Una de las normas que entró en vigencia a través de decretos del Ejecutivo es la que dispone la publicidad de las declaraciones patrimoniales integrales de jueces y funcionarios públicos de todos los niveles, y la otra es la que ordena la publicación de resoluciones y acordadas de la Corte Suprema y tribunales de segunda instancia.
En tanto, el decreto 574 promulga la ley 26.856, que fija la publicación íntegra de acordadas y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y Tribunales de Segunda Instancia.
Ambas leyes se suman a las otras que ya entraron están vigentes: la regulación de las medidas cautelares en causas en las que es parte el Estado o sus organismos descentralizados y la creación de tres nuevas Cámaras de Casación.
Se aguarda la promulgación la reforma del Consejo de la Magistratura, así como también se espera la sanción definitiva por parte de la Cámara de Diputados la iniciativa que busca abrir a la ciudadanía en general el acceso a cargos en el Poder Judicial.

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