Granados, el nuevo garante de la Bonaerense

El intendente atiende el llamado que le pasa su secretaria. Una voz le avisa: “Le va a hablar el intendente Granados”.

Será la costumbre, piensa el jefe municipal, porque Granados, intendente de Ezeiza durante 18 años, ahora es ministro de Seguridad bonaerense. Le pasan la llamada y saluda con buena onda.

“¿Cómo estás, ministro?”.

La respuesta de Granados es amable pero cortante: “A mí decime intendente”.

Se lo puede tomar como una simple anécdota, o se lo puede ver como lo que es: los intendentes dieron un paso hacia la ampliación de su poder en la Provincia y reivindican el cargo como un nuevo signo de influencia en la política.

Fue decisivo para la configuración de este escenario que Sergio Massa, desde la intendencia de Tigre, encabezara la ruptura peronista con los gobiernos nacional y provincial, conformara el Frente Renovador con participación de otras fuerzas y ganara las primarias en agosto, encaminándose ahora a un triunfo más amplio en octubre.

Massa puso en valor el papel de los intendentes a partir del vínculo cotidiano y cuerpo a cuerpo entre la gestión y la sociedad.

Esto vale para todos los intendentes, sean oficialistas u opositores.

Que Daniel Scioli haya sacado a Alejandro Granados del municipio de Ezeiza, para hacerlo ministro del área más caliente de su administración, es un dato significativo en esa incipiente reasignación del poder.

Otro dato para anotar es el extremo cuidado con que Massa se movió en el reparto de acusaciones, después de sufrir el ataque a su caravana en La Matanza el domingo pasado. Por la falta de policías en el lugar criticó a Scioli, a quien percibe como su rival directo para la Presidencia en 2015. Pero fue cauteloso y agradeció públicamente a Granados y al jefe de La Matanza, Fernando Espinoza, por sus expresiones de solidaridad. Como si hubiese una cofradía de intendentes que se cuidan entre sí, aunque pertenezcan circunstancialmente a bandos políticos en disputa.

Está claro que Scioli nombró a Granados apretado por la derrota en las primarias. Y muy necesitado de apuntalar a Martín Insaurralde, otro intendente en posición protagónica. La cuestión era mejorar de cara a octubre los niveles de inseguridad, o al menos mostrar la intención de hacerlo, o de mínima dejar de negarlos como hizo el discurso que bajó estos años desde la Casa Rosada.

Cristina tuvo que aceptar que el nuevo ministro fuese Granados, que llega con un discurso y un perfil que lo convierten en el nuevo garante de la Bonaerense: le promete respaldo operativo y acceso a recursos de diverso origen.

Para la Policía, esas garantías son música celestial. Pero el cambio significa una fuerte reversión de la política de estos años, según la cual la Bonaerense era parte del problema antes que de la solución, estaba sospechada por principio y se la debía poner bajo férreo control civil.

Ese planteo teórico puede ser correcto y elogiable. Pero los resultados están a la vista: todo marcha peor que antes. Y eso tiene impacto directo en la derrota electoral, según dijeron los propios intendentes. Entonces se modifica el relato. Es otra bandera arriada. Pero Cristina esconde un pragmatismo duro bajo su verba encendida, sus críticas a los medios que no la adulan y su fascinación romántica por Manuel Belgrano. Se perdió una elección y hay que evitar que la caída se ahonde demasiado en la que viene, porque el poder puede terminar de derretirse antes de tiempo.

A ese dios electoral se sacrifica todo lo que sea necesario.

El nombramiento de Granados fue presentado por Scioli como un hecho consumado y Cristina no tuvo cómo ni con quién oponerse, como hubiese sido su deseo. Pero una vez tomada la decisión, la Presidenta hizo lo necesario para sostenerla. Incluso habría hablado con la esposa de Granados, la diputada Dulce Visconti, para suavizar algún bravo entredicho familiar porque ella, al parecer, se enteró por la televisión que su marido pasaba de intendente a ministro.

El pragmatismo de Cristina adquiere mayor dimensión todavía si se considera que el compromiso asumido por Granados significa, no sólo el ascenso de los intendentes como categoría política, sino la decisión de los jefes municipales peronistas de jugar a fondo la carta de Scioli candidato a presidente en 2015, fumigando todo atisbo de continuidad del orden kirchnerista imperante.

