En Río Grande se penaliza el consumo personal

La polémica resolución de la Corte Suprema de Justicia declarando la «inconstitucionalidad» de la penalización del consumo personal de marihuana no sienta una jurisprudencia obligatoria. En tal sentido, los juzgados menores pueden mantener su criterio, y en el caso del encabezado por la jueza federal Lilian Herráez, el consumo debe ser penalizado.
La resolución de la máxima Corte del país declarando la inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la Ley 23737, que penaliza el uso personal de la marihuana, no sienta una jurisprudencia obligatoria para los tribunales menores en el resto del país.

A pesar que este fallo de la Suprema Corte genera repercusiones en todos los tribunales federales del país, que son autoridad de aplicación en la materia, el mismo no inhibe a cada uno de los jueces federales de aplicar su criterio en el análisis de cada una de las numerosas causas existentes en la materia.

En el caso del Juzgado Federal de Río Grande, encabezado por la jueza federal Lilian Herráez, lamentablemente la magistrada no accedió ayer a brindar declaraciones para clarificar la real situación de quienes pueden ser a futuro sus ajusticiados, en torno a una situación sobre la que reina la desinformación o directamente la mala información.

A pesar de esto trasciende de los fallos emitidos por la Jueza que la misma aplica un criterio diametralmente opuesto al utilizado por sus pares de la Corte Suprema, entendiendo que debe ser penalizado el consumo personal de la marihuana, siguiendo la tradicional doctrina a partir de que el fallo de la Corte Suprema, reiteramos, no es vinculante para los tribunales menores.

Sin embargo, la actitud a adoptar a futuro por parte de esta Jueza puede verse condicionado sólo en caso de que la Cámara de Apelaciones emitiera algún fallo consonante con el de la Corte Suprema, a causa de un cambio de criterio influenciado en la polémica resolución del alto tribunal.

En ese sentido, la Jueza federal de Río Grande allí se vería obligada a seguir dicha jurisprudencia por una cuestión de «economía procesal», ya que en ese caso cada uno de sus fallos sería automáticamente revertido en la instancia superior inmediata.

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