El Gobierno quiere implementar una Ley de Medios Provincial

Los encuentros se desarrollan en el Hotel Internacional Potrero de los Funes de la localidad homónima y en la jornada de este miércoles correspondió a dueños de medios gráficos.
Según la ministra de Gobierno, Justicia y Culto, Gladys Bailac de Follari, este anteproyecto que tiene como finalidad resguardar el derecho de los ciudadanos "a recibir información veraz y a escoger libremente los servicios que quieran recibir, sin que los intereses privados y los poderes públicos puedan interferir ni sustituir sus decisiones".

Hoy: canales de aire y cable

Para este jueves, desde el Ministerio de Gobierno reiteraron la invitación pública a propietarios de canales de aire y cable. La reunión comenzará a las 10:30 y se realizará en el salón La Toma.

El Anteproyecto de Ley completo:

La Constitución Nacional no ha concebido a la libertad de prensa en beneficio exclusivo de los individuos que publican sus ideas. No se agota con su ejercicio individual. Fue establecida como instrumento indispensable para consolidar las restantes libertades y permitir el desarrollo de una vida democrática integral. Como decía Velez Sarsfield el 10-05-1860 "La Libertad de imprenta, señores, puede considerarse como una ampliación del sistema representativo."

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

ARTÍCULO 1°: La Provincia de San Luis, de conformidad con las potestades derivadas de los artículos 32 y 121 de la Constitución Nacional y artículo 21 de la Constitución Provincial, garantiza en todo su territorio la Libertad de Pensamiento, Expresión, Conocimiento, Información y de Ideas como atributo esencial de toda persona. Ninguna ley ni autoridad puede restringir la libre expresión y difusión de las mismas.

ARTICULO 2°: Corresponde a la Provincia de San Luis la jurisdicción de todas las materias relativas a los servicios de difusión que comprenden: Radiodifusión, Televisión abierta, por cable, Internet, Escritos y cualquier otro que se realice dentro de sus límites territoriales.

ARTICULO 3°: Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir información veraz y a escoger libremente los servicios que quieran recibir, sin que los intereses privados y los poderes públicos puedan interferir ni sustituir sus decisiones.

El pluralismo en la comunicación es una condición esencial para el cumplimiento de la libertad de expresión, de información y de comunicación, y garantiza la libre formación de opinión pública, la diversidad y la cohesión sociales.

La prestación de servicios de comunicación debe basarse en el respeto y la protección de los principios, los valores y los derechos fundamentales que reconoce la Constitución, en especial el derecho al honor, el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen.

ARTICULO 4°: A los fines establecidos en los artículos anteriores, la Provincia de San Luis llevará un Libro Público de frecuencias del espectro radioeléctrico disponibles y otorgará, a través del Consejo Consultivo de Libertad de Expresión, la autorización pertinente a los efectos de la prestación de servicios de comunicación, con la única limitación de la efectiva disponibilidad de frecuencias.

ARTICULO 5º: Los interesados en obtener una autorización para la prestación de servicios de comunicación previstos en esta ley sólo deberán cumplir como requisitos previos y esenciales, los siguientes:

1) Indicar el director, editor o emisor responsable y su domicilio real y legal en el territorio de la Provincia de San Luis;

2) En los servicios que utilicen frecuencias del espectro radioeléctrico, asegurar el tiempo mínimo diario de doce horas de emisión, o el que establezca la reglamentación.

ARTICULO 6º: La reglamentación dispondrá los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones, respetando los principios de transparencia, igualdad y no discriminación.

ARTICULO 7°: Créase un Consejo Consultivo de Libertad de Expresión, de carácter netamente técnico, que reglamentará su funcionamiento y las normas técnicas que correspondieren, integrado por representantes de una Entidad Intermedia u Asociación de la Provincia, de una Universidad de la Provincia y del Poder Ejecutivo Provincial.

ARTICULO 8°: Son funciones del Consejo Consultivo de Libertad de Expresión:

a) Definir el espectro radioeléctrico disponible;

b) Llevar el Libro Público de frecuencias del espectro radioeléctrico disponibles, asegurando adecuada y permanente publicidad y difusión;

c) Asignar frecuencias del espectro radioeléctrico disponibles;

d) Elaborar los reglamentos de alcance general y particular;

e) Prevenir o corregir prácticas anticompetitivas o discriminatorias;

f) Dirimir los diferendos que pudieran surgir;

g) Entender y coordinar en todo trámite de autorización.

Su actuación deberá inspirarse en el respeto a los principios de libertad de expresión, derecho a la intimidad y de información veraz.

ARTICULO 9°: Las autorizaciones para la prestación de servicios de comunicación tendrán una duración indefinida mientras el autorizado cumpla con sus obligaciones administrativas, laborales y fiscales. En caso de cesión de la autorización, se requerirá la previa autorización del Consejo Consultivo de Libertad de Expresión.

ARTICULO 10°: Para la aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta las previsiones contenidas en los Tratados Internacionales de Telecomunicaciones o Radiodifusión en los que la República Argentina sea parte.

ARTICULO 11°: De forma.

FUNDAMENTOS

DE LA LEY DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO

Y DE INFORMACIÓN

El presente proyecto como voluntad política del Poder Ejecutivo Provincial reafirma la declaración y ejercicio dentro del territorio provincial de la plena libertad de pensamiento, conocimiento, información y de ideas, atributo esencial de toda persona humana, que ninguna ley ni autoridad puede restringir.

