El Gobierno quiere evitar que los números de celular tengan dueño

El Gobierno quiere evitar que los números de celular tengan dueño
Un decreto del año 2000 da a los usuarios ese derecho, pero aún no fue reglamentado.
Noventa días hábiles. Ese era el plazo que tenía el Gobierno -a partir de julio pasado- para reglamentar la portabilidad de los números celulares. Esto significaba que debía garantizar que cada usuario de teléfono móvil pasara a ser dueño de su número. Sin embargo, y a pesar del aval de dos fallos de la Justicia, habrá que esperar. Es que la Administración Kirchner, a través del ministro Julio De Vido, dio la orden de apelar las sentencias y llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, frenando así todo el proceso pendiente desde el año 2000.

Los 90 días hábiles se cumplieron a principios de noviembre. Pero antes de que expirara el plazo impuesto por la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, el Gobierno apeló. Fue a finales de agosto y recién ahora el expediente llegó a la Corte Suprema.

"Es una maniobra del Estado para dilatar lo inevitable", dice Horacio Bersten, coordinador jurídico de la Asociación de Usuarios y Consumidores, la entidad que se presentó ante la Justicia en nombre de los usuarios de los más de 43 millones de líneas de celulares que hay en el país. Las entidades de consumidores tienen la facultad de iniciar acciones colectivas: está contemplada en el artículo 43 de la Constitución Nacional y también en la nueva ley de Defensa del Consumidor.

"Los usuarios somos cautivos de las empresas. Si cambiamos de prestador perdemos el número. Y eso perjudica sobre todo a los que tienen menos recursos, porque el celular es casi el único modo de comunicación que tienen", explica Bersten. "Todo el mundo va hacia la portabilidad numérica. Kenya y Etiopía la tienen. Entonces, que la Secretaría de Comunicaciones argumente que no estamos en condiciones técnicas de hacerlo es ridículo, casi absurdo".

Consultados por Clarín, desde la Secretaría de Comunicaciones remitieron al Ministerio de Planificación. Después de varios intentos, Virginia Luciana Macia Riedel, la abogada que firmó el recurso extraordinario en nombre del Gobierno, atendió a Clarín y derivó con la responsable del área jurídica, Analía Eva Vaqueiro. "Tendría que hablar con el director. El tema técnico acá no lo manejamos", dijo esta última abogada e hizo el enlace con el director, Javier Suárez Benito, quien despachó: "No es ninguna maniobra dilatoria, simplemente nosotros, como abogados del Estado, tenemos la obligación de llegar hasta la última instancia".

¿Cuánto podría demorar la Corte Suprema en resolver este tema? "En un término habitual hay que pensar en dos años", asegura Bersten. "Hemos hecho algunas presentaciones ante la Corte y nuestro intento es llevarlo a 3 o 4 meses, pero es difícil", explica.

Las empresas de celulares delegan el debate en el rol del Estado. "Es una decisión del Gobierno, no tenemos nada que ver", dijeron en Movistar, Claro y Personal. A las compañías parece cerrarle más el actual esquema de competencia que una situación en la que el usuario pueda elegir cambiar de compañía y mantener el número. "Tenemos entendido que el Gobierno está trabajando en algunos aspectos, que se están consultando expertos internacionales", agregaron en una de las compañías.

Sobre los perjuicios que podría generarle al Estado la portabilidad numérica, Bersten es categórico: "Ninguno". Enrique Carrier, experto en telecomunicaciones lo avala. "Para el Estado no hay costos. Lo que hace falta es poner en marcha una gran base de datos en la que estén todos los números vigentes asociados a los distintos operadores. Normalmente esta es una inversión que hacen los mismos operadores", cuenta.

Con la base centralizada funcionando, para que cada usuario pueda ser dueño del número de celular sólo tendría que hacer el pedido al nuevo prestador. "En algunos países el pase tiene un costo, pero suele ser bajo", dice Carrier. En determinados países europeos "es de apenas 5 euros pero en casi todo el mundo, ese costo lo asume el nuevo prestador porque le interesa captar un nuevo cliente", señala Berstein.

Comentá la nota