El gobierno de Santa Fe dejará de supervisar a partir del 1º de abril a los convictos de la Justicia federal que estén gozando dentro de su territorio de beneficios como la libertad condicional, el arresto domiciliario y las salidas transitorias.

 

La decisión fue comunicada oficialmente esta semana a los jueces federales con jurisdicción en la provincia, quienes recibieron “azorados” la novedad. “Están muy preocupados porque no saben quién se hará cargo del seguimiento de estas personas”, dijo a La Capital un vocero judicial. El tema provocará hoy mismo un efecto en el Congreso de la Nación, donde un diputado por Santa Fe presentará un pedido de informes al Ejecutivo nacional sobre esta problemática.

En la provincia de Santa Fe hay 545 personas con condena de juzgados federales que hoy gozan de beneficios que pueden englobarse como alternativas a la pena de prisión. 

Diez días más. Hasta ahora el control y supervisión de estas personas estaba a cargo de la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria de Santa Fe, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.

Pero este organismo sólo se ocupará del tema hasta el 31 de marzo. Así se lo comunicaron por nota esta semana a los jueces federales dos funcionarios del Ministerio de Justicia del gobierno provincial. En la misma comunicación, informaron el cese de un convenio de colaboración con el gobierno nacional, que es el que le daba marco legal a los controles realizados por la provincia sobre los convictos federales que cumplen condena en su territorio.

 “Entendemos que hay organismos específicos del gobierno nacional que deben ocuparse de esta tarea, que de ningún modo es una atribución de la provincia”, dijo a este diario el subsecretario de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lisandro Martínez Gorostiaga.

Fue este funcionario quien comunicó la novedad a los jueces federales, junto con la directora provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, Silvia Aquino.

La nota firmada por ambos llegó el miércoles pasado a los despachos de los magistrados federales de Rosario y otras ciudades de la provincia, e inmediatamente encendió la alarma entre ellos.

La pregunta que se hacían en su entorno es quién se hará cargo a partir de ahora de lo que dejará de hacer la provincia: supervisar a los convictos “tutelados”, como se los llama en la jerga jurídica.

La discusión sobre quién debe ocuparse de esta tarea no es nueva y tiene en su historia más de una polémica. En términos legales quien debe hacerlo es el gobierno nacional, pero en Santa Fe hace tiempo estaba a cargo de la provincia en virtud de un convenio de colaboración firmado hace años.

A cambio el Estado santafesino recibía una partida presupuestaria, que en la Casa Gris siempre se percibió como insuficiente para cubrir los costos de la tarea. En 2015 fue de 190.669,70 pesos, una cifra considerada apenas “simbólica” por los funcionarios del Ministerio de Justicia provincial que ahora lideran la decisión de retirar esta colaboración con la Nación.

Sin diálogo. Frente a las severas dificultades presupuestarias y operativas que supone continuar con estos controles en las actuales condiciones, funcionarios del gobierno de Santa Fe intentaron en las últimas semanas abrir un canal de diálogo con sus pares del Ministerio de Justicia de la Nación. Querían volver a discutir el convenio. “No tuvimos respuesta y por eso es que ahora vamos a dar por caído el convenio”, explicó Martínez Gorostiaga.

El subsecretario dijo además que los jueces federales ya estaban advertidos de la situación por las propias autoridades santafesinas.

Claro que el argumento de la provincia para dejar de ocuparse de controlar a los convictos federales no se agota en una cuestión presupuestaria o de jurisdicción. También hay diferencias de fondo respecto de a qué personas hacerle el seguimiento.

“En Santa Fe sólo nos ocupamos de personas que resultan excarceladas por alguna clase de beneficio, como la libertad asistida o la prisión domiciliaria, pero en todos los casos se trata de personas con condena”, contó Martínez Gorostiaga.

Los jueces federales, en cambio, más de una vez veces requieren una supervisión sobre detenidos excarcelados pos distintos beneficios que sólo están imputados o procesados, es decir que todavía no fueron juzgados y por lo tanto no tienen condena firme.

“Eso el Ministerio de Justicia de Santa Fe no lo hace ni siquiera con los imputados o procesados por los jueces provinciales”, informó el subsecretario. Y añadió: “Hasta ahora hicimos más de lo que indica nuestra competencia”.

En la nota que Martínez Gorostiaga y Aquino enviaron esta semana a los magistrados federales se agrega la nómina completa de las “personas tuteladas” que dejarán de estar bajo la mirada del Estado provincial. Son 545 personas, muchas de ellas vinculadas a procesos judiciales por delitos graves como el narcotráfico y el contrabando.

Sin embargo, la provincia hará una excepción y así se lo informaron a los jueces federales Martínez Gorostiaga y Aquino: el Estado santafesino seguirá ocupándose del control y asistencia de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad con beneficios como el arresto domiciliario que estén dentro de su territorio. “Esa es una política de Estado y lo vamos a seguir haciendo”, justificó el subsecretario de Asuntos Penales.

En la provincia hay jueces federales en Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista. Ellos deciden la aplicación de beneficios a los detenidos con condenas, y también definen quién se ocupa de supervisar a los que se acogen a ellos y cumplen la última parte de su condena en libertad. En diez días ya no podrán pedírselo al gobierno santafesino.

“Es muy preocupante”

El primer efecto político de la decisión del gobierno provincial se producirá hoy mismo, cuando el diputado nacional Alejandro Grandinetti presente en la Cámara baja un proyecto que motoriza un pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional sobre la situación en la que quedarán esas personas a partir del 1º de abril.

“Esto es muy preocupante, ocurre en medio de una crisis de seguridad y nos genera incertidumbre sobre el control de personas que cumplen condenas por delitos graves como el narcotráfico”, dijo el legislador nacional ante una consulta de este diario.

Grandinetti mencionó la posibilidad de que el control de convictos excarcelados con beneficios quede a cargo de la Policía Federal, aunque él mismo puso en duda de que eso sea materialmente posible: “Por la cantidad de efectivos que tiene en territorio santafesino, dudo de que esa fuerza pueda ocuparse de algo tan delicado”, razonó.

La idea de Grandinetti es que Diputados apruebe un pedido de informes en el que además exigirá al gobierno nacional que solucione el tema lo antes posible. De paso pidió que en la provincia haya más jueces federales.

“Si queremos combatir en serio contra el narcotráfico y los delitos conexos hay que tener más jueces para que los investiguen”, dijo.