“Entiendo que es en el Concejo donde se encuentran representadas la totalidad de las expresiones políticas votadas legítimamente junto a mi cargo de Intendente Municipal y es el ámbito adecuado para este planteo, de cara al pueblo, para discutir todas las dudas sobre las responsabilidades de los saqueos y sus posteriores consecuencias”, agregó el jefe comunal en dicha misiva.

Y continuó exponiendo que “estos no son tiempos para el silencio y la especulación, considero a éste como un paso primordial para que la ciudadanía a través de sus representantes tenga las cosas claras y podamos intercambiar, de cara al pueblo, dando todas las explicaciones que correspondan”.

“Necesitamos que Bariloche vuelva rápidamente a la normalidad institucional y sea garantizada la gobernabilidad para seguir desarrollando el cargo para el que fui elegido y de esa forma cumplir con la normal continuidad del funcionamiento de las instituciones democráticas”, consideró Omar Goye.

El pedido del jefe de la ciudad, llega luego de que él mismo informara a través de un comunicado, que la Justicia determinó que la seguridad pública es competencia del Estado Provincial.

Según el propio comunicado del municipio, se aclaró esta definición de la justicia, “a los efectos de ilustrar, ante informaciones y comentarios -algunos errados y otros, malintencionados- referido a mis responsabilidades (Omar Goye) que en el expediente referido a los saqueos ocurridos el 20 de diciembre de 2012 y ante una serie de pedidos de mi parte, la justicia ha determinado y dejado en claro, lo que transcribo textualmente en su parte pertinente, "...3 de enero de 2013. La seguridad pública constituye una competencia propia del Estado Provincial.".

Cabe mencionar además, que Goye se anticipó a un posible análisis de un proyecto de revocatoria de mandato, y objetó la participación de cuatro concejales. Con argumentos que no utilizó en otro momento a pesar de los cruces que sostuvo con estos ediles, el jefe comunal planteó a Carlos Váleri, Alfredo Martín, y Diego Benítez (todos del Frente Grande), y Mauro González (PCV) que se abstengan de participar en el proceso, bajo la advertencia de judicialización.

En su nota, Goye aseguró que se encuentran inhabilitados para participar en un proceso de debate y votación sobre su posible revocatoria de mandato, ya que, en el caso del Frente Grande, la integración de esa bancada no respeta el cupo femenino. El Intendente argumentó la violación de normativas locales, provinciales, nacionales, y hasta de declaraciones internacionales, para criticar que el bloque no esté también integrado por mujeres.

Es que al momento de integrarse la bancada, Silvia Paz renunció ya que fue electa legisladora, mientras que Mara Bou -referente de la APDH- optó por no asumir.

Así, desde diciembre de 2011, el bloque está formado por Váleri, Martín y Benítez. Nunca Goye objetó las ordenanzas emanadas del Concejo por esta situación particular.

En el caso de González, el pedido para que se abstenga de participar del proceso de revocatoria, es aún más llamativo: Le objeta que “su función como edil es incompatible al integrar el Consejo de Administración de la Cooperativa Nuestra Tierra”, y que formó parte del proyecto Valle Azul