Un rato antes de que Cristóbal López dejara el penal de Ezeiza y quedara en libertad luego de tres meses de detención, el Gobierno tomó una decisión que afectará a la constructora CPC S.A, una empresa del ex grupo Indalo del que aún es propietario: por “incumplimiento de contrato”, en las próximas horas le rescindirá un contrato millonario para la reparación de un acueducto y la construcción de una planta potabilizadora para abastecer de agua a Caleta Olivia. Pero no se quedaría ahí: analiza quitarle otras obras importantes, entre ellas la ampliación del sistema de efluentes de Bariloche.

La obra que el Gobierno le quitará a CPC es la “Optimización del acueducto regional Lago Musters –Comodoro Rivadavia – Rada Tilly- Caleta Olivia” y la construcción de la “Planta potabilizadora bajo el sistema de Osmosis Inversa”, con un presupuesto de 979 millones de pesos, financiado por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA).

Si bien la Casa Rosada evaluaba la medida desde hacía varios meses, ya que la obra estaba paralizada por la complicada situación financiera que atraviesa la empresa, la decisión fue tomada este viernes por el secretario de Infraestructura y Política Hídrica Pablo Bereciartua, con el aval de su jefe directo, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Tras recopilar todas las acciones e intimaciones que le hizo a la compañía para que cumpliera con el contrato, para así anticiparse y evitar que se judicialice la medida, Bereciartura convocó a su despacho a Pablo González, el vicegobernador de Santa Cruz, para notificarlo de la intención del Gobierno. El alfil de Alicia Kirchner había transmitido su queja por las demoras en la concreción de las obras. Es que la finalización, como estimaban en el Gobierno, estaba prevista para septiembre del año pasado. Pero eso nunca ocurrió. “La obra está muy avanzada, alrededor del 80%. Pero, para terminarla, la empresa debía retirar un equipamiento importado que está retenido en la Aduana e instalarlo. Y no lo ha hecho”, expuso Bereciartua a este diario, al confirmar que entre este lunes y el martes “se va a notificar a la empresa de la rescisión del contrato”.

Cuando en julio de 2013, en medio de la campaña por las Legislativas, Cristina Kirchner anunció el proyecto original, que contemplaba únicamente la obra de reparación del acueducto, prometió que "en un año" estaría finalizada. Pero, adjudicado el contrato a CPC, su desarrollo estuvo plagado de irregularidades. La más llamativa se dio en 2015, cuando al proyecto se le añadió la construcción de una planta desalinizadora del agua de mar, cuya realización también fue encomendada a la constructora de Cristóbal López sin convocar a una licitación, pese a la inversión millonaria que requería.

“Habría existido un actuar concertado entre el organismo (por la ENOHSA, que dependía del detenido ex secretario de Obras Públicas José López) y la empresa contratista, que fue beneficiada con una ampliación ilegal de obras, las que se hicieron pasar como una modificación de una licitación”, dice la denuncia penal que la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso presentó meses atrás en el Juzgado Federal N°11, a cargo de Claudio Bonadio.

Esa no fue la única irregularidad: además, como contó Clarínmeses atrás, la gestión macrista hizo un relevamiento de ambas obras ni bien asumió y detectó el pago de sobreprecios por un total de $99.574.338,90.

Con todo, había decidido no quitarle la obra “priorizando su finalización”, según argumentaron desde el Gobierno. Es que la paralización de la obra, tal vez sea el punto más crítico de la larga lista de irregularidades, dado que Caleta Olivia, la segunda ciudad más poblada de Santa Cruz, atraviesa desde hace varios años una dura situación por la falta de agua. Los cerca de 70 mil habitantes pasan días sin servicio por los problemas que tiene el acueducto y recurren a camiones para abastecerse, por lo que terminan pagando el agua potable a un precio muy alto.

En este contexto, Santa Cruz transmitió su respaldo absoluto a la medida adoptada por Nación, según pudo saber Clarín de fuentes oficiales.

Ahora el Gobierno debe definir qué hace con la obra. Como la idea es terminarla “lo más rápido posible”, optaría por no llamar a una nueva licitación, cuya realización estiraría otra vez los plazos ya largamente vencidos. Para evitar suspicacias, una alternativa que se baraja por estas horas es la de encomendar la tarea a Santa Cruz, a través de la empresa de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).