Un grupo de familias de Colonia De Chazal, donde se está construyendo el Country San Pablo, señalan que se los está sometiendo a presiones para desalojarlos de las viviendas y tierras en las que viven desde hace 80 años.

Mientras avanza la comercialización de los lotes en el Country -el más grande del NOA- y ya se están construyendo lujosas viviendas, hay 14 familias que viven dentro del predio, y se consideran con legítimos derechos para permanecer en el lugar.

“Ellos, como sus padres, fueron empleados del ingenio San Pablo (dueño originario de las tierras), que junto con el contrato de trabajo les otorgó hace unos 80 años los lotes y las viviendas”, explicó la abogada que los representa, Gladys Argañaraz de Alderete.

“Luego de la quiebra del ingenio San Pablo, el señor Jorge Rocchia Ferro adquirió las tierras para su sociedad anónima denominada Balal SA. Firmó entonces un acta acuerdo con los poseedores de viviendas en el predio, comprometiéndose él y su señora Catalina Lonac a firmarle las escrituras traslativas de dominio. Esta acta acuerdo no se cumplió”, asegura la abogada.

“Posteriormente, Balal SA vendió el predio a la firma Citrusvil SA, desconociendo el acta acuerdo con los poseedores de las casas. Desde entonces, existe un conflicto entre Citrusvil, de la familia Lucci, y las familias. Actualmente, están en litigio 14 viviendas en Colonia De Chazal, y una veintena en el Obraje de Ohuanta, donde también tenía tierras el ingenio San Pablo”, dijo la doctora Argañaraz de Alderete.

Las familias denunciaron que Lucci ordenó cerrar el camino vecinal que conduce a sus domicilios, encerrando a la Colonia De Chazal, actualmente Country San Pablo.

“La empresa Lucci, encargada de la construcción del mencionado Country, colocó alambrados alrededor de la Colonia y un portón cerrado con cadena y candado frente al camino de ingreso”, añadió la abogada.

“Los dejaron totalmente aislados, debiendo solicitar autorización a los guardias de seguridad del Country para poder ingresar. Además, obstaculizan la entrada de vehículos, y en caso de alguna emergencia para los niños o ancianos no pueden entrar ni salir ambulancias”, puntualizó.

También señalaron que fueron objeto de múltiples presiones para obligarlos a abandonar el Country. “Les fumigaban los citrus, les fumigaban las casas, les quitaron el agua para regar la cancha de golf, les quitaron la gruta y la cancha de fútbol, y les rodearon las viviendas con plantaciones del caña, para que la gente que viva en el Country no los vea”, señaló la doctora Argañaraz de Alderete.

La letrada dijo que oportunamente se presentó un pedido de no innovar sobre 140 hectáreas del Country, para frenar la venta de tierras en el Country, y esa medida fue ordenada por la Justicia. “Pero a través de cambios y divisiones en los padrones han seguido adelante con la comercialización de los lotes”, remarcó.

Añadió que la obra del Country tiene un severo impacto ambiental, y faltan controles por parte del gobierno provincial. “Hicieron lagunas en la cancha de golf, que secaron los pozos de agua de las viviendas, y el desmonte provoca peligros de inundaciones. Ni el Defensor del Pueblo ni la SAT quisieron atender los reclamos.”

Los vecinos de Colonia De Chazal señalaron que el delegado comunal de San Pablo les envía todos los días un camión con agua.

Indicaron que en contactos informales se los tentó con recibir casas del Instituto Provincial de la Vivienda, sin tener que pagar ni un peso, para irse del lugar. Pero desconfían de la oferta, teniendo en cuenta que esa institución oficial no tiene por qué hacerse cargo de las obligaciones de una empresa privada que construye un Country.