A pesar de las críticas realizadas por organizaciones ambientalistas, recuperadores urbanos y un amplio sector del arco opositor, el Ministerio de Producción y la Secretaría de Ambiente sacaron una resolución conjunta para reglamentar la importación, y el tránsito hacia terceros países, de residuos, autorizada el 26 de agosto pasado a través del Decreto 591/2019 del Ejecutivo nacional. La normativa asegura que "únicamente se autorizará el ingreso de sustancias u objetos obtenidos a partir de la valorización de residuos cuando la finalidad específica sea su uso como insumo para un proceso productivo o como producto de uso directo", al mismo tiempo, afirma que "no se autorizará la entrada para disposición final o valorización energética", léase entierro o incineración. A menos de un mes del traspaso de gobierno y con referentes del frente político que asumirá en diciembre muy críticos de la medida, la reglamentación llamó la atención.
A través de la Resolución Conjunta 3/2019, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Producción y Trabajo y la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable fijaron los requisitos que se solicitarán para el ingreso de sustancias u objetos obtenidos a partir de la valorización de residuos.
El texto oficial precisó que la medida se aplicará a "chatarra ferrosa y no ferrosa, rezagos de papel y cartón; vidrio roto, casco, cascote; y rezagos plásticos". Para lo cual, las empresas deberán informar el uso que se le dará a los materiales y las especificaciones técnicas, así como también tendrán que designar a un técnico ambiental para su manejo.
Sin embargo, el coordinador de campañas de Greenpeace, Leonel Mingo, dijo a Página|12 que "si bien dice una cosa que es positiva, que no se permitirá el ingreso de basura para incinerar, seguimos con el problema de origen, que es que se eliminó el certificado de inocuidad sanitaria y ambiental que debía emitir la máxima autoridad del país vendedor, que es una declaración jurada de lo que se envía. Le bajaron el precio a la ley de Residuos Peligroso que teníamos, con una vara muy alta que nos permitió estar al margen de este tráfico de basura que está dando vuelta en el mundo desde hace tres décadas".
Para el abogado ambientalista Enrique Viale la reglamentación para darle viabilidad al decreto "es preocupante". "No sabemos si esta puesta en marcha tiene que ver con algo inminente, porque es llamativo que lo hagan a un mes del cambio de autoridades". Y agregó: "Vamos a ver qué temperamento adopta el nuevo gobierno, tenemos esperanza de que se derogue".
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