Godoy quiere que Salta Forestal pague no menos del 10% de sus ganancias

El presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, presentó un proyecto de ley en el que se establece que "los arriendos anuales de tierras de propiedad de la Provincia, con destino a la agricultura o ganadería, no podrán ser inferiores al 10 % del valor de la producción anual que se realice en dichos predios".
La iniciativa aparece en el acta de Labor Parlamentaria y podría ser tratada en la sesión de mañana.

Aunque la norma plantea un marco legal general para este tipo de explotaciones, está claro que la motivación parte de una situación en particular: la explotación de tierras provinciales en el departamento de Anta, conocida como Salta Forestal.

En los últimos meses, Godoy se había pronunciado al respecto en reiteradas oportunidades, cuestionando que la familia del diputado nacional electo, Alfredo Olmedo, que tiene parte de la concesión del emprendimiento, no pagara nada por su explotación a pesar de las altas ganancias que obtenía. El presidente de la cámara baja había tenido un duro cruce con Olmedo, luego de que en diversos medios de comunicación asegurara que el contrato de Salta Forestal debía ser renegociado, y de haber anticipado que realizaría las gestiones necesarias para que le cobrara un canon.

Ahora, con la presentación de esta norma, Godoy pretende que el canon que paga Olmedo no pueda ser inferior al 10% de sus ganancias. "Existen vastas tierras de la provincia que son explotadas por privados, con considerables rendimientos, y no generan para la provincia un ingreso acorde a esas utilidades", explica el diputado en los fundamentos de la norma. La iniciativa plantea que lo recaudado sea destinado a la lucha contra las adicciones y a la promoción de actividades culturales.

La explotación de Salta Forestal está hoy en manos de dos empresas, Cervera y Olmedo, las cuales no pagaban de ningún tributo al estado salteño, según el contrato que firmaron con el ex gobernador, Juan Carlos Romero.

Sin embargo, ya en esta gestión, la desaparecida Unidad de Renegociación de Contratos (UNIREN) obligó a Cervera a pagar un canon equivalente a un quintal de soja por hectárea cosechada. Sin embargo, la empresa de la familia Olmedo se negó a aceptar las modificaciones al contrato. Entre otras irregularidades encontradas, una inspección determinó que sólo existen 200 hectáreas forestadas, en las que no se realiza actividad ganadera, sino que se ha plantado soja.

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