A días de la iniciativa expresada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, ahora en la provincia de Buenos Aires buscarán avanzar en el mismo sentido respecto al eventual fin de la feria judicial.

Precisamente, el diputado provincial por Cambiemos, Guillermo Castello presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para suprimir la feria judicial que interrumpe la administración de justicia durante 30 días en verano y 15 en invierno.

El diputado argumentó que "en medio de los serios cuestionamientos que enfrenta hoy la administración de Justicia y del exagerado número de expedientes que se acumulan y que hacen colapsar los juzgados, una parálisis judicial de 45 días, que implica una interrupción de una sexta parte del trabajo anual del sector, no tiene justificación posible y la cuestión debe ser analizada seriamente y sin prejuicios, no con espíritu corporativo".

En esa línea, resaltó: "El sistema judicial funciona sólo 190 días al año si se descuentan feriados, asuetos y recesos, lo cual resulta incompatible con el concepto de acceso amplio y generalizado a la justicia".

 Las ferias limitan el derecho constitucional de acceso a la Justicia

Finalmente, Castello consideró que "las ferias limitan el derecho constitucional de acceso a la Justicia y estos tiempos muertos del sistema judicial son incompatibles con un servicio público ágil y eficaz que responda a la necesidad social de resolución de conflictos".

Días atrás, el ministro de Justicia, Germán Garavano, reconoció que el gobierno nacional impulsará una reforma para suprimir la feria judicial: "Hay que debatir cómo darle agilidad a la Justicia y que la rueda judicial no se deje de mover, generando un grave perjuicio para los ciudadanos. Se plantea discutir cómo podemos hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público tantos días", admitió el funcionario.

La iniciativa forma parte de una de las tantas medidas diseñadas de cara a la plataforma Justicia 2020 y aún su implementación resulta un misterio.

Justicia 2020 es un proyecto diseñado por el Gobierno nacional, cuyo objetivo es "incorporar el aspecto social en la administración del derecho e incluye medidas relacionadas con la prevención del delito e inclusión de las minorías" según se informó mediante un comunicado oficial.

En contraparte, el titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo, había hecho una curiosa defensa de la continuidad de la feria judicial: "Eliminar la feria es complicado porque se trata de un derecho adquirido. Para los abogados que caminan los tribunales es difícil trabajar bajo el rayo del sol en enero".