El gobierno seguirá adelante con la mina cuestionada

Sostiene el gobierno neuquino que se darán todos los pasos para garantizar que se cumplan todos los requisitos ambientales, en la posible explotación de cobre en el cerro Auca Mahuida. Sigue la oposición desde organizaciones formadas en Loncopué
El gobierno neuquino reafirmó este lunes su intención de llevar adelante la exploración de cobre en el cerro Campana Mahuida, a partir de una concesión a la empresa Emprendimientos Mineros SA, y expresó que controlará estrictamente el impacto ambiental que ocasionen los trabajos, que son cuestionados por pobladores de la zona de Loncopué.

Para el gobierno, el paso a seguir es la audiencia pública, y los cuestionamientos de los pobladores los atribuye centralmente al “desconocimiento” sobre los aspectos técnicos de la actividad minera. La declaración de impacto ambiental, se subraya, será posterior a esa audiencia pública.

Lo cierto y concreto es que la dirección provincial de Minería analizó y aprobó el informe de impacto ambiental presentado por Emprendimientos Mineros S. A.

El documento reviste carácter de declaración jurada “de parte de la firma”, indicó el director de Minería, Carlos Portilla, y señaló que se diferencia del estudio de impacto ambiental, en el que se describe el ecosistema, se informa sobre las acciones que se realizarán sobre el medio y en última instancia se anuncian las medidas de remediación ambiental que se adoptarán.

Durante los primeros días de diciembre, la empresa presentó un informe de impacto ambiental que fue desestimado porque carecía de la información técnica correspondiente.

De acuerdo con la legislación vigente, el paso a seguir es la audiencia pública, “que convoca a la participación ciudadana y es una oportunidad para despejar dudas”, expresó, y agregó que “desde diversos ámbitos sociales se pretende conocer el proyecto, saber cuáles son sus alcances y sus características y expresarse en función de ello”.

Una vez realizada la audiencia pública, se procederá a emitir la declaración de impacto ambiental, un documento que habilitará el comienzo de las tareas en el terreno, se destacó en el informe de prensa del Gobierno.

La firma realizará las tareas de exploración, una instancia en la que “se analizan la calidad y cantidad de las reservas de cobre que existen y las formas y los límites del cuerpo mineralizado”.

Respecto de la oposición manifestada por un grupo de habitantes de Loncopué, Portilla dijo que “hay desconocimiento sobre la actividad, no todas las personas están preparadas para entender un proceso minero de exploración o de explotación y por eso desde los estamentos públicos estamos tratando de dar las explicaciones”.

Dijo que es necesario “recordar sobre una actividad que es controlada y fiscalizada por el Estado mediante la subsecretaría de Medio Ambiente”.

Recordó que en la zona existe una perforación de grandes dimensiones que “data de una labor minera muy antigua, anterior a la aplicación de la ley ambiental que hoy rige para la actividad minera”.

En este contexto, Portilla opinó que “ésta es una buena oportunidad para que una empresa trabaje en esta zona que presenta pasivos ambientales sin resolver, de esta forma se responsabilizaría sobre los daños en el ecosistema”.

En materia de control estatal, el funcionario destacó la auditoría permanente que se realiza en la actividad minera de Andacollo, “así se garantiza que los procesos mineros se llevan a cabo en regla”. Esta intervención “se repetiría en Loncopué, en caso de prosperar la mina de cobre a cielo abierto”, expresó.

“Si es necesario, se otorgará un lugar a todos los interesados en el proyecto”, subrayó el funcionario.

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