La sanción de la Ley que modificó el impuesto a las Ganancias incluyó la creación de nuevos tributos. Varios de ellos eran para la industria del juego. Sin embargo, a 15 días de enero, esos gravámenes no se reglamentaron y, por ende, no se están cobrando.

La AFIP calculó que recaudaría $ 6.000 millones con la mayor presión impositiva sobre la industria del juego. El principal impuesto que iba a cobrar, según la Ley del Congreso, era un 0,75% sobre cada apuesta en un juego de resolución inmediata. Esto puede ser en una máquina tragamoneda o una "raspadita" que se juega en una agencia de barrio.

Las empresas (Hipódromo de Palermo y Codere son las principales en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano) están pendientes de la reglamentación. Es posible que haya un conflicto de jurisdicción. El Estado nacional no contaría con facultades para imponer impuestos que deciden las provincias, según entienden los potenciales perjudicados.

Los impuestos sobre bingos, casinos y otros rubros de este sector son de jurisdicción provincial. De hecho, ese fue el reclamo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires frente al gobierno nacional para la explotación del hipódromo de Palermo y el Casino Puerto Madero. El Ejecutivo porteño reclamaba que los prestadores de juego pagaran Ingresos Brutos en la Ciudad y así lo harán desde este año.

En el ministerio de Economía estuvieron ocupados con el cambio de ministro y la AFIP estuvo trabajando en cuestiones vinculadas al blanqueo y a la reforma del Monotributo, según quienes se mueven entre máquinas tragamonedas con un ojo puesto en los reguladores.

Antes de la modificación de Ganancias, la provincia de Buenos Aires pensaba en subir la alícuota de Ingresos Brutos al juego del 12% al 19%. Fue una idea del ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, para mejorar las arcas bonaerenses. El aumento en Ingresos Brutos que salió en el presupuesto provincial de 2017 fue de 15%. De esa forma, los bingos bonaerenses enfrentarían una doble imposición: más Ingresos Brutos y el 0,75% de cada apuesta que se haga en sus salas.

El Congreso nacional también estableció que cada persona que ingrese a un bingo o casino pague una entrada de $ 28. El territorio con mayor cantidad de salas de juego es la provincia de Buenos Aires. Si el impuesto es nacional, los recursos allí generados irán al cofre del Tesoro del Poder Ejecutivo nacional, no al de los bonaerenses. Durante 2016, el juego le aportó más de $ 27.000 millones al presupuesto que se maneja en La Plata.

El objetivo del gobierno de la provincia de Buenos Aires era recaudar más por el juego. Ahora deberán esperar a que la Nación primero cobre el 0,75% de cada apuesta y luego la recaudación de las entradas, si se sigue lo sancionado por el Congreso.

Otro terreno en el incursionaría AFIP, según la modificación de Ganancias, es las apuestas "on line" de jugadores argentinos en sitios internacionales. Diputados aprobó que les cobren un 7,5% a los que pasen su tarjeta de crédito por PokerStars o BWin. Pero el Senado modificó esa tasa y la rebajó a 2%. Salvo Mendoza y Misiones, que tienen concesiones de juego por internet, los colosos del juego "on line" arman sus sociedades en paraísos fiscales o fuera del alcance del fisco local.

Aunque la AFIP podría obligar a las tarjetas de crédito a cobrar ese 2% en los sitios de apuestas, en la industria del juego local son escépticos al respecto. Sostienen que las firmas internacionalesson muy ágiles para moverse y zafar de los impuestos. Una de las herramientas que están utilizando es que los apostadores paguen a través de Paypal u otras plataformas de transferencia de dinero "on line", que están floreciendo por estos días.

El proyecto del Congreso también estableció que las empresas dedicadas al juego paguen un mayor impuesto a las Ganancias que el resto de las compañías. Las lúdicas pasarían a tributar un 41,5% sobre su rentabilidad, un alza con respecto al 35% sobre las utilidades que establece la legislación vigente.