El Gobierno rechaza tratar por separado las leyes anticrisis

Fue un pedido de la oposición, que se niega a apoyar el blanqueo de capitales pero podría acompañar medidas para las pymes. Tomada y Moroni desecharon esa posibilidad
Por izquierda y por derecha, la oposición reclamó ayer que el Gobierno abra el paquete de medidas anticrisis que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso, pero las respuestas del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y del jefe de la AFIP, Claudio Moroni, fueron siempre las mismas: no. Con rodeos, matices y distintos argumentos, ambos funcionarios rechazaron la posibilidad de que la Cámara de Diputados trate como proyectos diferentes la moratoria impositiva, el blanqueo de capitales y el régimen de promoción y protección del empleo registrado. “Las iniciativas están absolutamente relacionadas”, justificó el ministro.

Durante la primera jornada de debate en el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, los bloques opositores cuestionaron con énfasis el título tercero del proyecto de ley, referido a la repatriación de capitales. “El radicalismo no va a permitir que la Argentina se convierta en un lavadero de recursos ilícitos”, advirtió el jujeño Miguel Giubergia. Adhirieron a su reclamo el macrista Esteban Bullrich, que advirtió que el Gobierno generará con esta ley “un paraíso fiscal temporal”, y Carlos Raimundi (del bloque SI), que lamentó que el oficialismo haya “elegido el camino de la impunidad fiscal para obtener fondos”. Ellos, junto al resto de las bancadas opositoras, insistieron –sin éxito– en el pedido de tratar por separado las medidas que contempla el paquete.

También reclamaron que el perdón para los evasores no incluya la extinción de las investigaciones judiciales porque las causas por evasión fiscal suelen destapar otros delitos asociados, como cohecho o defraudación. Otra vez se encontraron con una negativa. Según Moroni, “la percepción del riesgo del contribuyente no se basa en el temor a una denuncia penal”. El funcionario, además, explicó que no podrá satisfacer el requerimiento opositor de conocer la nómina de evasores y los montos de deuda que se perdonarán porque “hay restricciones legales” que le impiden divulgar esa información. “El objetivo principal de esta ley no es la recaudación, sino que al terminar esta situación de crisis los argentinos mantengan la conducta laboral y tributaria. Si no hacemos algo, la AFIP va a tener que embargar el año próximo a una mayor cantidad de deudores y pedir la quiebra cuando corresponda”, advirtió el funcionario, quien evitó precisar qué monto de recaudación aspira a lograr el Gobierno con la medida.

Además, Moroni y Tomada enfatizaron que “todos los mecanismos de control en materia de lavado de dinero permanecen vigentes”, por lo que rechazaron los argumentos de que el blanqueo de capitales podría favorecer el ingreso al país de fondos de origen ilícito. A ese cuestionamiento había adherido el único oficialista que planteó cambios al proyecto, el peronista chubutense Juan Pais, quien rechazó el punto A del artículo 32, que habla de la no obligatoriedad de declaración del origen de los fondos a repatriar.

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