Es un gran paso la ley que promete la indemnización a víctimas y familiares

Es un gran paso la ley que promete la indemnización a víctimas y familiares
El abogado chaqueño Carlos Díaz, quien investigó y presentó ante tribunales de Buenos Aires una demanda en representación de las víctimas del bombardeo del 16 de junio de 1955 a la Plaza de Mayo, calificó el anuncio del secretario nacional de Derechos Humanos, Luis Duhalde, como un gran paso reivindicatorio "del atentado más trágico del siglo XX".
Mientras tanto, y paradójicamente, la causa judicial que patrocina Díaz se encuentra en instancia de apelación, luego de haber tenido tratamiento favorable en un tribunal de primera instancia, porque el mismo Estado nacional busca bloquear el reclamo de resarcimiento.

Matanza oculta

Díaz, en declaraciones a FM Universidad, recordó que aquel día aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea "iniciaron el atentado terrorista más importante y trágico que haya conocido el continente americano en el siglo XX. Esa es la dimensión de este hecho trágico de la historia argentina, que fue tan oculto en el lugar más público de la Argentina".

En esa jornada negra, también se ametralló el edificio de la CGT, la Jefatura de la Policía Federal, la zona de la actual Biblioteca Nacional (donde estaba la residencia oficial del presidente) y los aviones incluso dispararon sobre la gente que huía de la plaza hacia otros puntos del país.

El abogado dijo que en el bombardeo participaron alrededor de 25 aviones, y planteó que es inexacta la versión que habla de 364 civiles muertos en el atentado, y más de 800 heridos. "Lo que investigamos es que hubo 2.132 afectados, entre muertos y heridos. Pero fue muy difícil reconstruir este número, porque luego del 19 de septiembre, cuando llegó la autodenominada Revolución Libertadora, se secuestraron los libros de guardia de los principales hospitales de Buenos Aires. Algunos, como el del Argerich, se pudieron conservar, pero muchos fueron destruidos", comentó.

"En cuanto a muertos, entre civiles y militares, hablamos de 850 personas aproximadamente. Fue una masacre en una ciudad abierta, en un día normal, en que no había ni concentraciones ni era feriado. Fue sorpresivo y un hecho muy desgraciado, que a los argentinos nos hace bien recordar", agregó.

Víctima chaqueña

En aquella matanza cayó un integrante de la guardia presidencial que era chaqueño. Era un joven que cumplía el servicio militar como granadero. Era oriundo de Villa Angela, y familiares suyos aún están con vida. "El muere tratando de custodiar la Casa de Gobierno, cuando Perón ya no estaba, pero no se quería entregar ese bastión ante el avance de la Infantería de Marina, que tenía ametralladoras. Los granaderos como armas tenían los viejos Mauser modelo 1914. El chaqueño tuvo una actitud heroica, porque una ametralladora de pie había quedado en el colectivo en el que habían llegado granaderos a la Casa de Gobierno. El baja con todo el grupo, pero vuelve al colectivo con esta ametralladora, y lamentablemente, al volver, en las escalinatas del ingreso por calle Balcarce, es herido en el vientre y queda casi cinco horas desangrándose, porque la Infantería de Marina no permitía recoger a los heridos", contó Díaz.

También refirió que el muchacho fue finalmente atendido por un cirujano de mucho prestigio en la época, pero un mes y medio después fallece como consecuencia de las heridas recibidas.

En el bombardeo también fue destrozado un trolebús donde murieron 60 personas, que en gran porcentaje eran niños que iban al turno tarde de una escuela.

El Estado apeló

La presentación judicial por una reparación para las víctimas o sus familiares se formuló ya años atrás, y no tuvo eco en primera instancia, por lo que fue apelada por el Estado nacional ante la Cámara Contencioso Administrativa de la Nación.

"Creo que el anuncio del gobierno nacional sobre la indemnización es un paso muy importante. Nosotros contribuimos con muchos elementos, no sólo a la película que se hizo sobre el tema, ‘Maten a Perón’, que se hizo en 2006", comentó Díaz.

El abogado dijo que por la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad "a nivel de indemnización por el Estado había llegado hasta los fusilamientos de 1956, pero no hasta las víctimas de Plaza de Mayo. Fue un crimen de lesa humanidad porque fue perpetrado por elementos y personal del Estado".

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