Los grandes evasores duermen tranquilos

En la Justicia Federal argumentan que no tienen los medios para investigar los delitos económicos complejos. La mayoría de las causas terminan en el archivo o prescriben por el inexorable paso del tiempo.
Las dos regionales de la Afip en Rosario derivan a la Justicia Federal por año un promedio de 90 denuncias por evasión simple y agravada, delitos económicos o, como se los conoce popularmente, de "guante blanco". Y quedan apiladas en el edificio de bulevar Oroño al 900 hasta que prescriben por el simple e indefectible paso del tiempo, o bajo las siete llaves de un archivo, según reconocieron jueces y fiscales consultados por Crítica de Santa Fe. De todas las causas iniciadas en 2008 en la Justicia Federal de Rosario, no hubo ni un solo involucrado que haya sido llamado ni siquiera a prestar una declaración indagatoria. Mucho menos que haya estado preso. En todo el país, según datos oficiales de la Afip, se elevaron a la Justicia durante el año pasado 1.047 denuncias penales al fuero federal, por un monto de evasión estimada en 899.389.710 pesos.

"No hay personal especializado", responden cuando se les inquiere sobre el motivo por el que la mayoría de las causas –de las que no hay registro estadístico, según esgrimen– prescriben o se archivan sin llegar a una sentencia. Se refieren a empleados preparados para dedicarse a investigar exclusivamente la vasta y compleja rama de delitos económicos que produce la maquinaria de evasión fiscal que casi siempre tiene detrás a profesionales de elite, con renombrados estudios jurídicos y contables a su servicio.

El juez federal Nº 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, lo dejó en claro: "Ni siquiera tenemos fondos para contratar a abogados tributaristas o contadores que sean especialistas en estos temas", dijo. El magistrado advirtió además que en los delitos de índole penal tributaria no se puede pedir ninguna consulta a un organismo nacional, porque el Estado es parte involucrada en el proceso, ya que es a través de la Afip que se presenta como denunciante.

A diferencia de otros delitos, según explican letrados que han defendido a evasores, estas causas generan cierta tranquilidad en Tribunales por una simple razón: muy pocas, salvo excepciones, toman estado público y, por lo tanto, no existe ninguna presión social o política sobre los magistrados. Con las causas relacionadas con el narcotráfico, por ejemplo, no sucede lo mismo.

PARA MUESTRA... Un caso puntual, que sí tuvo trascendencia, es el de las usinas de facturación apócrifa –en el que están involucradas directa e indirectamente unas 400 firmas de la región– que generó una evasión de más de 72 millones de pesos desde 2005 a 2007.

La Afip presentó esa voluminosa denuncia –tiene más de 8.000 fojas– el 29 de julio de 2008 en el juzgado a cargo de Vera Barros. Desde esa fecha hasta ahora no se abrió ningún eslabón de importancia en la causa, que –según el propio juez- está en proceso de investigación en la Fiscalía Nº 1.

Las 24 empresas ficticias, según consta en el escrito presentado por el organismo nacional al que tuvo acceso este diario, habrían concretado una evasión total de $20.405.794 en Impuesto a las Ganancias, y de $13.098.123 en Impuesto al Valor Agregado (IVA). En la misma denuncia, la Afip indica que "el éxito de esta investigación requiere mayor premura que la habitual, y la recolección de datos sólo es posible llevarla adelante mediante el concurso de las facultades jurisdiccionales e instructorias" de la Justicia.

A más de un año de la presentación de esta denuncia, fue muy complicado conocer en qué juzgado se encontraba el caso en los tribunales federales. Tanto el juez Vera Barros como la fiscal Nº 1, Liliana Bettiolo (según el magistrado, está a cargo de la investigación) reconocieron que no hubo grandes avances en el caso.

