Greenpeace, FARN y Vida Silvestre son parte en la causa por los desmontes

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó que las organizaciones ambientalistas Greenpeace, Fundación Vida Silvestre y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sean parte en el trámite del amparo que comunidades indígenas y campesinos criollos presentaron en diciembre pasado en contra de la provincia de Salta y el Estado Nacional por la deforestación en sus territorios.La decisión de la Corte data del 30 de junio pasado.
El tribunal accedió a que las organizaciones participen en calidad de amicus curiae (amigos del tribunal), un tercero interesado en la cuestión que se trata.

En un comunicado las organizaciones indicaron que con esta resolución la Corte permitió la participación de "una opinión calificada que permitirá arribar a una solución más justa e integral del caso.

"El avance de la deforestación en la provincia de Salta y las graves consecuencias que produce sobre el ambiente y la vida de las comunidades campesinas e indígenas motivó a las ONGs a aportar a la Corte información calificada respecto de la situación actual y el futuro de los bosques, y recomendaciones para el desarrollo sustentable de la provincia." Señaló Greenpeace en un comunicado.

Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación, entre 1998 y 2002, la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; esa cantidad se duplicó entre 2002 y 2006 y alcanzó las 414.934 hectáreas. En 2007, mientras la ley de bosques nativos estaba en tratamiento en el Congreso Nacional, el gobierno salteño (entonces a cargo del actual senador nacional Juan Carlos Romero) "autorizó el desmonte de 523.722 hectáreas, evitando la moratoria que la norma establece".En diciembre pasado, luego de insistentes pedidos ante el gobierno local, comunidades aborígenes y pequeños productores criollos recurrieron a la Corte Suprema con un amparo: le solicitaron que suspendiera los desmontes y la tala, le ordenara a la provincia y a la Nación reparar el daño causado o indemnizara a los habitantes afectados por esta actividad.

El 29 de diciembre la Corte dictó una medida cautelar de suspensión de los desmontes y la tala autorizados desde noviembre de 2007 en los departamentos Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.

El 26 de marzo amplió esta medida a todas las autorizaciones otorgadas en estos departamentos. El estudio no aparece El pasado lunes el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta habilitó la continuidad de la tala selectiva en los cuatro departamentos.

Argumentó, entre otras razones, que un estudio de impacto ambiental acumulativo de la tala y los desmontes ordenado por la Corte Suprema ya había sido presentado en esta causa, igual que el decreto reglamentario de la ley provincial de ordenamiento territorial de los bosques nativos. Sin embargo, según pudo constatar Nuevo Diario, hasta ayer al mediodía ni la provincia ni la Secretaría de Ambiente de la Nación habían presentado el estudio y el decreto reglamentario.

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