El Gobierno redobla la presión para evitar una ola de despidos en la industria

SEMANA CLAVE EN LA NEGOCIACIÓN POR LOS CONFLICTOS EN SIDERAR Y PARANÁ METAL.

Están en peligro 3.600 empleos en las dos firmas. Los gremios del sector temen que la situación se agudice y analizan volver con el reclamo para prohibir despidos por ley

El Gobierno iniciará hoy una semana clave en la búsqueda de contener los problemas de empleo que comenzaron a reproducirse a mayor ritmo en el último mes y que encienden luces de alarma entre los gremios industriales, donde advierten que se multiplican a diario los casos de despidos y suspensiones. Esos temores reactivaron en los últimos días algunos planteos sindicales en favor de volver a la carga con el reclamo de prohibir por ley los despidos o reactivar la polémica doble indemnización, tema que será eje de la reunión que mantendrán esta semana la primera línea de la CGT, encabezada por Hugo Moyano.

Para tratar de tranquilizar la inquietud gremial, el Ministerio de Trabajo se concentrará desde hoy en apurar una solución para los 3.600 operarios de Paraná Metal y Siderar que corren peligro de perder su empleo como consecuencia del impacto de la crisis global en el sector. La situación más crítica se registra en la autopartista de Villa Constitución, que durante el fin de semana decidió prorrogar por un mes más la suspensión de sus 1.200 trabajadores que desde diciembre pasado no cobran sus salarios.

La decisión de la empresa complicó el proceso de negociación que encaró el viernes la cartera laboral con los representantes de la compañía y la cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y que incluía el compromiso de ambas partes de mantener el diálogo para evitar agudizar el conflicto. “La empresa no cumplió con su palabra y sigue poniendo trabas a cualquier alternativa para solucionar el conflicto”, se quejaron voceros del gremio metalúrgico.

El ministro Carlos Tomada intentará esta tarde volver a sentar a las partes en la misma mesa en la apuesta de retomar la negociación. No será sencillo: en el telegrama enviado el fin de semana al personal suspendido, la autopartista sostuvo que la crisis que atraviesa la industria automotriz a nivel internacional y sus efectos en el país “imposibilitan la reapertura de actividades” de la compañía.

En paralelo, la preocupación de Trabajo se concentrará en el conflicto de Siderar, donde 2.400 empleados quedarían desafectados de la planta de San Nicolás debido a la suspensión de una inversión para la reforma de un alto horno de producción de planchas de acero. Después de las primeras conversaciones realizadas la semana pasada, el miércoles las autoridades laborales volverán a reunir a los directivos de la siderúrgica que controla el grupo Techint y a los referentes de la UOM.

Tomada prometió la semana pasada al gremio metalúrgico que comanda Antonio Caló que el Gobierno hará todo lo necesario para asegurar la continuidad laboral de los trabajadores amenazados por los despidos. Una de las posibilidades que evalúa el Ejecutivo contempla el lanzamiento de un plan de obra pública en la región, que permita reabsorber a parte de los obreros que perderían su empleo en la siderúrgica. El Ministerio de Planificación, que conduce Julio de Vido, está analizando los emprendimientos que podrían cumplir con ese propósito.

Pero en la Casa Rosada contemplan una solución alternativa. Creen que el pago de Hugo Chávez a Techint por la estatización de Sidor, que está a punto de producirse, podría ser utilizado por la siderúrgica para mantener la inversión en Siderar y así evitar los despidos.

Por otra parte, a los problemas en la industria metalúrgica se sumaron la semana pasada los 500 despidos en los yacimientos petroleros del norte del país y la amenaza de una cantidad similar de cesantías en las provincias de Neuquén y Chubut. En ese caso las negociaciones están en manos de De Vido, quien negocia con las petroleras un esquema para mantener las inversiones proyectadas y garantizar las fuentes de trabajo del sector.

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