En el marco de la sesión extraordinaria de este jueves por la noche, a pesar de la ausencia tanto de Oscar Luciani como de Néstor Navarro, se conoció un informe del Departamento Ejecutivo sobre la denuncia de manejos irregulares en la compra de combustible para el patrullaje de los móviles policiales.

Allí, el gobierno adelantó que se dispuso "la formulación de la correspondiente denuncia penal a fin de que se investigue la posible comisión de delito que habrían sido de conocimiento de funcionarios públicos y, no obstante, no habrían sido denunciados". Paralelamente, “se investiga la eventual comisión de faltas administrativas por parte de algún agente o funcionario municipal y la posible configuración de ilícitos, en sede judicial”.

En el descargo, firmado por el intendente Oscar Luciani, se explica que “la Comuna -con la directa colaboración del Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana- destina los fondos recaudados a la instalación de cámaras de video-vigilancia, luminarias, botones antipánicos, alarmas comunitarias, etc. Las tareas operativas -recepción de requerimientos, relación con el Consejo de Seguridad y la Policía, etc.- están a cargo de la Secretaría de Seguridad, la que coordina con otras dependencias y organismos las tramitaciones que permiten dar respuesta a las necesidades que la Comuna ha comprometido a satisfacer”.

Por otra parte, aclara que “las políticas en materia de Seguridad son diseñadas e implementadas por la Provincia de Buenos Aires, siendo la participación municipal una función colaborativa con el servicio”. En esa línea, el jefe comunal dijo que “desde el Municipio se elaboró un Plan de Seguridad Ciudadana, oportunamente puesto en conocimiento y sometido por el Concejo”.

“En lo que respecta a la aplicación de los fondos utilizados con ese fin, ese HCD cuenta con las respectivas rendiciones de cuentas que le permiten conocer el destino de los recursos y la envergadura de las erogaciones realizadas”, figura en el informe.

En cuanto a la denuncia por "sospechas sobre irregularidades en la utilización de fondos municipales y con el Fondo de Seguridad Ciudadana", en el descargo el intendente argumenta que en el mismo no figuran “qué tipo de anomalías se trata, a quiénes se atribuyen, oportunidad en la que habrían ocurrido y los indicios o elementos de prueba colectados. De aportarse más precisiones al respecto -dado que lo expresado por ese HCD afecta la transparencia del accionar del Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana y eventualmente de funcionarios públicos- se procurará información sobre este tema”.

Además, “se ignora a qué funcionarios y a qué incumplimientos hace referencia el decreto que da origen a este informe”. Por eso, se requiere que el Concejo identifique a aquellos “funcionarios públicos a los que les imputa comisión del delito de incumplimiento de sus deberes, indicando de qué elementos cuenta ese H. Cuerpo para asignarles la comisión de un delito y si -ante su conocimiento- formuló la pertinente denuncia penal”.