma línea, Bermúdez coincidió que la "denuncia" de Enrico a Ganón no es la "acusación que exige la ley". "No hay proceso sancionatorio sin acusación clara y precisa. Y reveló que la "suspensión definitiva" hasta el final del mandato era un invento. "No existe", "no está prevista en la ley". "No voy a consentirla porque es una remoción encubierta".

Y comparó el caso Ganón con el de la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, a quien Mauricio Macri intentó recortarle su mandato. "Era una remoción encubierta, sin juicio político".

"Es fundamental para la democracia y el estado de derecho" que "en asuntos tan sensibles y delicados se respete la Constitución y las leyes dictadas por esta misma Legislatura", insistió Bermúdez.

La diputada Augsburger dijo que había leído "las 485 fojas de la denuncia" de Enrico y "no existen razones fundadas" para suspender a Ganón. Más allá de que "las objeciones que se le hicieron al proceso" tampoco fueron salvadas por la comisión de Acuerdos.