EL CAMINO A LA DENUNCIA. Para que se abra una causa por supuesta evasión en la Justicia federal tienen que superarse una serie de etapas dentro de la propia Afip, por lo que la investigación "arriba a los tribunales federales con un caudal de información muy grande", explicó Rubén Ranieri, director de la Regional I de la Afip, con base en Rosario. El funcionario detalló a Crítica de Santa Fe que todas la denuncias que se inician surgen a partir de una investigación que luego tiene una etapa de fiscalización. En esa instancia, si se detecta la intención manifiesta de evadir al fisco, la Afip intima al supuesto evasor a pagar una multa, que en los casos de IVA y Ganancias, es de 5 a 10 veces del valor de la evasión. Si la persona o la empresa no abona la sanción, se realiza una determinación de oficio y se destina el caso a un juez administrativo. El acusado tiene una nueva oportunidad para saldar el monto de la deuda, la multa, y los intereses. Pero si no quiere desembarazarse del problema, el caso va a parar al Tribunal Fiscal de la Nación. Es en última instancia cuando el área jurídica de la Afip lleva el asunto a la Justicia Federal ya en forma de denuncia penal. Ranieri explicó que para exista el delito de evasión simple tienen que darse dos condiciones simultáneas. Una de ellas es objetiva: cuando el contribuyente registra una evasión superior a los $ 100 mil por año y por impuesto. La otra es subjetiva: cuando el responsable obró con dolo.

CLASIFICACIÓN. Hay dos tipos de evasión, la simple y la agravada. La primera se configura cuando la evasión fiscal por cualquier medio doloso supera los cien mil pesos por cada año, y por cada tributo. En este caso, la pena es de prisión de dos a seis años. La segunda, la evasión agravada, no es excarcelable, ya que el mínimo es de tres años y seis meses, y puede alcanzar hasta nueve de prisión si lo evadido supera el millón de pesos. Sería el caso de las facturas truchas, por ejemplo.

En los tribunales federales, donde va a parar la presentación que hace la ex DGI, se abren denuncias que ingresan con varios miles de fojas. Pero todo ese caudal de información debe ser retrabajado por la Justicia, que debe juntar la prueba. Y es ahí, según señala Vera Barros, cuando comienzan los problemas, sobre todo de infraestructura del propio Poder Judicial. "A diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, en Santa Fe no hay un fuero especializado en delitos económicos, y por lo tanto es muy complicado trabajar estas causas", reconoció el juez. La titular de la Fiscalía Nº 1, Liliana Bettiolo, reconoció la inferioridad de condiciones que se encuentra la justicia para enfrentar este tipo de delitos económicos.

CÓMO FUNCIONA LA MAQUINARIA. La denuncia que realizó la AFIP durante el año pasado se concretó luego de una extensa investigación en la que se logró detectar a una organización que montó un complejo engranaje para crear empresas fantasmas. A partir de estas firmas –que son 24 según la pesquisa del organismo nacional– se generaban facturas truchas para vender a otras compañías y personas IVA y Ganancias con el objetivo central de evadir el pago de estos impuestos. De acuerdo al expediente, los acusados de integrar la asociación ilícita son varias personas, entre ellas un supuesto empresario del rubro del transporte –Carlos Alberto Signorile–, un contador –Javier Cabrera– y la escribana Silvia Freguglia de Ibáñez.

Esta organización que actuaba con testaferros insolventes y con un mismo banco –el Hexagón, ex Banca Nazionale Del Lavoro–, según indica la denuncia, les vendía facturas ficticias a varias empresas, entre ellas a Servicios Portuarios, que actualmente opera las terminales VI y VII del puerto de Rosario, donde antiguamente estaba asentada la Junta Nacional de Granos. En la investigación realizada por la Afip se indica que esa firma "rectificó sus declaraciones juradas en el Impuesto a las Ganancias, y las salidas no documentadas en virtud de la impugnación de créditos fiscales, gastos y de la salida de dinero correspondiente a operaciones provenientes con algunas de las personas que manejaba esta organización delictiva". Esas declaraciones juradas que fueron modificadas (o rectificadas, según la terminología de la Afip) generaron para el Estado "un perjuicio fiscal" de 1.909.034 pesos desde 2003 a 2005. En la denuncia presentada en Rosario, el organismo recaudador anuncia que "procederá a formular la denuncia por evasión tributaria" ante la Justicia de Capital Federal, donde tiene domicilio Servicios Portuarios.

Tras las rejas y sin excarcelación

En la denuncia presentada por la Afip, los abogados del organismo insisten a la Justicia Federal con que pida la "inmediata detención" de los responsables de la asociación ilícita tributaria que se montó con las usinas de facturas truchas. Entre los argumentos señalan que "esta organización continúa operando actualmente". Y para que se deniegue la excarcelación de los involucrados citan como antecedentes los casos de los represores Ramón Genaro Bessone y Juan Daniel Amelong. Sin embargo, hasta ahora no sólo ningún evasor fue preso, sino que tampoco nadie ha sido llamado a indagatoria. Una deuda pendiente de la Justicia.

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