Uno de los primeros en disparar declaraciones políticas fue el intendente posadeño, Orlando Franco, quien expresó desconocer el decreto firmado por su jefe político Maurice Closs, pero igualmente fundamentó las salidas transitorias de presos: “Me parece justo que se cumpla con la legislación… entiendo que el régimen carcelario está regido por una legislación, no se, si por un decreto o una ley nacional o provincial, pero hay que cumplirla, en tanto y en cuanto estén establecidos los términos de cumplimiento”. Ante la pregunta si estaba de acuerdo que salgan para actos proselitistas, el jefe comunal respondió: “a mí lo que me parece justo es el cumplimiento a la legislación vigente”.

Otro de los que disparó opiniones, pero disímiles a las del intendente, fue el Ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta. “No coincido que al mes de estar detenido una persona por un crimen y con sentencia firme, salga a actos políticos… no me parece correcto”, sentenció el funcionario renovador.

Destacó que “la resocialización de un detenido depende del delito que haya cometido, porque la cárcel no tendría que tener un carácter punitivo. Pero creo que eso también debe ajustarse a los criterios de razonabilidad”. Aclaró además que “depende de la causa por la cual recibe una sentencia, toda persona debe ser respetado y la propia constitución prevé cárceles limpias, la posibilidad de educarse… pero de ahí a salir para actos políticos no me parece correcto”, finalizó.

En tanto reconocidos colegiados de la provincia también dieron su opinión. Discutieron la situación el abogado penalista Jacobo Mass y el ex presidente del Colegio del Abogados Isaac Lenguaza. El primero aclaró que la orden para liberar a un contraventor “debe ser establecida por un juez”. Agregó: “Lo que hizo Closs es desconocer la naturaleza de la contravención. El gobernador lo único que puede hacer es conmutar penas (rebajar), que en la historia de la provincia nunca se hizo”.

Afirmó también que el decreto 584 del 24 de mayo de este año, es inconstitucional y viola el principio de independencia de los poderes. Mass destacó que el gobernador no puede autorizar la salida transitoria de un detenido por una falta contravencional, dado que esto es potestad del juzgado de Paz que ordenó la detención. En este sentido, el abogado penalista explicó que el decreto que permite la salida transitoria de contraventores para participar en actos proselitistas del partido gobernante, “desconoce la naturaleza de una contravención, que es una falta administrativa. El gobernador sólo puede conmutar penas”, consignó, reiterando que el decreto es ilegal y que el juez de Paz “puede desobedecer la orden porque hay un conflicto de poderes.”

En tanto Isaac Lenguaza confirmó que no corresponde que un Gobernador autorice la salida de presos sea cual sea el motivo; "el único que puede autorizar o no este tipo de salidas es un juez", sostuvo. "No corresponde que un Gobernador arrogue facultades jurisdiccionales", agregó.

Lenguaza advirtió además que existen importantes riesgos en cuanto a la seguridad tanto del detenido como de la sociedad, "nunca se dio que una persona que hace poco tiempo está procesada o con condena por algún delito aberrante pueda tener este tipo de salidas", ejemplificó. "Puede tratarse de una causa contravencional, pero de la libertad de esa persona puede surgir un daño para él mismo o para terceros", añadió.

Por último, el juez de Instrucción Nº 1, Marcelo Cardozo, consideró desde su experiencia que “ahora estamos ante un nuevo criterio visto desde los derechos humanos que son nuevos principios y que pueden chocar con la cultura de nuestra sociedad. Creo que tenemos que tener una apertura hacia los derechos humanos y hacia la integridad de las personas que es la dignidad... no te puedo decir si está bien o mal, pero hay que apuntar hacia estos principios”.