El Gobierno se resiste a ampliar el plazo para vender las licencias

El artículo 161 pasa como está o sería como que no se apruebe la ley. Ese es el mensaje que bajaron Cristina y Néstor Kirchner y que repetían ayer los integrantes de la comitivia oficial en Isla Margarita.
Ese artículo es el que establece el plazo de un año para que los titulares de licencias de radios y TV y de los sistemas de televisión por cable se desprendan de todo aquello que exceda los límites impuestos por la nueva norma.

Ese artículo es, precisamente, uno de los que más cuestiona la oposición y también algunos aliados del kirchnerismo en el Senado. Y que, junto a la conformación de la autoridad de aplicación, intentarán cambiar.

El oficialismo cuenta voto a voto para intentar darle sanción defintiva al proyecto tal como fue votado en la Cámara de Diputados.

Aquí, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich daba certeza de que la senadora chaqueña Elena Corrigido, que votó en contra de la resolución 125 el año pasado, esta vez lo hará con el resto de la bancada del Frente para la Victoria a favor del proyecto de radiodifusión.

¿Pero qué pasa si el proyecto es reformado y vuelve a la Cámara de Diputados? Si se aprueba con mayoría simple, el kirchnerismo intentaría insistir con el proyecto original en la Cámara baja. Pero el polémico artículo 161 estuvo lejos de los 147 votos que obtuvo el oficialismo durante la votación en general del proyecto. Se aprobó con sólo 107 votos (fue el artículo que menos consenso logró).

Por eso, si vuelve a ser revisado en Diputados, habrá que ver si los legisladores aliados al oficialismo mantienen su respaldo y si la oposición, que se ausentó la vez pasada, decide bajar al recinto para torcer la votación.

Sobre todo esto hicieron cuentas durante el viaje los diputados que acompañan a la Presidenta en su comitiva: Agustín Rossi (jefe del bloque kirchnerista), el bonaerense José María Díaz Bancalari y el socialista Ariel Basteiro. No se lograron poner de acuerdo sobre el resultado final.

"La oposición quiere estirar el plazo a tres años y esperar a que para entonces haya otro Gobierno que revise todo o lo deje en suspenso. No podemos aceptarlo porque se convertiría en una ley sin aplicación práctica", se sinceró ante Clarín una importante fuente del Gobierno.

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