Los títulos en manos de las provincias suman US$1430 millones, el 4% del total. Desde el reperfilamiento de deuda vienen haciendo trámites para que las dejen disponer de esas inversiones, que, en la mayoría de los casos, se hicieron para no perder dinero y afrontar gastos corrientes (sueldos y aguinaldo) y vencimiento de deudas. Las letras pagaban mejor que otras opciones.

Buenos Aires, con US$500 millones, era el distrito más impactado, seguido por San Juan, con US$234 millones; Mendoza, US$205 millones; Capital Federal, US$123 millones; Río Negro, US$83 millones; Salta, US$35 millones; Formosa y Santa Fe, US$20 millones cada una; Catamarca, US$15 millones, y La Rioja, US$13 millones. Pudieron cobrar el 15% y el resto había pasado al nuevo cronograma.

Ahora, la Nación estableció una "asistencia financiera" que se instrumentará "contra la cesión de los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo". Es decir, les comprará las Lete y Lecap en las que las provincias habían invertido al 31 de julio de este año. Es la Secretaría de Hacienda la que determinará en qué moneda se pagará y qué cantidad.

Fuentes provinciales indicaron a LA NACION que en las negociaciones previas se planteó que la recompra sería al valor técnico (capital más intereses) y que por los controles de cambio posiblemente las letras en dólares se pagarían en pesos (el 40% del total era en dólares). Los ministros de Economía de los distritos esperan ser convocados en los próximos días para avanzar en la "letra chica" del acuerdo.

En los considerandos de la resolución se reconoce que el reperfilamiento de deuda (que no toca capital ni intereses) impactó en las provincias tenedoras de títulos por las "dificultades para acceder a un financiamiento que les permita atender su déficit financiero y regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales".

Para avanzar en la solución, las provincias firmarán un "convenio de asistencia" con el director ejecutivo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, en cuyo marco se instrumenta el programa de asistencia financiera. El fondo nació por decreto en 1995, con el objetivo de "asistir y financiar programas de desarrollo, mejora de la eficiencia y fortalecimiento de los sectores de la economía real, educación, justicia, salud y seguridad".

La urgencia de las provincias por resolver la cuestión se vincula con la caída de la recaudación propia que registran por la recesión, y también de la coparticipación. Además, comparten el costo de las medidas paliativas tomadas por la Nación, como son la eliminación del IVA para un grupo de alimentos y la suba del piso de Ganancias. En ese contexto, en los últimos días hubo trascendidos acerca de que algunos distritos podían emitir cuasimonedas.

Desde la Nación insisten en que hoy las provincias están en mejor situación que en 2015, cuando había 17 con déficit fiscal, mientras que ahora la mayoría tienen sus cuentas equilibradas. El año pasado esa situación se logró porque se pisó el gasto salarial (que representa, en promedio, la mitad del presupuesto de todos los distritos); en este período esa situación cambió con fuerza por la aceleración de la inflación.

La nueva devaluación, la caída de recaudación propia -sumada a giros de coparticipación que no crecieron en lo que va del año-, más el costo fiscal compartido por las medidas paliativas tomadas por la Nación encendieron luces de alarma en las provincias endeudadas en dólares. Si bien no tienen restricciones para recomprar deuda, el problema es la falta de caja para hacerlo. El pago de los vencimientos es una presión más sobre sus cuentas.

Según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, desde 2015 hasta el primer trimestre de 2019 la deuda tomada por las provincias creció 363,8%. Entre 2016 y 2017, cuando las condiciones de financiación y la estabilidad del dólar acompañaron, emitieron bonos por unos US$14.000 millones. Las colocaciones bajaron después.

La consultora Economía & Regiones estimó que con la última devaluación la deuda total de las provincias saltó $341.000 millones, cifra que elevó del 38% al 49% el peso de la deuda sobre los ingresos totales.