El Gobierno quiere liberarse de las sanciones por las cárceles

El próximo año, el gobierno de Celso Jaque se ha propuesto mejorar la calidad de vida en las cárceles de Mendoza. Por este motivo, el presupuesto previsto para esa área se incrementó más de un 80% y pasó de $ 14 millones el año pasado a $ 26 millones este año.
El objetivo es que en 2010 se levanten las sanciones internacionales que pesan sobre la Provincia por las malas condiciones en que viven los presos mendocinos.

El ministro de Gobierno, Mario Adaro, estuvo el jueves defendiendo el presupuesto que tiene asignado ante los legisladores provinciales. En líneas generales, le tocaron $ 50 millones más que el año pasado (pasó de $ 150 a $ 203 millones) debido a que están incluidas las mejoras salariales que se lograron el año pasado y que ahora quedaron dentro de lo previsto para gastar el año que viene.

No obstante, una de las apuestas más fuertes que dice tener el área está relacionada con la seguridad. "La idea es incrementar los fondos en todo el servicio y para todos los establecimientos -El Borbollón (Mujeres), San Felipe (Boulogne Sur Mer), Almafuerte (Cacheuta) y San Rafael- para apuntalar el área de rehabilitación de las personas que delinquen. Para ello, además, pretenden incorporar 600 agentes penitenciarios.

La Nación y la Provincia recibieron sanciones de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la situación de las cárceles provinciales, en especial por la ubicada en la calle Boulogne Sur Mer de Ciudad.

Durante la gestión de Julio Cobos, el Gobierno se comprometió a mejorar las condiciones de detención en las penitenciarías y -a pesar de la construcción del nuevo penal de Cacheuta- no se logró que se levantaran las sanciones.

"Queremos mejorar la capacitación y los talleres de los internos aunque además de la mejora presupuestaria también se ha establecido una modalidad de ahorro para aprovechar mejor los recursos", destacó Adaro. De este modo, está prevista la incorporación de personal penitenciario -sobre todo- de docentes, médicos y psicólogos que puedan trabajar en la parte de rehabilitación de condenados y procesados.

Adaro -uno de los funcionarios que negocia con los los gremios- evitó referirse a porcentajes de posibles aumentos de salario. "Eso lo veremos después del primer trimestre para evaluar los ingresos y en torno a las paritarias específicas", advirtió el ministro que -sin embargo- admitió la idea del Ejecutivo de realizar mejoras por rubros dentro del mismo sector.

Es decir, de mejorar la situación de los que ganan menos o de las personas que desarrollan una tarea más compleja con la idea de una distribución más justa de los ingresos.

El presupuesto del año próximo no prevé incremento salarial por lo que Adaro se negó a dar otro indicador que pudiera alterar la situación con los sindicatos. En este sentido, tampoco cambió su discurso con respecto al conflicto con ATE en el área de salud.

"Queremos empezar a discutir el salario en el marco del presupuesto 2010", repitió y envió un mensaje al resto de los gremios que ya se están preparando para reclamar sus respectivos aumentos.

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