Gregorio Ríos quedó en libertad

La Cámara de Apelaciones de Dolores concedió la libertad a Ríos, al computarse veinte años de prisión en función del dos por uno. La viuda del fotógrafo asesinado en 1997 repudió el fallo.

La Cámara de Apelaciones de Dolores, con el voto de sus dos integrantes, Fernando Sotelo y Susana Darling de Yaltone, resolvió conceder la libertad condicional a Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Alfredo Yabrán. Ríos fue condenado a prisión perpetua porque el Tribunal Oral lo consideró el organizador del crimen de José Luis Cabezas y, de acuerdo con el Código Penal, se puede pedir la excarcelación cumplidos veinte años de prisión. Dado que el homicidio se cometió cuando regía la llamada ley del dos por uno, Ríos consiguió la libertad transcurridos once años desde que fue detenido. María Cristina Robledo, esposa de Cabezas, repudió la libertad desde España, donde vive, y sostuvo que “la Justicia parece estar a favor de los asesinos”, teniendo en cuenta que de los nueve condenados por el homicidio quedan dos en prisión: los ex policías bonaerenses Gustavo Prellezo y Alberto Pedro “La Liebre” Gómez, entonces comisario de Pinamar. El cálculo que hizo la Cámara era casi cantado. Ríos fue detenido en 1997 y el 1° de septiembre cumplió once años de prisión, sin que la condena esté firme, porque hay una apelación ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la ley del dos por uno –derogada en 2001 y que rige para los fallos que no están firmes–, los dos primeros años se cuentan en forma simple, pero a partir de ese momento cada año de prisión se computa como si fueran dos. En total, entonces, se calculan 18 años por los nueve últimos que Ríos estuvo preso, a los que se suman los dos primeros. El total es de 20, lo que le dio la posibilidad al abogado de Ríos, Jorge Sandro, de pedir y conseguir la libertad condicional.

Para la familia de Cabezas se trata de un golpe duro, esencialmente porque el Tribunal Oral había considerado que el verdadero inspirador del asesinato fue el papi-mafi Alfredo Yabrán; su jefe de custodia, Gregorio Ríos, arregló los detalles, mientras que la ejecución corrió por cuenta del ex oficial de la Bonaerense Gustavo Prellezo. La Justicia dio por probado que Prellezo contrató a cuatro delincuentes del barrio platense de Los Hornos, a los que transportó a la costa para robar y luego perpetraron el secuestro y el fusilamiento del fotógrafo. En la operación participaron otros tres policías bonaerenses: “La Liebre” Gómez liberó la zona, Aníbal Luna y Sergio Camaratta fueron cómplices alojando a Los Horneros y mostrándoles quién era Cabezas.

Durante todo el proceso de la investigación hubo una durísima puja política.

- Por un lado, el menemismo, entonces en el poder, sostenía que el crimen fue ordenado por jefes de la Policía Bonaerense y ejecutado por efectivos de esa fuerza. O sea que la responsabilidad era de la policía de Duhalde. El móvil –según el menemismo– fue una famosa nota de tapa de la revista Noticias, con fotos de Cabezas, cuyo título fue “Maldita Policía”. En esa investigación se exponían las increíbles riquezas de los comisarios más famosos. Por orden de Duhalde, esos comisarios fueron pasados a retiro y muchos sostienen que el mensaje más claro fue que el cadáver de Cabezas, quemado, apareció en un camino de Pinamar por el que Duhalde pasó dos horas más tarde.

- Por el otro lado, el duhaldismo apuntó contra el menemismo y su oscuro empresario estrella, Yabrán. El móvil fue, según la investigación, las fotos que Cabezas le tomó a Yabrán en la playa. Papi-mafi habría dado la orden: “Sáquenmelo de encima”. Ríos se comunicó varias veces por teléfono con Prellezo y el Tribunal consideró esas llamadas como pruebas de importancia. Ríos-Prellezo afirmaron siempre que hablaban de poner un negocio de alarmas, pero los jueces evaluaron que en realidad las comunicaciones –de las que no hay escuchas– tuvieron que ver con el crimen.

Como es obvio, esta última fue la hipótesis que sirvió de base para las sentencias de 1999. Y hasta el momento, el fallo fue convalidado por la Cámara de Casación y la Corte bonaerenses. Sólo resta la opinión de la Corte Suprema nacional. El máximo tribunal tiene tres posibilidades:

- Rechazar la apelación considerando que no debe intervenir en el caso, con lo cual las penas quedarán firmes.

- Anular el juicio oral que terminó en febrero de 2000 aplicando un criterio que ya sostuvo hace un año en el caso Fraticelli: que los jueces que intervienen durante la investigación de un caso no pueden ser también los que encabecen el juicio del mismo caso. En la causa Cabezas eso fue así: la Cámara de Dolores intervino a lo largo del proceso y luego fue el tribunal del juicio oral. Si la Corte se inclina por esta variante habría que hacer otro juicio. Parece una alternativa poco probable, pero no imposible.

- Aceptar el recurso por tratarse de un caso de importancia institucional y evaluar, uno por uno, todos los pasos judiciales que se dieron. También parece improbable, después de más de una década, pero no imposible.

Hoy en día el expediente todavía no llegó a la Corte. Está pendiente que el máximo tribunal bonaerense acepte la apelación y recién después pasaría a la Corte de Justicia de la Nación. Cualquier resolución llevará más de un año.

Ayer, desde distintos sectores se expresó el repudio a la decisión. El abogado de la esposa y la hija de Cabezas, Oscar Pellicori, lo resumió así: “La sociedad se queda con la sensación de que el que comete un delito gravísimo paga poco. Se premia al delincuente, como si muy poco hubiera pasado. Y estamos hablando de un caso emblemático, como fue el asesinato de José Luis”.

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