Su basamento Constitucional que impone la Jurisdicción Provincial para todos los servicios de difusión dentro del territorio de la provincia, se deriva de los Arts. 32 y 121 de la Constitución Nacional que prohíbe al Congreso Federal dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, quedando la jurisdicción reservada a las provincias y en el marco de las facultades que no han delegado en la Nación.

Por su parte el Art. 21 de nuestra Constitución Provincial establece que es inviolable el derecho de toda persona que tiene para expresar libremente sus ideas y opiniones y de difundirlas por cualquier medio, sin censura previa.

En este orden de ideas, conforme al ejercicio de la facultad no delegada lo cual ha quedado plasmado en la prohibición del Art. 32 y lo establecido en el Art. 121 de la Constitución Nacional y delimitada la competencia provincial dependiendo de la política de cada una, no pudiendo negárseles a las provincias el control de su propio sistema de comunicación tal cual expresa Humberto Quiroga Lavie - Constitución de la Nación Argentina.

Se entiende que la prohibición de imponer restricciones arbitrarias e irrazonables o de restringir lo es tanto para la Nación como para las Provincias, sin perjuicio de la competencia no delegada que estas se han reservado al constituir la Nación Argentina; por ello la presente ley tiene como parámetros el respeto irrestricto de la libertad de expresión, de pensamiento y de información, no conteniendo limitaciones arbitrarias y siendo lo suficientemente amplia garantizándose la expresión de las ideas de todos los ciudadanos.

En la sexta sesión ordinaria realizada el 1 de Mayo de 1860 y como condición para la incorporación de la Provincia de Buenos Aires se incorporo el Art. 32 mencionado y al respecto Vélez Sarsfield expuso: …"la reforma importa decir que la imprenta debe estar sujeta a las leyes del pueblo en que se use de ella. El Congreso no puede restringir la libertad. La libertad de imprenta, señores, puede considerarse como una ampliación del sistema representativo o como su expiación de los derechos que quedan al pueblo, después que a elegido sus representantes. Cuando un pueblo elige su representante no se esclaviza a ellos, no pierde el derecho de pensar o de hablar sobre sus actos; esto seria hacerlos irresponsables. El pueblo entonces con pleno conocimiento de la administración crea como siempre sucede, un medio de adelantamiento, o el medio de evitarse un mal. Hoy es sabido en el mundo que los mayores adelantamientos materiales y morales de los pueblos son debidos a la prensa, al pensamiento de los hombres que no están empleados en la administración. La soberanía es provincial"...

Para el ser humano, la libertad de pensamiento resulta insuficiente en el ámbito de su vida espiritual interna. Debido a su naturaleza social necesita, además de pensar, poder comunicar su pensamiento a otros y conocer el contenido del pensamiento de las personas con las cuales convive en el marco de las innumerables comunidades y sociedades que integra.

En la lucha eterna del hombre a través de los siglos este derecho ha sido constante para salir de las tinieblas de la ignorancia y la esclavitud bajo regímenes autocráticos que temen más a la imprenta que a la más mortífera de las armas. (Linares Quintana, Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional)

La Constitución no protege directamente a los medios de comunicación, sino a la expresión del pensamiento en forma pública y abierta que, como necesariamente debe ser canalizada a través de ellos, proyecta la tutela normativa al instrumento empleado para la transmisión del pensamiento. Y ello es el bien jurídico tutelado, la libertad de expresión. (Gregorio Badeni, Tratado de Derecho Constitucional)

La Constitución Nacional no ha concebido la libertad de prensa en beneficio exclusivo de los individuos, que publican sus ideas, no se agota con su ejercicio individual, sino que fue establecida como un instrumento indispensable para consolidar a las restantes libertades y permitir el pleno desarrollo de la vida democrática. Así por imposición de su naturaleza el hombre tiene la libertad para pensar, ese atributo no le ha sido conferido para que permanezca oculto, sino para que lo pueda exteriorizar en plenitud.

La libertad de pensamiento y la libertad de expresión, al igual que las restantes libertades del hombre, en su conjunto se proyectan, especialmente en el sistema político de la sociedad y garantizan la efectiva vigencia de las demás libertades.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo Provincial, tiene la firme voluntad de promover en todo el territorio provincial, la libertad, sin límites ni restricciones arbitrarias, para el pleno ejercicio del derecho colectivo, social y humano, de expresar el pensamiento, la ideas, de informarse, y desarrollarse en base a ellos, como un pilar fundamental de nuestra forma de Gobierno Federal, pues a la libertad la temen los gobiernos autoritarios e ineficientes.

Dicho de otro modo; en estos dos últimos periodos constitucionales de gobierno se han propiciado y sancionado numerosas leyes, tendientes a asegurar y garantizar todas las libertades individuales, tales como, de culto, religiosa, objetores de conciencia, protección de las comunidades originarias, etc., que ahora culminan en esta libertad que denominamos colectiva, social y que hace a la esencia del ser humano, pero también al control de la vida democrática y de los actos de gobierno, cuya única condición es la amplitud, el conocimiento de las ideas, la información, o como se ha instaurado la presente ley, que podemos denominar "Un Canto a la Libertad", pues como objetivo primordial es permitir el desarrollo sin trabas de todos los demás derechos constitucionales.

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