El Gobierno terminará 374 viviendas del ex Plan Solidaridad

El Gobierno terminará 374 viviendas del ex Plan Solidaridad

Aseguran que la mayoría de los beneficiarios son mujeres sin conocimiento de construcción.

la interventora de la Secretaría de Viviendas, Ángela Gutiérrez de Gatto confirmó que el Gobierno se hará cargo de la construcción y reparación de 374 casas del Plan Solidaridad en 43 localidades. En los departamentos Pueyrredón y Pedernera está el grueso de viviendas a terminar, son 94 y 112 respectivamente. Entre las ciudades más afectadas están Villa Mercedes con 70, San Luis con 35, Buena Esperanza con 34 y La Florida con 27.

La falencia que le atribuye el Estado a este sistema de autoconstrucción es que la mayoría de los adjudicatarios de este plan fueron mujeres solteras que no tenían conocimientos sobre edificación ni recursos para contratar a un albañil. La funcionaria manifestó que ya están saliendo las licitaciones para terminar las casas en el transcurso del 2017 y que "ya no le vamos a decir más Plan Solidaridad. Estoy pensando un nombre como 'Plan Dignidad' que es justamente lo contrapuesto". Además aseguró que "se solicitó la intervención de la Justicia para que se investigue cómo fue el accionar operativo del plan" y pidió tranquilidad a la gente porque "todas esas casas se van a terminar".

En 2012 se lanzó un plan que pretendía garantizar la posibilidad de tener la vivienda propia a un costo muy bajo. Era un sistema de autoconstrucción que incluía el terreno y un crédito en materiales que se pagarían en 300 cuotas con dos opciones de casas: una de dos habitaciones a $100, y otra de un dormitorio a $75.

Durante el 2016 las denuncias de los vecinos comenzaron a llover como los techos de sus hogares mal construidos. A través de una exhaustiva auditoría la Secretaría de Gatto pudo constatar la negligencia con la que se trabajó un tema tan sensible como es darle una casa digna a los ciudadanos que más la necesitan.

"Desde el punto de vista operativo, fue un nicho de corrupción. Hubo una administración fraudulenta y un mal desempeño de los funcionarios públicos. Desde el social, fue perverso porque a la gente más humilde, en vez de darle las casas sociales, que se la terminaron dando a los amigos, les hicieron este plan, que se tenían que hacer ellos mismos sus propias casas. El caso emblemático es La Toma. De 20 casas, 18 son de mujeres que no conocen de construcción. Allí encontraron problemas graves en la estructura, cloacas, y el sistema eléctrico", detalló.

Para la funcionaria el parámetro para entrar al Plan Solidaridad era ser muy pobre y en su mayoría se entregó a madres solteras, lo que consideró algo "perverso" porque no se les dio las viviendas sociales terminadas "a los sectores más humildes como el espíritu de la legislación manda".

Gatto contó que los adjudicados recibieron un manual explicativo de 20 hojas para construir su casa. "Cuando llegó el momento en que era imposible que aprendieran a hacerse la casa, cambiaron el sistema y contrataron a unas cuantas empresas, otra maniobra confusa en su accionar", manifestó.

A pesar de contratar a esas empresas para que terminaran las viviendas, se entregaron con "serias falencias estructurales. Casas sin inodoros, sin cloacas, el sol se veía desde adentro, pero por las grietas de los techos, como pasó en algunas de Justo Daract. Fue gravísimo, porque no sólo se faltó el respeto a su dignidad, sino que se puso en riesgo la salud y la vida de la gente".

Por eso la funcionaria remarcó dos "ejes en los que el gobernador -Alberto Rodríguez Saá- se preocupó muchísimo y lo puso como prioridad: los inundados -de Luján-, y las casas que eran del Plan Solidaridad. Destaco su sensibilidad para entender lo que significa para una mujer primero que te manden a hacer la casa y segundo que cuando las dieron, con la ilusión que tenían se encontraron con que era inhabitable. Eso genera mucha impotencia, porque las dejaron solas y no podían arreglarlas, no tenían quién las ayudara. Ellas se sintieron muy vulnerables, humilladas por el trato que tuvieron. No es fácil encontrar en los políticos la sensibilidad sincera que tuvo el Gobernador, para poder interpretar el sentimiento de esta gente. Rápidamente entendió lo que sentían, porque no era sólo por la casa y su estructura, sino lograr que supieran que tienen derecho a vivir dignamente".

En diciembre el Gobierno presentó las auditorías ante la Justicia para que se investigue el caso. "Ahora el Estado tiene que hacerse cargo de terminarlas, algo que lleva un gasto extraordinario, un costo que es más alto que el de una casa social. El valor de las cuotas no se va a cambiar, y ese cargo extra lo tendrán que afrontar todos los funcionarios que intervinieron en ese proceso, y a quienes la Justicia determine que les cabe la responsabilidad", disparó.

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