Gremios contra el ajuste económico en los organismos

La CGT sostiene que los recursos "sustraídos" pasaron a "engrosar las arcas" del Gobierno "sin ninguna razón objetiva". Ya presentaron una medida cautelar y aseguran que varios artículos del presupuesto 2010 son inconstitucionales. Señalan que el recorte se produce en un contexto de subas salariales para la administración pública, aumento del sueldo de la Gobernadora y un incremento en las vacantes de 2800 personas respecto del último ejercicio aprobado, en 2007. "Se nos hace la reducción pero se nos incrementa la cantidad de empleados", critican.
Ayer los representantes gremiales de APOC y UEJN, Elisa Dietrich y Luís Bechis respectivamente, brindaron una conferencia de prensa junto a otros referentes de la CGT Ushuaia para expresar el rechazo a la decisión del Ejecutivo provincial de recortar el presupuesto para el corriente año al Tribunal de Cuentas y al Poder Judicial. De la conferencia también participaron los gremios del SOMU, ATSA, Luz y Fuerza y el SOEM.

En relación a la manifestado Luís Bechis señaló que "en estas circunstancias tenemos que hacer acciones jurídicas, mas allá de las acciones gremiales por las cuales nos han elegido nuestros afiliados, porque hay una ley que sostenemos que tiene varios artículos que son inconstitucionales y no cumplen con las normas legales y la constitución, por lo tanto hemos hecho la presentación de una medida cautelar y también una de inconstitucionalidad que esperamos se resuelva rápidamente, creemos además que es poco claro esto que se ha hecho con el presupuesto del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas ya que se hace una reducción sin analizar el porque y el objeto dado que a nosotros se nos hace la reducción pero se nos incrementa la cantidad de empleados y es imposible de cumplir con el presupuesto actual".

Asimismo indicó que "no se puede concretar con el cumplimiento de leyes que fueron sancionadas por la Legislatura y como la Ley de flagrancia, la ley de mediación y esta muy compleja la situación con la creación de los Juzgados de familia, que se hizo por una necesidad de la comunidad y supuestamente iban a ser contemplados en el actual presupuesto, sin embargo nos vemos con esta realidad que hace imposible cumplir con las tareas jurídicas que manda la constitución y la ley también". Finalmente refirió que es poco claro fijar un tope salarial retroactivo, "esto está violando todas las normas y haciendo las retenciones indebida de haberes de aquellos que son alcanzados por esta medida y que además no fue justa al momento de decir cual es realmente el sueldo de la gobernadora".

Por su parte, la Secretaria del Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), Elisa Dietrich argumentó que "ratificamos en forma conjunta con los dos sindicatos que representamos que hemos sido afectados por una reducción en el `presupuesto de nuestros respectivos organismos, que se ha puesto en serias dificultades el desarrollo del control y el ejercicio constitucional otorgado como objetivo final para su funcionamiento".

En este contexto aseguró que el presupuesto no responde a ningún objetivo claro ni cuestiones técnicas operativas, "es importante que se sepa que la reducción de salarios, el congelamiento de vacantes y la intromisión ene. Normal desenvolvimiento de estos organismos se hacen en el marco de la emisión de un presupuesto que lejos de ser con una pauta de reducción del gasto está hecho en un contexto de reconocimiento de aumentos salariales para un gran sector de la administración pública, el incremento del salario del gobernador y la clarificación de un incremento en las vacantes de 2 800 personas, por lo tanto no estamos hablando de una norma que imparte austeridad, mejor distribución del gasto no nuevas políticas generales para los cuales necesitan los recursos" y continuó "lo cierto, real e indicustible es que los recursos que le fueron sustraídos al TDC y al Poder Judicial fueron a engrosar las arcas del Poder Ejecutivo sin ninguna razón objetiva".

Por último relató que "el presupuesto pasó sin modificaciones de parte del Ejecutivo al ámbito legislativo, cuando fueron convocados los tres vocales del Tribunal de Cuentas para exponer la política de gestión en ningún momento los legisladores le manifestaron la intencionalidad o fundamentos por los cuales se veían en la necesidad de modificar el presupuesto, ni tampoco se les requirió a los vocales que ajustaran o modificaran algo reduciendo las partidas presupuestarias, nunca mencionaron esta reducción".

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