De su existencia y efectiva implementación dependen, por ejemplo, nuestra habilidad para conocer el destino de los fondos públicos, controlar su utilización y verificar sus resultados; la promoción de otros derechos, como el acceso a la salud o a un ambiente sano; o la posibilidad de que nuestros ciudadanos encuentren, en pie de igualdad, nuevas formas de crear valor a partir de su reutilización. Por oposición, la carencia de información nos condena a controles democráticos deficientes, a políticas públicas antojadizas y al desperdicio de un gran potencial económico, social y cultural.

En la Cámara de Diputados acaba de obtener dictamen de mayoría un proyecto que regula este derecho y que muy pronto se votará en el recinto. El valioso aporte de las ONG especializadas, sumado a la disponibilidad de una “ley modelo” aprobada por la OEA, han contribuido a lograr consensos en cuestiones altamente sensibles como la definición misma de información pública, el listado de organismos obligados a brindarla, el régimen para la clasificación de la información o la creación de una Autoridad de Aplicación para la ley. También se han logrado avances importantes como el establecimiento de principios de “transparencia activa”, o la facilitación del acceso a través de Internet.

Si el dictamen se transforma en ley, los datos públicos (ya no sólo los documentos) deberán ser accesibles en forma gratuita, completa y oportuna, y distribuidos mediante formatos y licencias que faciliten su reutilización por parte de los ciudadanos. Y deberán estar on-line.

El gobierno argentino incumple -o cumple al mínimo-, el decreto vigente que regula el acceso a la información en su ámbito. A pesar de ello, su bloque ha mostrado interés en lograr una ley de consenso.

Con los datos accesibles, la información se democratiza y el poder de los ciudadanos aumenta . Abrir el gobierno es esencial para consolidar democracias confiables, apuntalar gobiernos transparentes y legitimar los sistemas políticos.