Golpe directo

El mismo día en que se inicia el segundo periodo legislativo de la intendencia de Carlos Fernando Arroyo, desde el fuero contencioso administrativo le dictan un ukase de violencia institucional extrema, abriendo así la puerta a una nueva etapa de acoso y derribo cuando ya las estrategias destituyentes parecían agotadas.

Marcelo Fernández, juez del Tribunal 2 de Mar del Plata, se expidió ante la presentación de los integrantes de Acción Marplatense Leandro Laserna y Marcelo Artime, unidos en la búsqueda de un tema que les dé carnadura ante el electorado de la ciudad. Nada curiosamente fueron los voceros mediáticos de la novedad judicial a partir del mediodía de ayer.

Así como no fue casualidad que el fiscal federal Di Lello imputara a Mauricio Macri el mismo día de la Asamblea Legislativa, tampoco lo es retrotraer en la ciudad la tarifa del boleto por seis meses. No hay casualidad en el universo del poder y la colusión de interés que forjo Gustavo Arnaldo Pulti en estos años tiene fuerte apalancamiento en entresijos del Poder Judicial.

En esta resolución hay un interrogante crucial. ¿Cuál es la motivación que da pábulo a la denuncia? Laserna y Artime no son usuarios del sistema de transportes, son actores políticos con interés específico integrantes de una administración fraudulenta y oprobiosa que, sin fuerza en el Concejo Deliberante, actúa por fuera, apalancándose en el Poder Judicial armado en estos años por el kirchnerismo y hoy fanatizado en voltear al gobierno.

Sin entrar en el debate de fondo alegado por el magistrado, vale señalar que, por caso Bahía Blanca, arrancó 2017 con una nueva tarifa de colectivo, que tendrá el boleto plano en $12,55, tras ser aprobado en el Concejo Deliberante en diciembre de 2016. Durante 2016, el boleto sufrió dos aumentos, que trepó en su valor en un 93%, primero en enero de $ 6,50 a $ 8,80, y en diciembre hasta su costo actual. Además, quienes no tengan su tarjeta personalizada (Urbana o SUBE) pagarán los mencionados $ 2,55 en la primera sección, $14,10 para la segunda, y para las demás $14,85.

Podría aburrir con datos de aumentos de tarifa en Córdoba o Rosario, donde hay unidad de poder político y la justicia no está para operaciones maliciosas. Los seis meses que se da para resolver la cuestión del valor del boleto el juez Marcelo Fernández, son clavados los que hay entre este momento y la elección de octubre. Es claro que la medida -que en su articulado dice que lo que es nulo es la ordenanza, no el aumento- busca provocar que la ratificación de la nueva tarifa sea por la vía del decreto, que dejaría expuesto al intendente al baladí argumento político de “Arroyo aumentó el boleto y perjudica al pueblo”.

Hacer política en este presente estado de indefensión jurídica al que está expuesta esta gestión, es violencia. Que quienes vaciaron las arcas públicas se erijan falsamente en defensores del vecino de a pie es cruel, cínico y políticamente violento. Lo es.

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