Ya en funciones, Granados fue a los bifes. Restauró las posiciones de poder de gestiones anteriores en la Bonaerense. Instaló fuerte la idea de que la Policía, en los municipios, tiene que estar bajo control directo de cada intendente. Y empezó a transmitirles a sus colegas sus propias experiencias en Ezeiza.

El jefe de uno de los distritos más importantes de la Provincia contó, hasta con asombro, algunos de los consejos que recibió de Granados.

Por ejemplo, le dijo que entregara una tarjeta del Plan Alimentos a cada policía asignado a su territorio. Esas tarjetas habilitan compras básicas en determinados comercios por alrededor de 400 pesos al mes. Están destinadas a sectores de muy bajos recursos. La idea de Granados es que también funcionen de hecho como un suplemento salarial para la Policía, costeado por el municipio.

También le recomendó premiar a los agentes que conserven en buenas condiciones sus patrulleros y motos. Explicó que él, en Ezeiza, hace una revisión mensual de esos móviles. Y les da 1.000 pesos a cada uno que los presente libres de abolladuras y otros destrozos. Los policías encuentran siempre un taller amigo que les arregle eventuales daños, y al municipio le sale más barato y más rápido que sumergirse en la maraña burocrática de la reparación reglamentaria. ¿De dónde salen esos 1.000 pesos para cada agente cumplidor? El intendente tiene que apelar a su imaginación y conseguirlos.

“La Policía te va a responder en la medida que vos les des algo, que haya cosas para ellos que dependan de vos”, vendría a ser la filosofía Granados sobre el trato con la Bonaerense.

Habrá que ver si este giro tan pronunciado dará el resultado electoral inmediato que sueña el Gobierno. Es difícil saberlo todavía, aunque si hay que guiarse por lo que están mostrando las encuestas, el impacto benéfico sería por ahora bastante limitado.

El director de una consultora líder, que trabaja tanto para el oficialismo como para alguna oposición, sostiene que los refuerzos de Gendarmería en el Gran Buenos Aires y el cambio de libreto en seguridad son bien recibidos, pero no mueven el amperímetro de la tendencia electoral que ya se expresó en agosto.

Otro consultor, que trabaja para candidatos peronistas, sostiene que en sus sondeos la gente dice que Cristina hizo los cambios en seguridad apremiada por la necesidad electoral.

En la misma línea, una medición de hace dos semanas de Management & Fit mostró que el 67,9% de los encuestados en Provincia dijeron que el objetivo de estos cambios fue ”conseguir votos”. Apenas el 22,5% afirmó que lo que se buscaba era “mejorar la seguridad”.

En todo caso, el efecto positivo que pudo existir fue en parte neutralizado desde el mismo núcleo duro del cristinismo, cuando con impulso de la Casa Rosada salió a dinamitar la propuesta de Insaurralde de discutir una baja en la edad de imputabilidad de menores involucrados el delitos violentos.

Según la mencionada encuesta de Management & Fit, el 67,5% se mostró de acuerdo con esa idea. Recuérdese que Insaurralde tuvo apenas el 29,6% de votos en las PASO de agosto. Pero pudo más el encorsetamiento ideológico y la penalización al candidato por haberse acercado demasiado a Scioli. La iniciativa de Insaurralde pasó a mejor vida.

Uno de los expertos igual dice que hay que esperar un poco. Que las mejoras que dio el Gobierno y significarán 700 pesos extra que en promedio van a entrar en el bolsillo de los trabajadores de ingresos medios, a principios de octubre, pueden surtir más efecto que la apurada parafernalia de la seguridad.

Pero los tres consultores requeridos por Clarín coincidieron en señalar que la tendencia electoral está consolidada. Que los esfuerzos y sobreactuaciones pueden ser en vano. Y que la diferencia de Massa sobre Insaurralde se mantiene en el orden de los 10 a 12 puntos, más del doble que en las primarias.

El más veterano de estos expertos dijo, sobre el impacto que puedan tener las medidas del Gobierno y los artilugios propios de la campaña: “Son muy pocos los que están confundidos, la gente votó en agosto sabiendo lo que hacía”.

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