El Gobierno rechaza reclamo del Tribunal Superior de aumento salarial

El alto cuerpo insiste en equiparar los haberes de la Justicia provincial con los de la nacional.
El gobierno de Juan Schiaretti salió ayer a ponerle freno a una embestida del Tribunal Superior de Justicia de la provincia tendiente a que se le asigne una partida presupuestaria para "equiparar" los sueldos de las magistrados de ese fuero con los de la Justicia nacional; una vieja bandera que anotó más de un cruce virulento entre Tribunales y el Poder Ejecutivo.

"El reclamo puede ser justo, pero resulta extemporáneo en un momento de estrechez financiera como la que afronta la provincia ", afirmó un vocero de la Casa de las Tejas, interpretando el criterio de Schiaretti.

En concreto, los siete miembros del Tribunal Superior refrendaron una acordada por la cual insisten en reclamar "una adecuación del incremento (salarial) por equiparación gradual a la Justicia Nacional". El planteo contempla a las categorías "magistrados, funcionarios y prosecretarios letrados".

Y puntualiza que el incremento será remuneratorio y "gradual", de cara a ponerse a tiro, en 2010, con lo que perciben los magistrados nacionales.

Una suba improbable. Esta historia comenzó a escribirse en 2007, durante la gestión de José Manuel de la Sota, cuando el Tribunal Superior salió a blandir la reivindicación de la equiparación con los jueces federales. Incluso, dicen que en aquel momento hubo un "compromiso" en tal sentido de De la Sota que jamás se cumplió.

¿Qué significa hoy en números la meneada equiparación? Este diario pudo saber que un vocal de Cámara Federal cobra unos 20 mil pesos por mes (variable en función de la antigüedad), mientras que en la Justicia provincial idéntico cargo figura con una remuneración de 16. 500 pesos. Es decir, una diferencia del 25 por ciento, imposible por ahora de ajustar, según las previsiones oficiales.

"Ellos ya sacaron una acordada en 2007 cuando estaba De la Sota. Ahora vuelven con este tema. Si bien hay un reconocimiento de nuestra parte en relación al esfuerzo que han realizado los jueces provinciales, porque desde hace un año no tienen aumento, en relación a otras actividades cobran buenos sueldos", comentó otra fuente schiarettista consultada por este diario.

Ley de enganche. El funcionario que aceptó hablar fuera de grabador comentó que, en realidad, el Tribunal Superior aspira no sólo a la equiparación con los jueces federales, sino también convertir en realidad la "ley de enganche", que rige en Santa Fe, y que en Córdoba significaría que los aumentos de haberes que se otorguen a nivel de la Justicia nacional serán "automáticos" en el fuero provincial, para todas las categorías.

"Se imagina que esto provocaría un arrastre fenomenal hacia todas las categorías. Después reclamarían los jubilados. Es decir, la ley de enganche dispararía todo un conflicto", enfatizó.

Siempre comparando la asignación en la Justicia Nacional y en la provincial, la equiparación, que el Gobierno mantiene en punto muerto, significaría una suba de bolsillo de alrededor de 3.500 pesos por magistrado.

Polémica en aumento

Setiembre de 2009. El titular de la Asociación de Magistrados, Víctor María Vélez, afirma que existe "preocupación" en los magistrados provinciales por el bajo nivel salarial, al tiempo que enfatizó que se dan "autoconvocatorias espontáneas" de jueces y fiscales para analizar el tema. Y recordó que el Gobierno provincial no cumplió con la equiparación salarial con los jueces federales a la que se había comprometido José Manuel de la Sota.

Rechazo. Desde el Gobierno rechazaron de plano el reclamo de Vélez y tildaron de "mezquino" el planteo del magistrado.

Otra vez a la carga. Ahora, el Tribunal Superior sacó una acordada tendiente a reflotar el tema de la equiparación con los federales.

Réplica. "El reclamo puede ser justo, pero resulta extemporáneo. Cobran buenos sueldos en relación a otros sectores de la actividad pública y privada", replicaron ayer desde el Gobierno.

Ganancias. Los magistrados no pagan este impuesto, lo cual los pone en una situación de privilegio con respecto al resto de los asalariados y los integrantes de los otros poderes del Estado.

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