La gran estafa inventada

Por Manuel Garrido

Los jueces pueden equivocarse. Y también pueden prevaricar, torciendo a sabiendas la aplicación del derecho. Lo que es inadmisible es la descalificación y la denuncia calumniosa, que cuando parten de otro poder del Estado dejan de ser una reacción destemplada.

En momentos como éste se pone a prueba el alegado respeto por la división de poderes y por la independencia del Poder Judicial. Está claro, como recordó hace poco el ministro de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt, que los jueces pueden equivocarse. Y también pueden prevaricar, torciendo a sabiendas la aplicación del derecho.

Es sabido que contra esas decisiones existen los recursos, a fin de que otros jueces revisen las decisiones con las que las partes no estén de acuerdo.

Y si los jueces delinquen, existen otros mecanismos para hacer efectiva su responsabilidad sobre la base de pruebas concretas que demuestren las irregularidades que éstos podrían haber cometido.

Lo que es inadmisible es la descalificación y la denuncia calumniosa, que cuando parten de otro poder del Estado dejan de ser una reacción destemplada ante una decisión que no se comparte para constituir un avance amenazador y disuasor de decisiones independientes.

En un contexto en el que el propio Poder Ejecutivo ha venido denostando la "judicialización de la política", es por lo menos paradojal que recurra a los propios jueces con una denuncia contra un diputado de la oposición y una jueza, atribuyéndoles el delito de estafa sobre la base de la adopción de un tipo de trámite previsto por la ley procesal.

Se afirma la existencia de un ardid para posibilitar la recusación de uno de los camaristas que debían intervenir.

La atribución de este delito no tiene ni pies ni cabeza, al no darse ninguno de los elementos necesarios para que exista: fundamentalmente, que alguien incurra en un error y una disposición patrimonial que perjudique a la propiedad de alguna persona. En el origen de todo este conflicto está, por el contrario, el bloqueo de una disposición de ese tipo.

Es claro que solicitar algo a una jueza y que ésta lo conceda, aunque mediara un engaño o incluso un acuerdo, no transforma eso en una estafa o un desbaratamiento de derechos acordados, como pretende la denuncia formulada.

La imparcialidad de los jueces, garantizada por la excusación o la recusación del juez afectado por una sospecha de parcialidad, es una garantía que no depende de la índole del trámite judicial que se adopte.

Que el jefe de los abogados del Estado estampe su firma al pie de semejante "berretada" revela una increíble impericia que debería ser corregida por los jueces ante los que sin respeto alguno semejante libelo ha sido presentado y por el Congreso, que tiene facultades para pedir explicaciones al responsable.

Como alecciona Martín Fierro: "Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar."

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