El Gobierno no respondió al pedido de integración del CAM.

El Gobierno no respondió al pedido de integración del CAM.
Los abogados pretenden que los cargos acéfalos sean cubiertos de forma definitiva. Sassi Colombres asegura que aún no ha recibido ninguna instrucción del vicegobernador Manzur. Posición terminante.
El gobierno de José Alperovich aún no ha reaccionado ni ha dado ninguna señal que manifieste oposición o rechazo a la posición definitivamente adoptada por los letrados. Los dos colegios de abogados de la provincia (el de la capital y el del sur) se cerraron a cualquier alternativa de solución (al problema de la treintena de vacantes en la Justicia) que no pase por la conformación inmediata del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).

Francisco Sassi Colombres, a quien el oficialismo le había encomendado la misión de dialogar con los letrados, ayer continuó en la misma tesitura. “Si llego a recibir alguna instrucción concreta del vicegobernador (Juan Manzur) se la comunicaré a los representantes de ambas entidades profesionales. Por el momento no tengo nada”, aseguró anoche a LA GACETA.

El ex fiscal de Estado no quiso formular otras declaraciones. La instancia de diálogo que se había abierto entre las partes está virtualmente estancada.

De forma terminante, los consejos directivos de ambos colegios reiteraron su pretensión originaria de que nada impide cumplir la Constitución provincial, según la interpretación que de ella hizo la Justicia provincial. Por ende, reclamaron la sanción de una ley que determine equilibradamente qué estamentos integrarán el CAM, para que este órgano lleve adelante los concursos públicos de oposición y antecedentes de los interesados en cubrir en propiedad (de forma definitiva) los cargos acéfalos.

Los letrados esgrimen que esos mismos concursos, una vez que estén en marcha, pueden servir para que los aspirantes mejor posicionados durante su tramitación sean eventualmente seleccionados para que se desempeñen como jueces provisorios o subrogantes en la medida en que la urgencia por cubrir las vacantes así lo exigiera.

Recurso pendiente

Si el Gobierno se allanara a lo que piden los abogados, en forma paralela, debería tomar una decisión sobre la queja que planteó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante esta sigue defendiendo la cláusula de la Constitución de 2006 que otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de organizar discrecionalmente -por decreto- el CAM. Esa disposición fue declarada abiertamente inconstitucional y nula por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativa por medio de una sentencia que, en ese punto, fue confirmada por la Corte Suprema de la provincia.

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