Pese a las múltiples críticas de usuarios por el incremento en las tarifas de los servicios públicos y las quejas de empresarios por la reciente restricción en el consumo de gas, en el Poder Ejecutivo nacional analizan un nuevo reajuste tarifario para 2017.

Apenas comenzaron a aplicar las nuevas tarifas, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, sostenía que era posible llevar adelante un segundo aumento en el tercer trimestre del año, sin embargo las crecientes protestas lo empujaron a rever esa idea. Luego llegaron los reclamos de las pymes, los clubes de barrio y los gobiernos de las provincias patagónicas y se vio obligado a dar marcha atrás con el porcentaje de las subas. A comienzos de mes, el incremento del gas pasó a tener un tope de 400 por ciento para los hogares y de 500 por ciento para las pequeñas y medianas empresas, comercios y hoteles en todo el país.

Desde la Casa Rosada sostuvieron que “aún no se cubrió el costo de la energía”, pero descartaron “nuevos aumentos hasta el 1 de enero”. Uno de los principales asesores del presidente Mauricio Macri señaló a Bae Negocios que recién “el próximo año habrá otro incremento de tarifas”. Mientras tanto, desde el sector energético reconocieron que el Ejecutivo nacional pidió a las empresas de energía que preparen nuevos cuadros tarifarios.

Las siguientes subas se darían en el contexto de una reactivación económica y una baja infl acionaria, según analizan en el equipo económico de Macri. Una alta fuente de Balcarce 50 insistió con que en el segundo semestre de este año “se va a derrumbar la inflación” y subrayó que ese descenso “no será gradual sino drástico”. Además estimó que en julio la inflación será del 2% y para noviembre o diciembre podría llegar al 1,5%, en gran medida producto de “la recesión actual”. En el Gobierno nacional confían en que en 2017 la inflación interanual estará por debajo del 25%, en contraposición al 40% que reconocen para este año.

El Ejecutivo prevé una drástica caída

de la infl ación en los próximos meses

Aún si se cumplieran las expectativas de los economistas que rodean al presidente, en el Ejecutivo nacional reconocen que el ciudadano de a pie recién notará los efectos positivos el año próximo, más allá de que confían en que “habrá una recomposición del poder adquisitivo”. La vicepresidenta Gabriela Michetti fue la primera en lanzar esa advertencia al sostener que hay que esperar hasta 2017 para que llegue “un alivio o una reactivación” de la economía, pese a que Macri había prometido en varias oportunidades que en el segundo semestre llegaría el repunte económico tan ansiado por todos.

La necesidad de correr la fecha de arribo de las presuntas mejoras en los indicadores económicos responde en parte a que no llegaron las inversiones que el macrismo esperaba, a lo que se suma que “la Argentina es muy poco competitiva por el bajo nivel de productividad, entre otras cuestiones”, según altas fuentes de la Casa Rosada. A eso hay que agregar que la situación económica de Brasil “juega muy en contra” debido a que es el principal socio comercial de la Argentina. Además, a esta altura, mientras el presidente interino del país vecino Michel Temer es acusado de intentar destituir a la suspendida mandataria Dilma Rousseff y es criticado por estar rodeado de ministros sospechados por haber cometido actos de corrupción, el gobierno argentino prefiere mantenerse cauto en cuanto a qué consecuencias podría acarrear semejante crisis política a la economía argentina.