El Gobierno Provincial analiza una modificación de la Ley Jubilatoria

El Gobierno Provincial analiza por estas horas una modificación de la Ley Jubilatoria. De hecho, de acuerdo con lo que se dio a conocer anoche a última hora a través del Boletín de Prensa, se están estudiando "diferentes alternativas y proyecciones actuariales para determinar la incidencia financiera hasta el año 2050 para la introducción de modificaciones que se transformen en una propuesta superadora del marco actual".
Esto surgió por una solicitud hecha por el gobernador Oscar Mario Jorge a las autoridades del Instituto de Seguridad Social de la provincia, hace aproximadamente tres meses atrás.

Lo único que se pudo saber anoche es que "a corto plazo y a partir de estos estudios se definirán alternativas a presentar ante las autoridades nacionales de Seguridad Social (ANSeS) con el objeto de la inclusión de dichas modificaciones en el convenio de asistencia vigente".

A fines del pasado mes de mayo, los gremios estatales publicaron una solicitada en los diarios locales titulada "La paciencia tiene un límite...". Mencionaba que "desde hace cinco años los gremios y centros de jubilados venimos reclamando la modificación de la Ley Provincial de Jubilación, sancionada a espaldas de los trabajadores como Ley de Emergencia Previsional en 1995".

Los gremios y los jubilados pidieron la "eliminación de los 95 puntos, recálculo del haber (de los últimos 10 años, el promedio de los 3 mejores)".

Los sindicatos firmantes de ese escrito fueron ATE, UTELPa, SADOP, AMET, Viales, Luz y Fuerza, SIPOS, SOEM, Judiciales y UPCN, los centros de jubilados de Santa Rosa y General Pico y la Central de Trabajadores Argentinos. El reclamo fue puntualmente a la Cámara de Diputados.

La comisión especial de gremios estatales y centros de jubilados exigió en el mes de junio una urgente reforma de la actual Ley Jubilatoria y una definición política de los bloques de diputados provinciales, ya que el anteproyecto que impulsan duerme en la Legislatura desde hace cuatro años.

El reclamo fue uno de los ejes del paro y movilización de los estatales y docentes durante una movilización a Casa de Gobierno. La comisión se formó en agosto de 2004. Desde esa fecha piden derogar la emergencia previsional que se dispuso en 1996 durante la gestión del ex gobernador Rubén Marín. A partir de ese momento, los empleados públicos pasaron a jubilarse con cinco años más y los haberes se les computan con el promedio de los sueldos de los diez años anteriores a la reforma y el número de años posteriores. Además, tienen que completar los 95 puntos.

El reclamo de los gremios estatales fue planteado en forma intermitente. Pero nunca en forma sostenida. El gremio que más insiste con la modificación de la Ley de Jubilación es UTELPa, porque obliga a los docentes a estar frente a alumnos hasta los 60 años a las mujeres y hasta los 65 a los hombres. Además, en ese reclamo los docentes tienen un frente común con AMET (los técnicos de escuelas técnicas) y SADOP.

Pero los otros gremios también padecen la Ley de Emergencia Jubilatoria con el cálculo de los haberes, en el caso de quienes se jubilan actualmente. Además, esa jubilación irá decreciendo cuando entren a jugar en los cálculos los deprimidos salarios de los años ’90.

Los gremios estatales fracasaron a la hora de plantear una de las reivindicaciones que aparecían más claras, como el plus patagónico. A pesar de la insistencia del reclamo y los argumentos políticos a favor, no lograron sumar masa crítica en torno a ese reclamo. Sin embargo, con esta nueva iniciativa, y más allá de que no se conocen detalles con precisión, parece abrirse un nuevo panorama.

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