Golpe al Parlamento: la Corte chavista anula leyes sancionadas por la mayoría opositora

Golpe al Parlamento: la Corte chavista anula leyes sancionadas por la mayoría opositora

No reconoce la asunción de tres diputados y por eso sostiene que las normas son ilegales. La oposición se declaró en rebeldía y no acatará el fallo.

El choque entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se avivó ayer en Venezuela. La Asamblea Nacional ha rechazado el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anula todos los actos y las leyes que ha promulgado, y lo ha denunciado como un golpe de Estado contra el Parlamento, no contra la mayoría opositora que lo controla desde enero, sino contra el pueblo que lo eligió el pasado 6 de diciembre.

El Parlamento se ha declarado en rebeldía y no acatará las decisiones del Poder Judicial. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, aseguró que el supremo tribunal carece de legitimidad.

“La desarticulación del Parlamento constituye un golpe de Estado de facto que inhabilita la eficiencia del Poder Legislativo. Con este golpe de Estado del TSJ a la Asamblea Nacional se castra la voluntad popular y se desvirtúa el sufragio”, afirmó Simón Calzadilla, segundo vicepresidente del legislativo.

El TSJ aprovechó una sentencia en la que declaró nula una reforma de la ley que le reserva al Estado la explotación y exploración del oro, aprobada por la mayoría opositora, para establecer que todos los actos futuros del Parlamento serán “inconstitucionales y nulos”, hasta que acaten la resolución de la Sala Electoral, dictada en enero, que prohíbe la juramentación de tres parlamentarios opositores y uno del chavismo en Amazonas mientras se decide un reclamo sobre un supuesto fraude en las elecciones legislativas de diciembre.

Se trata de un paso más en un choque de poderes que ya se había iniciado en enero, cuando asumió la nueva Asamblea surgida de esos comicios en los que, por primera vez desde la llegada del chavismo al poder, ganó la oposición. En ese momento, el diputado Diosdado Cabello, figura clave del chavismo, ya había advertido que el Ejecutivo no aceptaría la legalidad de las leyes dictadas por el Parlamento.

El viernes pasado, la Sala Constitucional declaró “inconstitucionales y, por ende, nulos, los actos emanados de la AN, incluyendo las leyes sancionadas desde el 28 de julio, fecha en la que se incorporaron Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, cuya proclamación como diputados está suspendida mientras se decide la impugnación del proceso electoral”. El tribunal agregó que la asunción de estos tres diputados “configuró un desacato” a una sentencia dictada por la Sala Electoral.

La incorporación de estos tres legisladores de Amazonas permite conformar la mayoría absoluta de la bancada opositora con la cual el Parlamento puede legislar en contra de los intereses del chavismo, hasta enjuiciar y destituir al presidente Nicolás Maduro. Esta es la razón por la cual el gobierno busca restar estos escaños.

Calzadilla resaltó que en el Legislativo se han ajustado a sus potestades sin contraponerse al Estado: “Lo que más sorprende de esta postura del TSJ es que está plenamente asociada a la vocería política del gobierno y el PSUV (el partido oficialista). El cúmulo de leyes que pretenden inhabilitarse tienen un alto contenido social y son para el pueblo, con lo cual estas acciones de nulidad forman parte de las contradicciones del oficialismo”.

El legislador señaló que si el TSJ asume la orden de Maduro de quitar la inmunidad a los diputados, “sería un punto de quiebre y Venezuela terminaría de convertirse en un Estado forajido”. Coincidió con el diputado Ángel Medina en que la arremetida hacia la AN constituye un elemento más para activar el revocatorio de Maduro. Esta nueva lucha de poderes coincidió ayer con otra marcha para exigir una fecha para el referendo.

“La persecución judicial contra la Asamblea se traduce en sentencias propias de un golpe de Estado estructurado. Si se consolida el plan contra el Parlamento se evidenciaría el golpe final de la dictadura. Vivimos la peor etapa de la autocracia”, indicó Medina. Consideró que la lucha es en la calle.

“No será la última decisión del Poder Judicial contra el Parlamento. Esos magistrados se agarran de cualquier cosa, como la presencia de los diputados de Amazonas, para desconocer a la Asamblea. Como sus actos están viciados, sus magistrados carecen de credenciales y porque violan la Constitución no nos someteremos a ese poder”, afirmó el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup. Señaló que el TSJ no goza de legitimidad, ni de origen, ni de desempeño. “De los 7 magistrados de la Sala Constitucional solo uno cumple requisitos legales”, agregó.

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