El Gobierno vetará la emergencia rural

El Gobierno vetará la emergencia rural
Aníbal Fernández dijo que la ley "es pésima y deja huecos por todos lados"; airada reacción de la oposición y de los productores
El Gobierno confirmó ayer que avanzará con el "veto total" de la ley que suspende la aplicación de retenciones a gran parte de los productores agropecuarios bonaerenses, y profundizó la tensión con la cúpula de la dirigencia rural y los líderes de la oposición.

"La ley es pésima y deja huecos por todos lados", se quejó ayer Aníbal Fernández. El jefe de Gabinete hizo pública, a primera hora, la decisión del matrimonio presidencial. "En ninguna condición uno puede aceptar un proyecto de estas características, que sabe cómo empieza y nunca cómo termina", justificó, en declaraciones radiales. Y terminó la entrevista con una frase terminante: "El veto será total".

En la Casa Rosada culpan por el "error" a los legisladores oficialistas. "No quiero hacer calificaciones de lo sucedido en el Congreso. Sabrán cuáles son las razones y por qué se llegó al punto al que se llegó, pero tengo muy claro que la norma es de muy mala factura y nos obliga a vetarla", insistió ayer Fernández.

Como adelantó LA NACION, en el Gobierno consideraron inadmisible el texto de la ley de emergencia agropecuaria que el Congreso aprobó la semana pasada por unanimidad y que eliminaba el pago de las retenciones a la producción en 22 partidos bonaerenses, y otorgaba una rebaja del 50 por ciento para otros 15 distritos afectados por la sequía. Implicaría una exención cercana a los 3000 millones de dólares. En despachos oficiales sostienen que esa medida sólo beneficia a los acopiadores y exportadores, y no a los productores.

"Nueva agresión"

La dirigencia rural tomó la decisión como "una nueva agresión". El presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, habló de "disparate". El presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, lo consideró una "afrenta". El jefe de Coninagro, Carlos Garetto, dijo que el veto será "un error político grave". La Comisión de Enlace ayer le envió una carta a Cristina Kirchner para que reviera la decisión (de lo que se informa por separado).

Los dirigentes rurales le pidieron también al gobernador Daniel Scioli que defendiera "los intereses de su provincia". Pero Scioli, que en las últimas semanas había propiciado un acercamiento con el campo, ayer respaldó la decisión del matrimonio presidencial: "Es obvio que fue un error y, como tal, hay que subsanarlo".

Por la tarde, el gobernador reforzó el gesto y acompañó a Cristina Kirchner a un acto en La Matanza. Scioli, allí, evitó referirse al tema, pero la Presidenta habló de "profundizar el modelo"; ratificó que tiene "un compromiso con los pobres"; dijo que "construir otra historia es difícil porque afecta muchos intereses" y volvió a compararse con Juan Dorrego.

"Dorrego fue un gobernador popular de la provincia de Buenos Aires, a quien los poderes constituidos no querían. Les ponía precios máximos al pan y a la carne, y gravaba los productos importados. Por eso lo fusilaron", dijo enojada. La semana pasada, había usado la misma figura en un acto en la Casa de Gobierno para decir que podía llegar a ser víctima de "fusilamientos mediáticos".

A esas alturas, buena parte de los líderes de la oposición habían hecho severas críticas en contra del Gobierno por la confirmación del veto. Ya preparan para estos días una convocatoria de intendentes para presionar en el Congreso.

"Es una gran irresponsabilidad del Gobierno, que quiere tener de rodillas al campo", acusó ayer el presidente de la UCR, Gerardo Morales. La Coalición Cívica pidió "respetar la decisión del Congreso". Y el peronista disidente Francisco de Narváez dijo ver "la mano de Néstor Kirchner" en el enfrentamiento. "No se puede adjudicar a un error. El proyecto está en la web de Diputados desde el 5 de enero", se quejó.

En la Casa Rosada, en cambio, acusan a De Narváez, autor del proyecto, de montar "una maniobra" y ocultar esos datos. "No tiene la más mínima ética parlamentaria. Actuó de forma engañosa", cuestionó el jefe de los diputados kirchneristas, Agustín Rossi.

Según él, De Narváez "ocultó bajo un título genérico una excepción discriminatoria, injusta y de imposible aplicación".

Y admitió que durante todo el debate y en las dos semanas hasta a su aprobación definitiva ni legisladores ni asesores kirchneristas se dieron cuenta de lo que iban a votar.

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