El pez gordo II

Oscar Alejandro Poletti sigue los pasos de su padre. Otro pez gordo que pudo evitar las tibias acciones de un Tribunal Oral Federal que lo había acusado de desbaratar los derechos prendarios del Banco Nación.
Logró la prescripción simplemente porque la causa fue a parar al lugar indicado: el presidente del cuerpo de magistrados había sido, oportunamente, abogado de su papá.

La semana anterior, la investigación central de este medio detallaba con creces la manera en que Oscar Ernesto Poletti y Héctor Antonio, titulares de la firma Estrella de Mar, habían salido ilesos de la acusación correspondiente a su responsabilidad en la llamada Operación Langostino. Tras un intento de envío por barco a Europa del cargamento de cocaína más grande que se recuerde, los peces gordos habían salido a flote gracias a sus relaciones con el cardumen.

No es posible dejar de lado que Héctor Antonio tampoco es un peso mosca. Es titular de la firma Pescafina S.A., que está relacionada con Conarpesa, la empresa denunciada por vinculaciones con el mundo del narcotráfico, y también acusada por el asesinato de Cacho Espinosa a través de resonantes declaraciones de Elisa Carrió. Hasta la fecha, esas palabras jamás fueron desmentidas por las empresas, cuyos contactos con los poderes Ejecutivo y Judicial las mantienen eternamente a salvo.

Ya en 1993, Poletti padre y Antonio habían sido procesados por una quiebra fraudulenta de la misma firma, y en la oportunidad habían sido defendidos respectivamente por los actuales jueces federales Roberto Falcone y Mario Portela. Obviamente, ellos aún no habían recibido sus nombramientos consagratorios de parte del ex presidente Carlos Menem.

El nene

Esta vez hay que relatar la historia del hijo del pez, que para colmo de males se llama igual. Como la justicia nunca descansa, parecía que al apellido Poletti le llegaría la hora de la verdad a través del Juzgado Federal Nº 1 de Daniel Vázquez, bajo la secretaría de Marcelo Riquert. Ellos iniciaron acciones oportunas contra Oscar Alejandro Poletti a principio de los noventa: estaba acusado de llevar a cabo una escandalosa estafa prendaria, como presidente de la firma Bolívar S.A.

El pescado gordito había hecho desaparecer maquinarias que debían resultar garantía de respaldo para una deuda contraída frente al Banco Nación. Ante el cese de pago y la mora prudencial, la entidad acreedora pretendió ejecutar los bienes, pero Poletti hijo los había hecho desvanecerse. Adujo que los había cambiado de lugar por cuestiones prácticas ante el cierre de una planta, pero el juez le aclaró que tal maniobra no podía realizarse sin una autorización expresa del banco, que jamás había sido solicitada, y lo procesó.

Para más datos, la causa pareció agravarse cuando los oficiales de justicia verificaron que los compresores y congeladores en cuestión habían sido hallados en un domicilio de la Capital Federal diferente al consignado en los documentos, y que, en algunos casos, los números de serie de las maquinarias habían sido rayados.

La causa fue enviada en 1995 al Tribunal Oral Federal. Sí, el mismo que integran Falcone, Portela y Parra. Fue recibida por el primero de ellos, a la sazón presidente del cuerpo, quien elegantemente se excusó de intervenir, e hizo constar como causal "guardar relación de amistad con la progenitora del imputado". Es decir, con Stella Maris Miralles.

Es posible afirmar que el juez ocultaba la realidad, porque la verdadera razón que lo inhibía era que él, Falcone, había sido el defensor de Poletti padre en el caso de la quiebra fraudulenta de la empresa pesquera Estrella de Mar, de la cual era titular. Se había tratado de un caso lamentable, que dejaba en la calle a numerosos empleados de planta y embarcados, que aún reclaman sus correspondientes indemnizaciones en la puerta de tribunales, sin que a nadie parezca importarle.

Inmediatamente, Parra y Portela aceptaron la excusación sin hacer demasiadas preguntas. Pero la causa oculta no podía salir a la luz, porque de haberlo hecho hubiera provocado que inmediatamente también Mario Portela estuviera obligado a excusarse: había defendido en la misma causa al socio copropietario de la empresa Estrella de Mar, Héctor Antonio, por la falsa quiebra.

Juez y parte

Se sabe que en ocasión de la Operación Langostino, Mario Portela –que todavía no integraba el tribunal, obviamente- había ofrecido discretamente sus servicios, a través de un vecino: solicitaba el pago de u$s10. 000 para liberar rápidamente a Roberto Quesada, el ingeniero agrónomo que terminó purgando varios años de cárcel sin que tuviera responsabilidad alguna con la causa de la cocaína en cuestión.

También consta que en 1993, cuando los pliegos de Falcone y Portela fueron elevados por primera vez ante el Senado de la Nación por el entonces presidente Carlos Menem, fueron inmediatamente impugnados, pues se pudo comprobar que ambos eran abogados de varios otros empresarios pesqueros. El Tribunal Oral que integrarían sería el cuerpo colegiado que entendería en las causas de derecho penal tributario. En aquel momento, las impugnaciones de los hoy jueces partieron de Carlos Barboza (SICONARA) y Abdul Saravia (SOIP).

Pero Falcone y Portela, miembros del cardumen, contaban también con su barra a favor: el grupo de Jorge Antonio, que se aseguraba así la parcialidad para él y su familia. Los resultados son evidentes, ya que hasta la fecha no hay ninguna condena para empresarios de la pesca por cuestiones de evasión impositiva, ni por las retenciones indebidas de cuotas de la obra social.

Por eso es que no sorprende que, ya devenido juez federal, Portela terminara entendiendo en la causa de Poletti hijo, que había designado como abogado defensor a Armando Zelaya. Para ese entonces era 1998, es decir que habían pasado casi tres años desde que el tribunal había recibido la causa, y en ese lapso sólo había puesto en juego su inacción y el tiempo perdido en la excusación.

El siguiente paso fue hacer pasar aun más tiempo, hasta que Poletti decidió que, cumplida la prescripción, se revocara la designación de Zelaya. Por alguna razón nombró en su lugar a Adrián Falcone, hermano del juez excusado. De hecho, la evidencia dice que fijó domicilio legal en Independencia 2877, estudio que hasta 2002 estuvo a nombre de Roberto Falcone, a pesar de que era juez desde el ‘94.

De allí en más, poco resta para imaginar. El abogado Falcone esperó al 2003 haciendo uso de las eternas demoras del tribunal, y presentó un escrito escueto en el que dejaba constancia de que, desde el 13 de diciembre de 1995 hasta esa fecha, no había habido ningún acto que interrumpiera la prescripción, por lo que se habían cumplido con exceso los plazos previstos. Todo este eterno período antes de la caducidad había trascurrido con el expediente en el tribunal de los mismos jueces que habían defendido en su momento al padre del imputado y a su socio.

Así son las cosas. Cualquier pescado menor que hubiera trasladado un bien afectado como garantía prendaria por una deuda bancaria, hubiera pagado las consecuencias durante largos años. Pero en este caso, vale más ser el hijo del dueño del cardumen. Cualquiera que tuviera que pagar una deuda semejante, no tendría más remedio que poner peso sobre peso, pero como se ha dicho, no sucede lo mismo si hablamos de un pez gordo. O del hijo.

Cuando uno es un pez suculento, los vínculos llegan a todas partes: se puede estar con Dios y con el diablo, con el que vende la droga y con el que pone la condena.

No hay más que decir. Porque la realidad cruel demuestra que quien dispone de la puerta del cardumen, pone sus condiciones para ingresar a él.

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