Gremios locales salen a frenar los "despidos preventivos" en Santa Fe

Los gremios de la provincia comienzan a movilizarse para frenar las cesantías y suspensiones instrumentadas en el último mes por empresas de distintos sectores con la excusas de la crisis financiera internacional.
El punto de partida será la marcha convocada para mañana por la regional Rafaela de la Confederación General del Trabajo (CGT) en repudio a los 250 despidos producidos en esa ciudad en los rubros comercial y metalmecánico. Será la primera marcha organizada por una central sindical desde que comenzó la ofensiva "ajustadora".

Por estas horas, tanto sindicatos como las regionales cegetistas de la provincia intensifican los contactos para organizar una resistencia frente a lo que entienden como un aprovechamiento del contexto de crisis internacional para avanzar sobre el sector del trabajo. Hoy se reunirá en San Lorenzo la CGT de esa ciudad con representantes de la provincia y la Nación.

Mañana todas las centrales de Santa Fe participarán de un plenario en Rosario, en el que se analizarán los pasos a seguir. Uno de los objetivos es incentivar a la central nacional, que conduce Hugo Moyano, para que gestione ante la Nación una acción más dura para proteger las fuentes de trabajo.

En sus diferentes formas, sea por cese de contratos temporarios, despidos de empleados permanentes, suspensiones, garantías horarias o adelanto de vacaciones, hay unos 4 mil puestos de trabajo en riesgo en distintos puntos de Santa Fe.

Es que pese a la hiperactividad desplegada por los Ministerios de Trabajo, tanto de la Nación como de la provincia, haciendo valer el procedimiento de crisis, que obliga a informar y mostrar los números antes de tomar medidas que afecten al personal, las empresas de distintos sectores echan mano de todas las herramientas disponibles para ajustar personal. Algunas, adelántandose a la posibilidad de que en algún momento el gobierno nacional reimplante la doble indemnización.

Pese a que la realidad de cada sector es muy diferente (el sector automotriz argumenta caída de la demanda y recambio tecnológico, el sector comercial y financiero le echa la culpa a la estatización de las jubilaciones y el aceitero a que los productores no le venden la soja), el achique preventivo se convirtió en la fórmula común y la crisis financiera el argumento preferido.

"No se puede despedir tanta gente por las dudas, en los últimos años tuvieron enormes ganancias y ahora la crisis los agarra con plata pero en lugar de aguantar, despiden, y eso es mala fe", señaló el secretario general de la CGT de Rafaela, Roberto Oesquer. El caso rafaelino es paradigmático. El dirigente relató que las cesantías comenzaron a producirse poco después de que las entidades empresarias de la zona se habían comprometido a mantener la paz social durante un encuentro organizado por el Ministerio de Trabajo de la provincia.

Aunque no son los únicos, los empleados contratados en forma temporaria están en la primera línea de hostilidad. Esta modalidad de contratación, habilitada por la ley de empleo sancionada durante el primer gobierno de Carlos Menem, cumple con todas las formalidades, pero su expansión, sobre todo a partir de 2003, sólo se puede explicar por una extrema flexibilización del mercado laboral. Hay más de 90 mil empleados en estas condiciones, y, según señaló Oesquer, para muchas empresas la contratación de personal temporario se volvió una práctica demasiado permanente.

Esta trinchera comienza a ser rebasada y los despidos ya amenazan directamente al personal permanente, lo que alertó a más de un gremio que hasta el momento se había mantenido a la defensiva. En este marco se inscribe la reunión de mañana de las regionales cegetistas. Los principales sindicatos cerraron filas con el gobierno provincial para enfrentar el "telegrama fácil", sobre todo luego del encuentro reservado que mantuvo recientemente el gobernador Hermes Binner con un conjunto de líderes sindicales, convocados por el jefe del gremio de Carne, José Fantini.

A nivel nacional, el diputado peronista y asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, anticipó que la semana próxima un grupo de legisladores se reunirá con dirigentes de esa central y del gobierno nacional para analizar si el desafío planteado por el sector empresario no amerita una reacción oficial que exceda la aplicación del procedimiento de crisis.

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