El Gobierno sigue "causa por causa" para detectar fallas de jueces y fiscales

Desde hace un tiempo, se monitorean las demoras, resoluciones y acumulación de expedientes judiciales. Con ese banco de datos, iniciaría el jury a los "ineficientes". En la Justicia, prefieren no contestar la ofensiva.
"Todavía no hay nombres", dicen en la Casa de Gobierno sobre la definición de los fiscales o jueces a los que -"si es necesario"- el Ejecutivo promovería jury de enjuiciamiento por "favorecer el delito". No obstante, ya se deja trascender que "existe una camarista que hace un año se quebró la clavícula, todavía está de licencia y se la ve circulando por todos lados... menos por Tribunales".

"Este gobernador no va a tolerar a aquellos fiscales y jueces que hagan una aplicación de la ley que termine favoreciendo a los delincuentes. Si eso ocurre promoveré todos los mecanismos para iniciar el correspondiente jury de enjuiciamiento", dijo el 1° de mayo el gobernador Celso Jaque en la Legislatura provincial en lo que algunos interpretaron como "una nueva embestida contra el Poder Judicial"; otros, como una "simple pirotecnia verbal".

Si el Ejecutivo encarará o no los jurys es un hecho que se verá en los próximos días. Por lo pronto, trascendió que la metodología de trabajo, que se viene dando "ya desde hace un tiempo", consiste en evaluar "causa por causa (desde la página del Poder Judicial en Internet), poniendo el acento en detectar los procesos con demoras, resoluciones poco claras o juzgados con infinidad de expedientes acumulados", según confirmó a Los Andes una fuente oficial.

Según se admitió, "se viene haciendo desde hace un tiempo" un trabajo de revisión de la marcha de los procesos penales a partir de la información del Poder Judicial. Allí figuran fechas de inicio de los procesos, requerimientos de fiscales o jueces, medidas precautorias, contestaciones y otros pasos procesales.

"Esto no será una caza de brujas con nombres definidos de antemano, sino que los nombres surgirán automáticamente a partir de la marcha de las causas", aseguran en el oficialismo.

"Mendoza necesita un Poder Judicial sujeto al control ciudadano", dijo Jaque en la Legislatura. En la Casa de Gobierno avanza el envío de cuatro proyectos de ley -según estiman- dentro de los próximos diez días.

El primero de ellos establece que los jueces sean sometidos, por el Consejo de la Magistratura, a evaluaciones cada seis años para revalidar su permanencia en el cargo; otro habla de la elección ciudadana del procurador general o jefe de fiscales (que sería incluido en la reforma integral de la Constitución que plantea Jaque); el tercero, de suspender la feria de julio para los tribunales que no hayan cumplido con las metas de rendimiento adecuadas; el cuarto, de poner tope al pago de la antigüedad de los magistrados cuando cumplen los 65 años.

En tanto, en Tribunales, fuentes cercanas al máximo tribunal de la Provincia aseguran que "no es intención de la Suprema Corte salir a contestar nada porque no se quiere ver involucrada con la pirotecnia electoral".

Duros y blandos

Los mayores cuestionamientos del Gobierno al accionar de la Justicia provienen de la secretaría General de la Gobernación, que conduce Alejandro Cazabán. En cambio, en el Ministerio de Seguridad que comanda Carlos Ciurca se observa una actitud bien diferente. Así lo demuestran las afirmaciones de voceros de uno y otro lado.

"Hay fiscales anquilosados en las oficinas, cuando con el nuevo Código Procesal Penal deberían ser fiscales de la calle, que se enchastren los zapatos", lanzan desde las oficinas del cuarto piso de Casa de Gobierno más cercanas a Jaque, a la vez que cuestionan a los jueces que demoran sin razón las órdenes de allanamiento

En contraste, en el ministerio que manda a la Policía, el tono cambia abruptamente: "Son más los fiscales que trabajan y esto ha ido mejorando progresivamente. Tenemos una excelente relación con el procurador general y, en general, los fiscales.

No sólo los ayudantes están en la calle y en los procedimientos contra el delito", dicen todos en la misma línea. Llegan a admitir que "si hay quejas, son silenciosas y puntuales; las presentamos al procurador y recibimos respuestas satisfactorias".

También subrayan en el entorno de Ciurca que "trabajamos codo a codo con los fiscales y jueces de garantías aunque algunos son más propensos y otros más remisos a caminar la calle o a otorgar allanamientos en calidad investigativa".

Esta doble actitud oficial hacia el Poder Judicial se produce en momentos en los que la aplicación del nuevo Código Procesal Penal sigue demorada en la Zona Este. Debió haberse puesto en funcionamiento el 1° de mayo pasado, pero finalmente quedó para después de la feria de julio. "Se están terminando las obras de remodelación y ampliación para que puedan funcionar juntas la fiscalía y la comisaría", confirman en el Ejecutivo.

Por lo tanto, aún existen dos códigos procesales en Mendoza, con jueces de instrucción (que investigan) en la Zona Este, en el Valle de Uco y en el Sur de la provincia, mientras en el Gran Mendoza hay fiscales que investigan y jueces de garantías que procesan.

Comentá la nota