El más grave caso de corrupción en la democracia sacude a España

Es el escándalo Gürtel, que escaló hace unos días y que involucra a 17 altos cargos del conservador Partido Popular. Se los señala por coimas, fraude fiscal, asociación ilícita, entre otros. Acusan al líder del PP, Mariano Rajoy, de debilidad.
Mañana martes se escenificará en Valencia uno de los episodios más dramáticos del "caso Gürtel", cuando se reúna la dirección regional del Partido Popular y formalice la expulsión "temporaria" de su secretario general. Cuando se produzca, serán 17 los altos cargos, tres diputados, un eurodiputado, un senador, cuatro alcaldes y concejales del PP a los que se ha llevado por delante el peor escándalo de corrupción de la democracia española.

En el proceso ya hay imputadas 71 personas a las que se acusa por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Pero, faltaba lo peor.

Ricardo Costa, 37 años, era hasta el viernes pasado el brazo derecho del todopoderoso Francisco Camps, presidente de la comunidad autónoma y líder de los populares valencianos. Camps había defendido a capa y espada a Costa cuando, al producirse hace unos diez días el levantamiento del secreto de sumario del proceso, surgieron evidencias de que Costa estaba complicado con la red y, auxiliado por otros altos funcionarios, se encauzaba dinero para la financiación ilegal del partido. Además, habría recibido regalos lujosos como un auto deportivo o un reloj que vale 20.000 euros. Y una lista de "comisiones".

El megaescándalo se profundizó porque ésta era la acusación políticamente más devastadora. Además de la oposición, hubo un clamor interno para que Mariano Rajoy, jefe del PP, adoptara medidas drásticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dio el ejemplo, apartando del grupo parlamentario popular a tres diputados y tres concejales.

El viernes pasado, en medio de los fastos del Día de Valencia, Camps recibió una fuerte presión de Rajoy para que Costa dimitiera. "Ni hablar", respondió el aludido pronunciando una frase demoledora: "Yo no me voy a comer este marrón solo". Desde la oposición y una fracción crítica a Camps en Valencia se indicó que Costa siempre actuaba dirigido por su jefe.

Costa, secretario general del PP, se convirtió en un chivo emisario, pero insistió en no renunciar y se fue a fatigar el Camino de Santiago para regresar el martes. El viernes por la noche se anunció que la dirección regional aprobaría el cese de Costa, aunque solo por tres meses hasta que se aclarara su situación en la justicia.

Los medios de comunicación, incluso algunos afines a la derecha, hierven de impaciencia porque Rajoy siempre se demora y vuelve a exhibir un liderazgo débil, el peor de sus defectos. Costa ya ha adelantado que quiere explicaciones pero sabe que la verdad es casi imposible de abordar porque las metástasis de la red corrupta impiden controlar los daños.

Pero no es fácil para Rajoy enfrentarse con Camps, que era uno de los más importantes "barones" de los conservadores porque ganó las elecciones por mayoría absoluta. Valencia es, con Madrid, un fortín electoral del PP, uno de los mayores proveedores de votos para la fuerza que lidera Rajoy.

Además, Camps fue quien con mayor intensidad apoyó a Rajoy después de que éste perdiera, por segunda vez, las elecciones generales en marzo de 2008. El sector más duro del partido, el más identificado con la línea rigurosa de José María Aznar en su deriva a la derecha, planteo la sustitución de Rajoy.

El adversario con más posibilidades era Esperanza Aguirre.

Rajoy se refugió en el apoyo de varios dirigentes regionales y, sobre todo, en el "barón" de Valencia, Francisco Camps, que lo respaldó y organizó en la capital valenciana el congreso que supo desalentar a los críticos y ratificar al alicaído Rajoy como presidente del Partido.

La bola de nieve sigue rodando, aumentando su caudal y velocidad de vértigo desde de lo que parece un barril sin fondo. Todo comenzó en noviembre de 2007, cuando un concejal del Partido Popular de Majahonda, un rico suburbio de Madrid, se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción.

José Luis Peñas presentó a los fiscales 17 horas de grabaciones secretas, que después crecieron a 26, en las que Francisco Correa y su grupo de secuaces comentaban con fanfarronería y todo lujo de detalles cómo funcionaba la red, quiénes eran los corruptos, y cuánto habían recibido de sobornos.

Los fiscales iniciaron la investigación con el valioso auxilio de la Policía, y lograron la autorización del juez para "pinchar" los teléfonos de la trama corrupta. El material obtenido es de extraordinario valor porque incluye la contabilidad ilegal y supersecreta de la red, documentación y pruebas escondidas en un yate, en cajas fuertes y otros secretos que todavía no se han revelado. Quedan 53.000 páginas del proceso, que crecen todos los días, bajo secreto de sumario.

En febrero pasado, el juez Baltasar Garzón se hizo cargo de la investigación. Lo que trascendió es que una trama organizada y dirigida por el turbio empresario Francisco Correa, que se hace llamar "Don Vito" (evocando a Corleone) por sus secuaces, extendió sus tentáculos por Madrid, Valencia, Castilla León, Galicia y no se sabe qué otras localidades. Correa (Gürtel en alemán) empezó a actuar en el Partido Popular en 1996 y seis años después sus corruptelas funcionaban a todo vapor.

"Don Correone", como lo llaman en broma algunos periodistas, se había apoderado de la organización de todo tipo de eventos vinculados a las comunidades autónomas y alcaldías en Madrid y Valencia. Además, también gestionaba los mitines electorales. La red no escatimaba los regalos de lujo y los sobornos y hasta llegó Correa a incluir "festicholas" con prostitutas para premiar a varios alcaldes corruptos.

Con los contactos sólidamente establecidos, Correa y sus cómplices avanzaron para controlar la concesión de obras y servicios públicos (depuración de aguas y residuos, etc) y otras tropelías. Mediante una docena de sociedades obtuvieron un botín que en medios judiciales se calcula en unos 50 millones de euros que fueron girados a una trama ilegal en varios paraísos fiscales.

Para eludir el obstáculo de los concursos y subastas públicas, con la complicidad de funcionarios amigos, la red dividía los servicios en varios contratos no superiores a los 12.000 euros. En Madrid, hay 358 de estas operaciones "legales" que huelen a fraude. En Valencia, donde la red monopolizó gran parte de los contratos, no se sabe el número porque el gobierno de Camps bloqueaba, con mayoría absoluta, los pedidos de trasparencia de la oposición.

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